Activistas denunciaron ante la OEA presos políticos y tortura del Gobierno de Maduro

Caracas, 15 de septiembre.- Activistas y expertos sobre la situación actual de Venezuela participaron en la primera sesión frente la Organización de los Estados Americanos (OEA) este jueves en Washington, donde el organismo comenzó a evaluar si el país suramericano es culpable de la comisión de crímenes de lesa humanidad, abriendo la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda intervenir.

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La sesión fue dirigida por el asesor especial del secretario general de la OEA, y antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien señaló que el proceso adelantado se lleva a cabo conforme a las normas, políticas y prácticas del Estatuto de Roma y la corte internacional.

Entre los participantes de la primera sesión estuvo presente el coordinador internacional de Foro Penal Venezolano, Julio Henríquez, quien destacó que actualmente hay 566 presos políticos en el país. Asimismo señaló que esto obedece a una política que pretende neutralizar sistemáticamente a quienes resultan políticamente inconvenientes para el Gobierno; también indicó que de 116 homicidios en el 2017, 97 de estos habían sucedido desde el primero de abril, y todos fueron realizados bajo el marco de las protestas obedeciendo a un plan de ataque contra quienes se oponen al Estado y no como resultado del uso excesivo de la fuerza como las autoridades oficiales lo pretenden justificar.

Henríquez destacó la falta de voluntad real por parte del Estado venezolano para hacer justicia, y los mecanismos de intimidación que existen hacia los jueces, señalando como hito el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien en el 2009 fue encarcelada y abusada sexualmente, y hoy permanece bajo arresto domiciliario.

La declaración de Henríquez fue seguida por la de Tarama Suju, directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (CASLA), quien destacó el tema de las torturas por parte de los funcionarios de los órganos de seguridad del Estado dentro de los centros de detención. Añadió que dentro del patrón seguido por los órganos de seguridad se infligía tortura blanca a las víctimas de alto perfil y tortura física a los que no tienen un perfil tan elevado.

“Lo más grave que hemos observado durante los últimos cuatro meses es que la intencionalidad de la tortura es marcarlos física y psicológicamente” de por vida, dijo Suju.