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Maduro pide al TSJ pronunciarse por leyes aprobadas por AN: “Hay dudas de su validez”

Christhian Colina

El Cooperante.- Este viernes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió un comunicación suscrita por el presidente Nicolás Maduro, en donde pide el control previo de constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado en actividades de exploración y explotación del oro, que fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 9 de agosto.

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En la misiva, el primer mandatario nacional hizo referencia a “la existencia de serias dudas de la validez y eficacia del acto de sanción” de la referida ley por la Asamblea Nacional, en virtud de lo establecido por el TSJ mediante la decisión N° 108 del 1° de agosto de 2016, en la que declaró al Poder Legislativo en desacato por “la violación flagrante del Orden Público Constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos”.

Durante el debate parlamentario, el diputado Asdrúbal Chávez (Psuv/Barinas), indicó que la sesión ordinaria tenía carácter inconstitucional. “Queremos dejar constancia de que esta sesión es inconstitucional por el desacato al Tribunal Suprema de Justicia, esto es completamente nulo. (…) Es bueno que el pueblo entienda que esto es un intento de poner barreras al desarrollo nacional, (…) acá con esta ley que no va a tener ninguna legalidad lo que pretende es poner a las empresas a venir a pagar peaje aquí en la Asamblea Nacional”, dijo.

Reclamo que fue respondido por el segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla, quien aclaró que la Constitución nacional “dice que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, (…) el 125 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. (…) La AN está dando cumplimiento a los derechos establecidos en la Constitución, quienes están incumpliendo son otros”.

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