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“El que no la debe, no la teme”: AN investiga financiación de Hugo Chávez a Podemos

Christhian Colina

El País.- La Asamblea de Venezuela pide la colaboración de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge, entre otros, para aclarar si Podemos se financió con dinero del Gobierno de Hugo Chávez, y ya ha abierto oficialmente una investigación. Podemos siempre ha negado que el Ejecutivo venezolano le financiara. Sin embargo, Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría, quiere saber si los 7,16 millones de euros que presuntamente recibió el Centro de Estudios Políticos y Sociales entre 2003 y 2011, vinculado a los tres españoles, sirvieron luego para impulsar al partido, que nació en 2014.

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“En Venezuela hay un dicho: el que no la debe, no la teme”, dice Guevara en conversación telefónica. “No debería haber problema en que colaboraran”, sigue. “Nos hemos comunicado con actores del Gobierno venezolano que en ese momento estuvieron involucrados, e hicimos un análisis sobre si el tipo de tareas que se pidieron a esa fundación se corresponden con la cantidad de dinero, y salió que no, que es un monto exorbitante”, añade el diputado, que reconoce que también se ha basado en recortes de la prensa española para iniciar la investigación. “Contando con esos elementos, abrimos formalmente esta investigación, como institución, y procedemos formalmente a solicitar los documentos oficiales a las autoridades venezolanas, a las españolas, y por supuesto a la gente de Podemos, que deberían ser los principales interesados en aclarar si en efecto ese dinero fue utilizado para financiamiento político, o no”.

Guevara invita a los dirigentes de Podemos a que acudan a Caracas para dar su versión. El Gobierno venezolano contrató a CEPS para que desarrollara labores de asesoría, formación y apoyo técnico en distintas instituciones gubernamentales, según los documentos de la Asamblea.

Los integrantes de esta fundación siempre han defendido que trabajaron para Venezuela como lo habrían hecho para cualquier otro país que hubiera requerido sus servicios. Sin embargo, los representantes de la Asamblea, donde domina la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, creen que se les pagó con “un monto desmesurado sobre los fondos de la nación”, que, además, “contribuiría a la extrema crisis desencadenada en materia social, económica y de salud” en Venezuela. Junto al oficio, se remite una copia del escrito en el que se señala a los funcionarios y particulares considerados de interés para los investigadores: Rafael Isea (ministro de Finanzas del momento), Iglesias, Monedero, Verstrynge, Íñigo Errejón y Luis Alegre. También se concreta el patrimonio público que podría verse afectado (7.168.090 euros), “así como una serie de elementos probatorios que respaldan el inicio de este procedimiento”.

El caso se basa en el pago realizado por concepto de “asesorías, apoyo técnico y programas de formación impartidos al Gobierno y sus ministerios”, por la cantidad de 7.168.090 euros a CEPS. Otro de los documentos a los que ha tenido acceso este diario recalca también que la citada fundación “mantiene vínculos estrechos” con Podemos, “vínculos que, de demostrarse, involucrarían el financiamiento al partido en cuestión, supuesto que comprendería la comisión de hechos antijurídicos en el marco de la legislación de España, y por ende contrataciones irregulares del Estado venezolano, aunado a la exorbitante cantidad de dinero invertidas para tal fin”.

Guevara también destaca en su escrito sobre la supuesta financiación del Ejecutivo de su país a Podemos que se planteó, “con el fin de reforzar las afinidades políticas hacia el Gobierno Bolivariano, la invitación a entrevistas y presentaciones en canales del Estado” —entre los que destaca VTV y Telesur— a “personajes íntimamente ligados con el CEPS como lo son Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y Jorge Verstrynge”. A los tres se les califica como “aliados naturales de la mal llamada revolución bolivariana”.

Así concluye el documento: “En Venezuela no es antijurídico contratar con asesores políticos, pero las sumas contratadas llaman potencialmente la atención y más cuando se ve el tipo de servicio por el cual se está realizado el pago, aunado a que al demostrar el vínculo entre la fundación CEPS y el partido político de Podemos la contratación si sería ilegal frente al Estado español”, subraya el informe de la Comisión Permanente de Contraloría.

Puede leer la nota íntegra de El País de España aquí.

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