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MP toma la “calle del medio” y se desmarca de persecuciones del régimen de Maduro

Milagros Boyer

El Cooperante.- Recientemente el país ha observado cómo el Ministerio Público y su principal representante, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se han separado de la línea de represión que lleva a cabo el Gobierno de Maduro con la ola de detenciones contra dirigentes opositores, así como han rechazado la serie de irregularidades presentadas con ciertos casos que han causado polémica en el país.

Como se recordará, desde hace varias semanas el presidente Nicolás Maduro ha sostenido una serie de vehementes afirmaciones, en las cuales indica que ha desmontado supuestos “planes de la oposición” para derrotarlo, a través de un golpe de Estado y añadió que “tenemos que ganarles”.

Ante esta suerte de orden encriptada a los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, no se ha hecho esperar una respuesta por parte de la Guardia Nacional, el Sebín y la Policía Bolivariana, organismos encargados de detener opositores al margen de la ley, generando así un fuerte rechazo tanto a nivel nacional como internacional, por la naturaleza de sus procedimientos.

Sin embargo, la fiscalía se ha mantenido por la “calle del medio” en lo que respecta a una serie de casos que a todas luces se vislumbran como hechos políticos.

Un ejemplo que también llamó la atención de la vocera del poder moral es el de Yonny Bolívar, presunto responsable de la muerte de la intérprete de señas Adriana Urquiola, quien se encuentra detenido en el centro de reclusión Fénix en el estado Lara y sobre quien hubo un seguimiento por parte del MP que fue cuarteado a su vez por funcionarios de esta cárcel.

Al respecto, Ortega Díaz dio a conocer que el pasado 19 de julio un fiscal acudió a dicho centro, tras una serie de inconvenientes que se suscitaron el 15 de julio, para constatar que efectivamente Bolívar estuviese en su celda. Al intentar hacerlo para realizar una inspección de manera sorpresiva no le fue permitido el acceso, aun cuando la Constitución de la República establece como obligación del MP verificar las condiciones de reclusión de los privados de libertad.

Esta objeción al cumplimiento de las funciones de la justicia no pasó desapercibida ante Ortega Díaz, quien dijo que esto era una obligación que debía cumplirse como estaba estipulado en la Carta Magna.

Anterior a este hecho, estuvo el caso de Leopoldo López, quien se encuentra detenido en Ramo Verde, y para quien solicitó que se le permitiera su derecho a sufragar el pasado 6 de diciembre.

El diálogo como método de encuentro entre Gobierno y oposición

A su vez, el diputado Germán Ferrer, electo por el Gran Polo Patriótico en el estado Lara, ha sido uno de los voceros del Gobierno que ha buscado tomar la línea del diálogo entre estas dos facciones.

En sus múltiples alocuciones, el parlamentario ha dicho que: “No todos los de un lado son buenos, ni todos los del otro son malos (Gobierno y oposición). Hay personas que en ambos extremos estamos conscientes de la necesidad de avanzar en la solución de los problemas del país (…) Es necesario que el Gobierno y la oposición logren un diálogo de paz”.

Sobre el tema de la protesta y las manifestaciones que a juicio de muchos personeros del Gobierno ha sido una de las trabas en el proceso de diálogo, se recuerda que el Artículo 68 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la Ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Entre tanto, el artículo 166 del Código Penal sanciona con penas privativas de libertad, agravadas en el caso de funcionarios públicos, a: “Cualquiera que, por medio de violencias, amenazas o tumultos, impida o paralice, total o parcialmente, el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, siempre que el hecho no esté previsto por una disposición especial de la ley, será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de quince días a quince meses.Si el culpable es un funcionario público y ha cometido el delito con abuso de sus funciones, el arresto será de seis a treinta meses”.

Sin duda alguna, las recientes actuaciones del Gobierno Nacional rompen el celofán y dejan en tela de juicio el papel que realmente deben desempeñar los organismos del Estado. Lo que lleva a recordar la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuando Pedro Estrada ordena a la Seguridad Nacional represar a los políticos y opositores de la época.

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