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Narcosobrinos continuarán con abogados pese a advertencia de “conflicto de intereses”

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Saimar De Santis.- Los sobrinos de la primera combatiente Cilia Flores que están detenidos acusados de narcotráfico en Nueva York, se presentaron este jueves ante un tribunal en el que les explicaron que podría existir un “conflicto de intereses” en su caso pues los abogados que los defienden son pagados por una tercera persona.

Según información difundida por la agencia EFE, en la audiencia se conoció que los abogados Randall Jackson y John Zach, de la firma Boies, Schiller & Flexner, que defienden a Efraín Antonio Campo Flores, y David Rody y Michael Mann, de la firma Sidley Austin, que representan a Francisco Flores de Freitas, están siendo pagados por una persona que no ha sido identificada, lo que puede generar una “indeseada influencia externa” en el caso.

La periodista Lourdes Ubieta, de Actualidad Radio, señaló que los abogados que defienden a los “narcosobrinos” cobrarán por honorarios $1.2 millones si hay arreglo, y más de $2 millones si van a juicio.

Tras las explicaciones, el juez procedió a interrogar a Campo Flores y Flores de Freitas para conocer si comprendían realmente las implicaciones y si aceptaban seguir de todas formas bajo esta situación. Les pidió que explicaran qué habían entendido de lo que se les explicó, lo que hicieron a través del intérprete.

Por separado, ambos respondieron afirmativamente a las preguntas del magistrado de que entendían los riesgos y rechazaron después la posibilidad de consultar a otro abogado, o incluso tomarse más tiempo para pensarlo. “Sí, lo entiendo” y “Sí, lo acepto” se escuchó repetidamente en la corte durante el interrogatorio en el que fueron advertidos de que, de aceptar que todo permanezca igual, si son hallados culpables no pueden apelar la sentencia basados en el argumento de la defensa.

Tanto a los acusados como a los abogados se les preguntó si habían discutido previamente lo del posible conflicto, contestando afirmativamente.

Finalizado el interrogatorio, la fiscalía propuso un calendario tentativo para continuar con el proceso legal, de tal manera que todas las pruebas estén presentadas antes del 1 de julio, la respuesta de los abogados antes del 5 de agosto y que el juicio arranque formalmente el 7 de noviembre. Las fechas tienen que ser ratificadas en última instancia por el juez.

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