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¿Miedo? En Venezuela no existe transparencia en información pública, denuncia la SIP

Christhian Colina

Efe.- El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, llamó este martes a implantar una cultura de apertura y transparencia en la información pública que conduzca a unas sociedades más democráticas.

En un mensaje con motivo del Día de la Libertad de Prensa, Manigault, del diario Post and Courier de Charleston, señaló las luces y sombras que presenta el continente en materia de acceso a la información pública, un tema que, al igual que la violencia contra los periodistas, es “muy relevante”.

“Lamentablemente en muchos países, tanto en los que cuentan con leyes que garanticen ese acceso como los que no tienen, continúa habiendo restricciones a ese derecho fundamental“, subrayó el presidente de la SIP, organización con sede en Miami, Florida. Manigault mencionó que en Venezuela, Argentina, Barbados, Bolivia y Costa Rica no existe legislación respecto al acceso a la información de los organismos estatales.

Como avances mencionó que en Argentina el Congreso está debatiendo un proyecto de ley sobre el particular y que Paraguay ya tiene su ley desde 2014. En cuanto a los retrocesos consideró que “el más notorio” es que la nueva ley de comunicaciones de Ecuador echa por tierra los beneficios de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Algo similar ocurre, según Manigault, en Nicaragua, donde el Gobierno “ignora por completo” las obligaciones derivadas de una ley sobre el tema que está en vigor desde 2008, aunque no se aplica. En Honduras y Puerto Rico, con la excusa de que la seguridad prima sobre la entrega de información, los ciudadanos se topan con más obstáculos para conocer las acciones públicas.

En Estados Unidos, aunque la ley de acceso a la información data de 1966, el Gobierno sigue clasificando información de interés público por razones de seguridad nacional, señaló. Manigault recordó que la SIP siempre ha defendido que la calidad de las leyes de acceso a la información pública depende de que no haya obstáculos para reclamar esa información y que es necesario que existan sanciones específicas contra los funcionarios que omiten, manipulan o no brindan información al público.

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