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Amnistía Internacional asegura que deportaciones representan una violación a los DDHH

Christhian Colina

Christhian Colina.- “Amnistía Internacional está profundamente preocupada por las denuncias recibidas de violaciones de Derechos Humanos que se estarían produciendo en la zona fronteriza con Colombia, en el contexto de un operativo de las autoridades venezolanas para combatir la inseguridad y el contrabando en la zona”, cita un comunicado de la Organización No Gubernamental (ONG), ante las situaciones suscitadas por el Estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro en seis municipios tachirenses.

Aseguran que tras la deportación de un millar de colombianos desde territorio venezolano han recibido denuncias, donde aseguran haber sido detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sin oportunidad de impugnar su expulsión y sin tener posibilidad de recoger sus pertenencias, considerando más grave aún que hayan sido separados núcleos familiares, generando así que niños estén viviendo sin sus padres de nacionalidad colombiana en Venezuela.

“En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías”, plantean.

Ante tales presuntas violaciones de DDHH recomendaron que los procedimientos de deportación establezcan las salvaguardias previstas en los instrumentos legales venezolanos y ajustarse a las normas internacionales de la materia. “Venezuela debe asegurarse de que los casos de todas las personas cuya deportación se está considerando sean examinados individualmente mediante un procedimiento justo y transparente en el que puedan impugnar la expulsión y lograr que se revisen sus casos”.

“Venezuela está obligada a proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial entre otros, aun cuando rige un Estado de excepción (…) no deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, origen nacional, idioma, religión u origen social. Cada medida tomada bajo el Estado de excepción debe ser evaluada por su proporcionalidad frente al contexto, la intensidad, profundidad y carácter de la emergencia”, concluyen.

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