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A dos años del decreto Obama: Funcionarios premiados y firmas que nunca llegaron a EE.UU.

El Cooperante

Caracas, 9 de marzo.- Barack Obama antes de abandonar la Casa Blanca renovó el decreto que considera a la situación de Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para su país, lo que generó opiniones diversas en el país. El decreto -que se impone hasta marzo de 2018- contempla una serie de sanciones, como el congelamiento de bienes y la suspensión de visas de los funcionarios involucrados en violación de Derechos Humanos.

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Pero a dos años de las sanciones. ¿Qué ha sucedido realmente? Hasta el momento hay alrededor de 50 funcionarios del chavismo sancionados por el Gobierno de Estados Unidos. Entre ellos siete -por la represión en las manifestaciones de “La Salida” de febrero del año 2014- se encuentra el director del Sebín, Gustavo González López y la exfiscal que llevaba el caso de Antonio Ledezma, Katherine Harrington. Esta última fue premiada y abandonó la Fiscalía para asumir el Viceministerio de Investigación Penal, cargo del que luego salió.

Maduro -en 2015- pidió una Ley Habilitante -la segunda después de la pedida para contrarrestar la Guerra Económica- para atender el decreto, pues consideraba que este afectaría a todos los venezolanos por igual y no solo a los funcionarios sancionados.  Asimismo, pidió una recolección de 10 millones de firmas -que dijo presentaría a Obama ante la Cumbre de las Américas en Panamá- para que este derogara el decreto. Las firmas nunca fueron entregadas por “seguridad nacional” y fue ordenado su resguardo en el Archivo Nacional.

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Sin embargo, por un lado no hubo ningún acuerdo para el cese de las sanciones, tampoco hubo un efecto directo en la situación de los venezolanos, ni una invasión bélica, como indicó el Jefe de Estado y algunos parlamentarios chavistas en su momento. 

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Pero el escenario de las sanciones -el que siempre esgrimió el fallecido Hugo Chávez sobre un presunto ataque del imperio- le sirvió a Maduro para desviar la atención de los venezolanos de esa verdadera crisis y de los problemas sociales y económicos. El primer semestre del año 2015 estuvo enmarcado en la recolección de firmas para que se derogara el decreto, mientras el Ejecutivo lo usaba como elemento tangible de la guerra económica que dice tener.

Sin embargo, el efecto víctima que usó el Ejecutivo para desviar la atención, no duró más allá de esos meses pues, en diciembre, ante la caída de los precios del petróleo y la agudizada crisis del desabastecimiento, las colas y la escasez, el chavismo perdió por un amplio margen frente a la oposición en las elecciones parlamentarias. 

En lo actual

Ahora las medidas contra los funcionarios ya sancionados, ha sido prorrogada por un año más, lo que indica que estos no tienen posibilidad de ingresar a dicho país ni movilizar fondos relacionados que estuviesen en algunas de las entidades financieras. Cabe acotar que las sanciones económicas del decreto -que vencen ahora en marzo de 2018- tienen a su vez dos implicaciones: la congelación de bienes en Estados Unidos y la imposibilidad para negociar con personas y empresas estadounidenses.

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