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Activistas protestaron en Caracas y exigieron libertad para 20 presas políticas

Los activistas exigen el cierre de todos los "centros de tortura" del país

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Caracas/Foto: @_Provea.- Familiares, activistas y organizaciones de la sociedad civil protestaron este martes en la Plaza Altamira, en Caracas, para exigir la libertad de 20 mujeres presas por motivos políticos.

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De acuerdo a lo publicado por la organización no gubernamental, Provea, los ciudadanos exhortan al Estado venezolano a liberar a las detenidas, entre ellas la periodista especialista en defensa y seguridad, Rocío San Miguel. 

“Hasta que la última sea libre”, fue la proclama usada por los participantes de la manifestación pacífica.  “Familiares, activistas y ONG protestamos hoy 19 de marzo frente a la Plaza Altamira, Caracas, exigiendo libertad para las 20 mujeres presas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas la defensora Rocío San Miguel”, se lee en la red social de X. 

Asimismo, exigieron el cierre de los “centros de tortura” en Venezuela.

Ampliación de la “represión”

De igual manera, en su alocución durante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Provea y la Federación Internacional por los Derechos Humanos denunciaron que la detención “arbitaria” de San Miguel, del profesor Javier Tarazona, del educador Robert Franco y de líderes sindicales en el país representan una ampliación de la represión en Venezuela. 

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En este sentido, la organización aseguró que este clima empeoró luego de la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado ONU-DDHH en el país. “En Venezuela se intenta quebrar a la sociedad civil, otro ejemplo de ello es el avance del proyecto de Ley contra las ONG, a pesar de los llamados de diversos sistemas de protección sobre la gravedad de este instrumento jurídico para los derechos humanos y la ayuda humanitaria”, señaló.

En este sentido, reiteraron las denuncias sobre la “activación del sistema judicial para callar la disidencia y la crítica por los salarios y pensiones de hambre”.  “Lo que hemos presenciado en estos primeros meses del 2024 no son hechos aislados, responden al recrudecimiento de una política de Estado que durante la gestión de Maduro ha llevado a la cárcel a 81 trabajadores y al menos 3.500 víctimas de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad”, detalla.

Llamado a la ONU

Provea llamó a los Estados miembros del Consejo a adoptar las medidas necesarias para condenar las acciones represivas y proteger a la sociedad civil. 

“Que los Estados sigan posicionándose a favor de una lucha que proteja a la población venezolana en su decidida determinación de encontrar una solución pacífica, electoral, que conduzca a un cambio político que restablezca el Estado de derecho en el país”, culminó.





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