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“Trochas están abiertas”: Problemas de la frontera siguen 11 meses después del cierre

Christhian Colina

El Cooperante.- Han transcurrido 11 meses desde que el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera colombo-venezolana y el efecto de la medida no ha sido positivo, según sectores políticos y empresariales. Aseguran que el gobierno no logró frenar el contrabando de alimentos ni las acciones de bandas criminales y mucho menos resolver la escasez.

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El mandatario ordenó en aquel momento el cierre fronterizo por 72 horas, en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, estado Táchira. Antes del vencimiento de ese plazo, Maduro desconcertó otra vez a los habitantes de la frontera y al gobierno de Colombia con otro anuncio: el cierre sería indefinido. El bloqueo, además, se amplió a los municipios Junín, Rafael Urdaneta, Capacho Libertad y Capacho Independencia.

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El 20 de agosto decretó el estado de excepción en los seis municipios por 60 días. Luego vino una prórroga por otros 60 días y una vez que se venció no se levantó. Se ha mantenido hasta la fecha. De acuerdo con el decreto 1950, la medida excepcional publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria 6194, se tomó por las “circunstancias delictivas y violentas vinculadas con el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas”, a lo que sumaron aspectos de orden económico que el gobierno identificó como “atentados cometidos contra la moneda venezolana y contra los bienes adquiridos con divisas del pueblo”.

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Carlos Chacón, concejal del municipio Bolívar, aseguró que nada de lo establecido en el decreto se ha cumplido. Muestra como evidencia las cifras de la Policía Fiscal Aduanera de Colombia: el contrabando con Venezuela fue de siete millones de dólares al cierre de marzo y una vez que finalice julio se duplicará a 14 millones de dólares. Señaló que la cifra es equivalente a 35 presupuestos anuales de 6 municipios fronterizos.

Alejandro García, alcalde del municipio Pedro María Ureña, afirmó a El Nacional que se incrementó la criminalidad, la presencia de grupos subversivos y la incomodidad para los venezolanos. “Se cerraron los puentes internacionales, pero las trochas están abiertas para los contrabandistas. 80% de los negocios en Ureña dejaron de laborar por falta de materia prima y mano de obra que venía de Colombia. Los habitantes del municipio tienen que ir a Rubio o a San Cristóbal para comprar alimentos porque a la frontera no llega. La escasez se agudizó”.

Pero no solo hay desabastecimiento de alimentos, sino también de medicinas. Eduardo Hernández vive en San Cristóbal. Él, su esposa y sus dos hijos son asmáticos y dependen del salbutamol, fármaco que no se consigue. Las autoridades le negaron el salvoconducto para ir a comprarlo a Cúcuta, Colombia, por “no tratarse de una enfermedad mortal”. “Hemos sido maltratados y nos dicen que si no nos estamos muriendo no nos darán una autorización para pasar”.

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