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Revelan negociaciones turbias en Nicaragua y El Salvador con petrodólares venezolanos

Christhian Colina

El Cooperante.- Una de las estrategias geopolíticas más exitosas de la Venezuela comandada por Hugo Chávez fue el intercambio de petróleo por insumos de distinta índole para el país. Esta fórmula además le significó ganar importantes aliados políticos, y a los países que recibían el hidrocarburo, disponer de este preciado bien a precios muy favorables o créditos de muy bajo interés. Fueron negociaciones que se hicieron de Estado a Estado, pues los réditos de esta iniciativa que “nacía desde la solidaridad” deberían beneficiar tanto a los venezolanos como a los países receptores, en especial países en Centroamérica.

Sin embargo, documentos obtenidos por el medio nicaragüense Confidencial y los salvadoreños El Faro y El Mundo, demuestran que los cuantiosos desembolsos a dichos países a través de la llamada cooperación energética se han traducido en jugosos negocios que abultan el bolsillo de unos pocos y que incluyen intrincados esquemas de empresas, favores gubernamentales, paraísos fiscales y posibles casos de corrupción. Estas revelaciones fueron publicadas gracias a un acuerdo para redifusión de contenidos con la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas.

En Nicaragua, a los periodistas de Confidencial les llegó una filtración con documentos de la Gerencia de Contabilidad y la Dirección de Proyectos de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), la empresa clave en el intercambio de ayudas en ese país. En ellos se confirma cómo los cuantiosos recursos terminan dispersándose en múltiples proyectos liderados por allegados al presidente Daniel Ortega. Son proyectos que, según el análisis hecho por este medio, no obedecen a ninguna racionalidad financiera, y de los que no existe información de ganancias, reportes de cuentas o retorno en inversión social para los nicaragüenses.

Los fondos, según el reporte periodístico, terminaron como “incubadora de negocios de la familia presidencial”. La investigación halló evaluaciones de más de medio centenar de emprendimientos en actividades tan disímiles como canales de televisión, emisoras de radio, hoteles, redes de gasolineras, fincas ganaderas, empresas constructoras, de informática y de alquiler de maquinaria de construcción, un banco y talleres de mantenimiento de autos Lada.

La mezcla de petrodólares y política en Centroamérica tiene en El Salvador otro sonoro caso. Allí los cientos de millones de dólares de la cooperación llegaron a Alba Petróleos, una empresa mixta de la que participan un grupo de municipios bajo el mando de líderes políticos afines al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Pero las revelaciones periodísticas demuestran que los fondos de estas empresas se han destinado a cuantiosos préstamos a múltiples compañías privadas, como señala el equipo de investigación de El Mundo. No está claro qué garantías se han ofrecido, ni quiénes son los dueños en la mayor parte de esos casos. Incluso cientos de millones terminaron en empresas off-shore.

El portal El Faro, por ejemplo, detalla la forma en que 18 alcaldías del FMLN pusieron su dinero en Alba Petróleos; Venezuela puso el combustible en esa empresa; pero Alba Petróleos no ha repartido utilidades a las alcaldías sino que ha destinado sus ingresos a hacer préstamos a empresas, dirigidas por socios y abogados relacionados con José Luis Merino, alto dirigente del FMLN. Además, por tratarse de empresas privadas, el dinero que entra a sus cuentas bancarias ya no puede ser fiscalizado por la Corte de Cuentas.

El Faro también revela cómo tres alcaldes del FMLN, directivos en ese momento de Alba Petróleos de El Salvador, viajaron a Panamá para ser nombrados directivos de una compañía bautizada Apes Inc.

La sociedad se creó para “llevar a cabo cualesquiera negocios lícitos”. Esos primeros directivos de Apes Inc fueron: como presidente, Carlos Alberto García Ruiz, exalcalde de Soyapango y actual diputado del FMLN, conocido popularmente como “El diablito” Ruiz; como vicepresidente, Francisco Humberto Castaneda Monterrosa, exalcalde de San Sebastián Salitrillo y actual viceministro de Educación; y como tesorero, Miguel Ángel Hernández Ventura, exalcalde de San Pedro Perulapán.

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