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TSJ dice que su sede fue “objeto de asedio” con huelga de hambre de diputados opositores

Christhian Colina

El Cooperante.- La tarde de este jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el que aseguró que su sede principal fue “objeto de asedio” por parte de los diputados a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, Sergio Vergara (Táchira), Desiree Barboza (Zulia) y Gaby Arellano (Táchira), esto luego que se declararan en huelga de hambre y fueran desalojados a golpes por funcionarios de la Guardia Nacional.

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La sede del Tribunal Supremo de Justicia y parte de sus miembros fueron objeto de asedio, por parte de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, en representación de la organización con fines políticos Mesa de la Unidad, así como por personas que se identificaron como simpatizantes del partido político Voluntad Popular, incurriendo de manera flagrante en posibles ilícitos de acción pública”, señalaron en el texto.

Destacaron que los parlamentarios acompañados por el abogado Héctor Fuentes y la periodista Mildred Manrique, “con el alegato de presentar una acción de amparo en el TSJ, ingresaron a las instalaciones de la Sala Constitucional (…) y una vez allí, además de efectuar la mencionada actuación procesal y a pesar de que en todo momento se les brindó atención y debida respuesta, se instalaron de manera ilegitima en sus espacios, para tomar fotografías no autorizadas, a difundir noticias falsas a través de redes sociales, a divulgar una supuesta huelga de hambre y a realizar amenazas si no se les daba la libertad inmediata a los procesados Gilberto Sojo, Renzo Prieto y Rosmit Mantilla”.

Asimismo, advirtieron que Sojo, Prieto y Mantilla “fueron electos diputados suplentes cuando sus procesos judiciales estaban en curso, por la comisión de los delitos que previamente le fueron imputados”. El máximo organismo de la justicia venezolana señaló que la protesta de los legisladores “fueron ejecutadas con el fin de causar zozobra e imponer la liberación de ciudadanos detenidos, que están siendo juzgados por delitos de alteración del orden público, fabricación ilícita de armas en la modalidad de explosivo, incendio, obstrucción de la vía pública, asociación para delinquir y otras acciones”.

Por último, aseguraron que los tribunales del país conocen cada una de las causas que cursan ante ellos y “son ilegítimas las presiones que pretendan ejercerse al Poder Judicial, destinadas a forzar la toma de una decisión a favor de grupos, partes o sectores de ningún tipo, ya que se decide conforme a lo probado y acreditado en autos”.

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