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A un año de su muerte: Familiares de Fernando Albán solicitaron apoyo forense en Colombia

Jessica Dirinot | 8 octubre, 2019

Caracas.- Los apoderados de Meudi Maribel Osio, viuda del concejal Fernando Albán, acudieron a la sede de la Embajada de Venezuela en Colombia, para solicitar el apoyo a fin de esclarecer las causas de muerte del político opositor, presuntamente en manos del régimen de Nicolás Maduro.

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Ramón Alfredo Aguilar Camero y María Gabriela Aguilar Rejón, son los apoderados identificados de la familia Albán ante la sede diplomática en Colombia. Al llegar a la entidad en ese país, consignaron una serie de documentos en los cuales se expone de forma explícita, los hechos ocurridos hace un año, cuando funcionarios del régimen chavista presuntamente le arrebataron la vida al concejal.





Según nota de prensa difundida a los medios de comunicación, los apoderados pidieron a los miembros de la Embajada de Venezuela en Colombia que solicite a países amigos, y/o a instituciones que un grupo de expertos de otras nacionalidades, colaboren en la realización de los análisis de las evidencias de este caso, para determinar que el concejal no se quitó la vida como lo aseguraron las autoridades que estaba a su cargo, sino que fue asesinado.

Los responsables de las pruebas de este caso, manifestaron su deseo de presentar las conclusiones de los expertos ante los entes internacionales, para que sean ellos los encargados de juzgar a los responsables del presunto crimen, ya que en Venezuela ha sido imposible avanzar en las investigaciones necesarias, debido a que no existe separación de los poderes.

Los miembros de esta institución diplomática analizaron los documentos presentados por Aguilar Camero y Aguilar Rejón e informaron que harán los trámites pertinentes para que las instituciones forenses colombianas y de otras naciones puedan analizar las pruebas que poseen, de manera que se logre esclarecer este caso.





Hace exactamente un año que el  concejal Fernando Albán perdió la vida de forma extraña mientras se encontraba custodiado por funcionarios del Gobierno de facto, cayendo del piso diez del edificio de Plaza Venezuela, donde se encuentra ubicada la sede de la policía política. Por su parte, el régimen de Maduro lo maneja como un suicidio.

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