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TSJ establece que ciudadanía venezolana prevalecerá ante ostento de otra nacionalidad

Christhian Colina

Christhian Colina.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, aprobó el pasado 27 de abril de 2016 una sentencia en la que se establece con carácter vinculante, que ante el supuesto de que una persona ostente múltiples nacionalidades y una de ellas sea la venezolana, será ésta la que tenga prevalencia en todo lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la misma.

La polémica sentencia surgió luego que el 5 de marzo de 2015 las abogadas Estella Ruíz Corrales y Vasyury Vásquez Yendys, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de Isabella Magual Bravo, quien a su vez es “representante legal” de una niña de dos años, solicitaran un recurso de amparo constitucional contra la decisión dictada el 10 de febrero de 2015 por el Tribunal Superior 4º del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que anuló una autorización judicial previa a Magual para que tramitara el pasaporte de la infante ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime),

La niña nació en Estados Unidos el 3 de enero de 2012, hija de Magual (nacida en Venezuela) y Francois Daniel Guerin (francés de nacimiento pero también ostenta la nacionalidad venezolana).

La situación se complicó cuando el padre pidió ante un tribunal de la República que anulara la autorización expedida por otro tribunal a la madre para que tramitara el pasaporte de la infante ante el Saime. El tribunal le dio la razón y anuló la autorización, medida por la que el TSJ admitió el recurso de amparo y restituyó el derecho de la niña a obtener su documento de identificación venezolano.

El juzgado hoy accionado (…) ha violentado el derecho que tiene la niña a la nacionalidad venezolana, a poner en tela de juicio ésta, y al supeditar el derecho humano y constitucional que le asiste de obtener sus documentos públicos de identidad, en este caso su pasaporte, a un supuesto proceso de medida de protección, cuando lo propio era resguardar el derecho de rango constitucional, vinculado a los Derechos Humanos”, señala el fallo del máximo tribunal del país.

Puede leer la sentencia íntegra aquí.

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