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“Es la primera solución”: AN aprueba por unanimidad ley que regula telefonía en las cárceles

Christhian Colina

El Cooperante.- La Asamblea Nacional aprobó  y sancionó por unanimidad este martes la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular e Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios.

La diputada Delsa Solórzano (UNT/Miranda), afirmó que la comisión mixta se reunió con representantes de compañías telefónicas y realizó consulta pública en el país en las que fue aprobada la norma. Aseguró que “esta es la primera solución que traemos a la seguridad ciudadana” y celebró que el trabajo haya sido conjunto entre parlamentarios de oficialismo y de oposición.

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Gracias la experiencia de otros países donde se han aplicado leyes como esta, la reducción de este tipo de crímenes es impresionante de manera que estamos poniendo con este proyecto de ley un granito de arena a la seguridad ciudadana de nuestra gente”, acotó la diputada.

Por el oficialismo, Juan Marín (PSUV/Guárico) apuntó que la ministra Iris Valera ha establecido acuerdos de transferencia tecnológica para adelantar lo que se pretende concretar con este instrumento legal. “El 68% de establecimientos penitenciarios, cuenta con la instalación de equipos tecnológicos para operar en tres meses y que van a permitir regular las comunicaciones”, planteó.

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Marín, quien fue miembro de la comisión mixta refirió que la aprobación de este proyecto de ley es una muy buena noticia para el país. “Acompañamos esta propuesta porque va a permitir especificar algunos elementos que ya se han estado trabajando”. Por su parte, Richard Blanco (ABP/Caracas), indicó que “hemos podido determinar que grupos organizados en los centros penitenciarios están trabajando con funcionarios y la Guardia Nacional (…) hurtos y secuestros son planificados desde establecimientos penitenciarios”.

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La primera discusión de esta norma se dio el pasado 8 de marzo y había sido aprobado el proyecto también por unanimidad. La norma cuenta con 13 artículos y la Junta directiva del Poder Legislativo ordenó su envío al Ejecutivo para su futura promulgación.

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