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¡Justicia roja! TSJ declara constitucional el Estado de Excepción decretado por Maduro

Christhian Colina

El Cooperante.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia conjunta de todos sus magistrados otorgó la constitucionalidad del Decreto N° 2.323, mediante el cual el presidente Nicolás Maduro decretó el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, “dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional”, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016.

En la sentencia N° 411 del 19 de mayo, el máximo juzgado del país consideró que la medida declarativa del Estado de excepción, “obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones, expresión directa del Poder Público, que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país”, siendo ineludible para el restablecimiento de las actividades económicas en el ámbito nacional, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección económica, social y de seguridad de la nación, por parte del Estado.

Señalan en una nota de prensa que la Sala Constitucional verificó que el decreto cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución Nacional, en tratados internacionales sobre Derechos Humanos válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, por ello se pronunció afirmativamente respecto de su constitucionalidad, ya que cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales.

Asimismo, destaca la decisión, que la Asamblea Nacional nuevamente contrarió la norma prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, “configurando su silencio y ulterior actuación intempestiva y jurídicamente defectuosa, una aquiescencia con el decreto”, por ello, “le fue forzoso declarar que se vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 Constitucional (…) y que el órgano legislativo por imperativo de ley convalidó el decreto, determinando que se encontraba viciado de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por el Poder Legislativo Nacional, el 17 de mayo de 2016”.

Por último, destacó la Sala Constitucional que el decreto dictado por Maduro “entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental”.

Puede leer la sentencia aquí.

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