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Denuncian abusos contra venezolanos que buscan refugio en Estados Unidos

Christhian Colina

Diario de las Américas.- Los venezolanos que están abandonando en masa el infierno en que se ha convertido su país por cuenta del chavismo, y de las políticas desacertadas del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, no estarían encontrando precisamente un paraíso en Estados Unidos.

Al menos ese es el criterio de Helene Villalonga, presidenta de la Asociación de Mujeres y Madres Venezolanas en el Exterior, quien denunció que durante el último trimestre los controles para el ingreso de nacionales de su país a Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) “están siendo mucho más estrictos”.

Pero no solo encuentran controles más estrictos, como lo afirma con voz recia la activista por los derechos humanos de los venezolanos en el sur de la Florida. Según ella, oficiales de Inmigración “están sometiendo a tratos indignos e incluso a vejámenes, a muchas de las personas que están llegando de Venezuela“.

Si bien no hay testigos de lo que denuncia Villalonga, y ella misma lo reconoce, “porque un interrogatorio se produce habitualmente entre un oficial y la persona o la familia que intenta ingresar al país”, sus palabras disparan las alarmas de un fenómeno que no solo se estaría evidenciando en el MIA, según lo dijo, sino también en terminales aéreas como el de Barajas, en España. “Sobre todo las mujeres están siendo víctimas de una presión muy fuerte, y no solo han sido maltratadas de palabras, sino que incluso algunas han sentido que las has querido coaccionar o pedirles sus números de teléfono, no se sabe con qué intenciones”, aseguró.

Acorde con Villalonga, una nueva modalidad que estarían aplicando algunos oficiales de Inmigración es despojar a la persona de su teléfono celular, tableta o computadora portátil. Acto seguido, “se llevan estos artículos electrónicos a otra oficina, luego regresan con una lista, que ellos supuestamente han extraído de esos artefactos, y utilizan esa información para presionar a la persona.

En algunos casos dicen que han tenido acceso a la cuenta de WhatsApp de la persona, le indican que saben que alguien la va a recibir, que otro le va a dar un trabajo, que otro le va a tramitar un asilo político, pero lo que ese oficial necesita es que lo diga la persona de su propia boca para tener una evidencia sólida que le permita decidir si niega o acepta el ingreso al país de quien está tratando de entrar”, sostuvo.

“La nevera”

Dentro del rosario de quejas de la activista venezolana resalta otro aspecto que podría dejar “helado” al lector. Conforme a su testimonio, en el MIA existe una oficina que popularmente se conocería como “la nevera” por las bajas temperaturas que el termómetro marca en ese lugar. “Tenemos en nuestra organización el caso de una mujer que con siete meses de embarazo vino de Venezuela a abastecerse para la llegada de su hijo y terminó detenida en el cuarto que muchos llaman ‘la nevera’, porque hasta eso forma parte de las presiones a las que están sometiendo a los venezolanos y quizá también a personas de otras nacionalidades”, señaló.

Acorde con su descripción, esa es una oficina o cuarto herméticamente sellado, sin ventanas hacia el exterior, donde interrogan a las personas “bajo presión y encima con un frío polar”. Agregó que “a esa mujer embarazada llegaron a tocarle la barriga para ver si realmente era un embarazo. También la presionaron y le hablaron grosero. Ella nos dijo después que la persona que la sometió a ese trato tan fuerte es un cubanoamericano; ella tiene su nombre”.

La activista se refirió a una iglesia, en donde un proceso de asilo político podría terminar alcanzando un costo de hasta 9.000 dólares o más. “Eso me pasó a mí y esa es mi mayor prueba”, subrayó Villalonga. Finalmente manifestó que “muchos venezolanos recurren a esa iglesia donde hacen los trámites de inmigración, y donde yo terminé pagando 8.500 dólares, en siete años de proceso. Allí te cobran 40 dólares por una charla que es gratuita en cualquier parte. Por una foto debes pagar 40 dólares, cuando esa misma foto vale 13 dólares en cualquier farmacia. “Para recuperar la copia del expediente debes pagar 300 dólares”.

Puede leer la publicación original del Diario de las América aquí.

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