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Hermana de Danilo Anderson declara inconstitucional Ley de Propiedad de la Misión Vivienda

El Cooperante

El Cooperante.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inscontitucional la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela aprobada en el Parlamento el pasado 13 de abril. Atendió la solicitud del presidente de la República, Nicolás Maduro.

El fallo tuvo como ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, hermana del difunto fiscal Danilo Anderson. Ella fue electa como titular del TSJ en la polémica elección del 23 de diciembre de 2015.

Indica que faltó “el estudio de impacto económico y de consulta pública”.

“El Presidente de la República indicó que la Ley precedentemente transcrita no consideró para la aprobación en primera y segunda discusión, ninguna medición de impacto socio-económico, a la luz de los cambios legislativos en materia de viviendas adjudicadas por el Estado para satisfacer el derecho constitucional a una vivienda digna, lo cual resulta fundamental para la efectividad y viabilidad de las actuaciones gubernamentales en beneficio del colectivo, materializadas en inversiones en materia social, requiriéndose para ello un estudio minucioso cuando se pretenda modificar legislativamente materias sobre derechos protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

EEUU, el mal ejemplo

La Sala Constitucional alega que “no se acompañó a la Ley sancionada ninguna ponderación en cuanto a cómo afectaría al sistema público de construcción de viviendas, al establecer métodos de cálculo distintos para las adquisiciones de inmuebles con el objeto de destinarlos a tal fin, o cómo repercute en la administración financiera del Estado la condonación generalizada de las deudas de los beneficiarios, o qué impacto tendría en la economía el libre ingreso de las unidades habitacionales a través de la venta de las mismas o de la posibilidad de que sean incorporadas a la especulación financiera a través del mercado secundario de títulos hipotecarios, cuyo crecimiento descontrolado fue una de las principales causas de la crisis económica producida en el año 2008 en Estados Unidos de América con repercusiones mundiales”.

La Sala Constitucional subrayó que acata el artículo 214 que le da la potestad a Maduro de pedir la revisión de una normativa.

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