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Toma y dame de designaciones anuladas y constitucionalidad, por Manuel Rojas Pérez

El Cooperante

Manuel Rojas Pérez (@rojasperezm). – La semana pasada la Asamblea Nacional (AN), de manera constitucional, utilizó su potestad pública y aplicó principios básicos del derecho para anular la designación de unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que habían sido designados de manera ilegal el pasado 23 de diciembre de 2015. Esa decisión fue, a su vez, declarada nula por la Sala Constitucional.

Explicaremos un poco porqué esa decisión del Parlamento se apega a derecho mientras que la sentencia de la Sala Constitucional se encuentra viciada de nulidad y no puede ir en contra de lo decidido por el Legislativo. Veamos:

La anterior Asamblea designó a un grupo de personas en cargos de magistrados en al TSJ, el 23 de diciembre de 2015. Tal designación: (1) contrarió el propio procedimiento de designación de magistrados consagrado en la Ley Orgánica del TSJ, ya que no se cumplieron los lapsos ni se permitió a la ciudadanía participar en el mismo; (2) los designados no cumplían, ni cumplen, con los requisitos mínimos para ejercer los cargos de magistrados. Algunos de ellos no tienen los años de profesión requeridos y la gran mayoría tiene vínculos evidentes con un partido político –el Psuv-. Tal es el caso de personas designadas como Calixto Ortega o Cristian Zerpa, quienes fueron candidatos a diputados por el oficialismo en las elecciones del 6 de diciembre. Es decir, quince días antes de su designación eran abiertos y evidentes operadores políticos. Ello parcializa la acción de un juez que debe ser imparcial y objetivo; (3) los expedientes de los magistrados designados se encuentran plagados de inconsistencias: no aparecen en los registros de la AN los currículos o títulos de abogados o de postgrado en materia jurídica de estas personas.

Ante ello, el Poder Legislativo utilizó la figura llamada “autotutela administrativa”, que consiste en que los entes y órganos públicos pueden revisar sus propios actos y anularlos cuando estos han sido dictados con errores. El Parlamento, autor revisó su actuación, verificando un ilegal acto dictado en 2015 mediante la cual designó ilegalmente a unas personas como magistradas al TSJ y procedió a llevar  la situación a un estado de legalidad y constitucionalidad dejando sin efecto los nombramientos de esos magistrados.

La Sala Constitucional, en una pataleta, dictó una sentencia declarando nulo el acto de la AN. Pues bien, esa sentencia es inexistente en derecho, porque fue firmada por cuatro magistrados (la Sala Constitucional se compone de siete magistrados y tres de ellos fueron designados en diciembre y por tanto su nombramiento quedó sin efecto, por lo que no podrían firmar sentencias) y resulta que la Ley del TSJ y su reglamento establecen que las decisiones de la Sala Constitucional deben ser dictadas por cinco magistrados. Como la sentencia fue firmada por cuatro magistrados y no por cinco, la misma no se considerará sentencia, como lo señala el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, que establece cómo deben estar configuradas las sentencias.

Así, esos magistrados designados el 23 de diciembre de 2015, dejaron de serlo, no por haber sido destituidos, sino porque su designación fue ilegal. Y no existe en el mundo jurídico sentencia que diga lo contrario. Si estos señores intentan firmar alguna decisión como magistrados estarían incurriendo en usurpación de funciones. Incluso, si la presidenta del Poder Judicial les llega a pagar sueldo de magistrados, ella estaría incurriendo en un acto de corrupción.

 

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