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#OpiniónEC: ¿Venezuela vive una dictadura?, por Alejandra Martínez Cánchica

El Cooperante

Alejandra Martínez Cánchica.- Si bien para muchos el título de esta nota no debería aparecer entre interrogantes, se hace necesaria una aclaración de la categoría para determinar la naturaleza del gobierno venezolano.

La palabra dictadura ha pasado por un sinfín de significados a lo largo de milenios. En su acepción clásica, durante la Roma antigua, la dictadura era una magistratura extraordinaria para hacer frente a situaciones de emergencia. Sin embargo, en el siglo XIX, con la progresiva evaporación de las monarquías occidentales y la aparición de las repúblicas, se retoma el vocablo para designar la degeneración del sistema republicano. Es decir, la acepción moderna de dictadura aduce a una forma de Estado y de gobierno que de modo no excepcional sino permanente, desconoce la división de poderes. O al menos así debe entenderse hoy.

De tal suerte, haciendo una proyección a nuestro presente, en la Venezuela de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia autoriza al presidente para que gobierne mediante decreto, usurpando funciones inherentes al Poder Legislativo, lo que deja en evidencia que dichas sentencias no son más que la justificación de las decisiones políticas de Miraflores, revestidas de interpretaciones jurídicas.

Esto no es nuevo, ya que en quince años de existencia de la Asamblea Nacional, cuando el oficialismo ostentaba la mayoría parlamentaria, era habitual que se le adjudicaran poderes especiales al presidente mediante leyes habilitantes.

En ese sentido, ¿por qué sectores dentro de la propia oposición no admiten sin resquemores la naturaleza del régimen chavista? Para estos individuos, en Venezuela no hay una dictadura absoluta. Sobre esto, es cierto que existen espacios democráticos y dictatoriales que conviven dentro del propio Estado venezolano (me refiero a algunas gobernaciones y alcaldías opositoras y al propio Poder Legislativo), pero en modo alguno eso desconoce la naturaleza dictatorial del chavismo.

Por esta razón ha sido de suma importancia el acuerdo del 10 de mayo de la Asamblea Nacional en el que se denunció “la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela”; así como la incorporación de los tres diputados de Amazonas y la designación del Comité Preliminar de Postulaciones para escogencia de nuevos rectores del CNE. Son la única forma de desenmascarar al régimen madurista como lo que es: una dictadura.

Preocupan sobremanera las últimas declaraciones de Nicolás Maduro que en tono amenazante sugieren que “Erdogan va a quedar como ‘un niño de pecho’” en comparación a lo que él haría si la revolución peligrara. Es decir, esta es una dictadura que no sólo está dispuesta a mantenerse en el poder por medios políticos y jurídicos, sino también a fuego y sangre.

Más allá de que la Asamblea Nacional sea en estos momentos un importante enclave democrático de la nación y la máxima depositaria de la soberanía popular, se hace imprescindible que se instaure de nuevo la división de poderes en Venezuela mediante la subordinación al Estado de Derecho del resto de los Poderes Públicos. Pero no sólo los Poderes Públicos, también la Fuerza Armada, pero eso será un tema para futuras entregas.

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