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¡Demandas rentables! Regreso de Gold Reserve destapa fraude con arbitrajes de inversión

By Jose G Martinez

José Gregorio Martínez.- Lo que en un principio no pasaba de ser otra batalla perdida en el ámbito internacional ha terminado desnudando un millonario fraude a la Nación. Roberto Hernández Mirabal Acosta, ministro de Desarrollo Minero Ecológico, quien además se desempeña como consultor jurídico del CNE, y Elías Eljuri, embajador ante la FAO y expresidente del INE, aparecen vinculados con la minera canadiense Gold Reserve, a la que el Gobierno le revocó la concesión para la explotación de oro en 2009 y ésta logró un fallo a su favor que obligaba a Venezuela a pagarle una indemnización de 750 millones de dólares.

Mediante litigios resueltos en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) Venezuela ha sido condenada a pagar 590 millones de dólares a Exxon Mobil, 1.200 millones a Rusoro, 455 millones a Owens Illinois, 46,4 millones a Tidewater y en mayo de este año el Gobierno apeló el fallo del Ciado que favorece a ConocoPhillips, que pretende una indemnización por más de 30.000 millones de dólares.

Sin embargo, el caso de Gold Reserve levantó las sospechas de que algo irregular estaba ocurriendo cuando el Gobierno volvió a otorgarle la concesión para operar en el país a la empresa que le ganó una demanda al Estado venezolano y éste pagó una suma muy superior a la impuesta por el tribunal. Y es que no conforme con la indemnización por 750 millones de dólares por la mina Las Brisas, el Gobierno sumó a la deuda 3.160 millones en indemnización a Cristallex por retirarle la concesión sobre la mina Las Cristinas para cedérsela a Gold Reserve, que con los honorario de 12 millones de dólares pagados a los abogados el monto total cancelado por Venezuela llega a 3.922 millones de dólares.

La pieza fundamental en este rompecabezas es la firma de abogados Norton Rose Fulbright, la cual no solo funge como representante legal de Gold Reserve sino que además ha estado detrás de casi todas las demandas contra Venezuela, ya que le ha resultado ser un negocio muy rentable. Las irregularidades comienzan con el hecho de que uno de los socios principales de Norton Rose Fulbright, James Coleman, es el presidente de Gold Reserve.

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Según el perfil de Coleman publicado en la página web de Gold Reserve, actualmente es socio y fue director del bufete de abogados Macleod Dixon, cuya oficina principal se encuentra en Calgary, Canadá, pero tiene dos oficinas en Latinoamérica: Macleod Dixon, SC en Venezuela; y Macleod Dixon, SAS en Colombia.

Norton Rose Fulbright publicó el 4 de octubre de 2011 la noticia de que a partir del 1 de enero de 2012 Macleod Dixon se le unía a su grupo, y quien aparecía ofreciendo declaraciones en nombre de Macleod Dixon como socia internacional era Emira Elisabeth Eljuri Ramírez, hija de Elías Eljuri, quien se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), y quien fue designado el año pasado por el presidente Nicolás Maduro como embajador extraordinario ante la FAO. En el artículo publicado por Orlando Gutiérrez en Aporrea el 9 de febrero de 2016, se señala a Elías Eljuri de estar incurso en facilitación de evasión fiscal a petroleras extranjeras a través de Macleod Dixon.

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Otro hombre clave es el del funcionario canadiense Yves Fortier, quien luego de más de 50 años como árbitro, en 2011 abandonó su cargo en el bufete Ogilvy Renault, cuando éste se fusionó con Norton Rose Fulbright, alegando un posible conflicto de interés. Sin embargo, el año pasado aparecía como socio mayoritario de Norton Rose Fulbright y actualmente participa en el panel de arbitraje de ConocoPhillips contra Venezuela por 30.000 millones de dólares, el segundo caso más grande en cuanto a cantidad reclamada por el inversor.

El caso de Gold Reserve destapa una red de estafas multimillonarias mediante arbitrajes de inversión, con la particularidad de que en Venezuela dichos fraudes han sido posibles gracias a la participación de altos funcionarios del Gobierno. Además de Elías Eljuri, también sale a relucir el nombre de Roberto Ignacio Mirabal Acosta, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, y quien además se desempeña como consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, el asesor legal del ente que impide la realización de un referendo revocatorio este año está implicado en una millonaria estafa a la Nación que además constituye un crimen ecológico.

Roberto Mirabal es además gestor de Gold Reserve, pues ha visitado empresas en Estados Unidos junto con José Ignacio Moreno, representante de Gold Reserve en Venezuela, ofreciendo solucionar litigios. En sus manos está la licencia otorgada a Gold Reserve para la explotación a cielo abierto en el Arco Minero, lo cual había sido prohibido por la exministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio, por causar una degradación ambiental irreversible.

Una investigación publicada el 12 de marzo de 2013 en el Corporate Europe Observatory revela la existencia de un grupo de firmas de abogados que incita a las multinacionales a demandar a los Estados, garantizándoles que cuentan con un grupo de árbitros con los que siempre saldrán favorecidas, generando de esta manera miles de millones de dólares, y entre las 20 firmas especializadas en arbitrajes con más casos se encuentra Norton Rose Fulbright.

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