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Acusan a las misiones del gobierno de Cuba por trata de personas y trabajo forzados

La organización Prisoners Defenders recogió miles de testimonios que evidencian violaciones a los derechos humanos, entre ellas la misión que envía médicos a Venezuela considerada como esclavitud moderna y la "venta de camareros" en cruceros de lujo. Los obligan a trabajar en el exterior por un sueldo miserable, les prohíben ver a la familia y les quitan el pasaporte, mientras el régimen cubano se queda con 80% de lo que pagan los países de acogida. Hoy presentan la denuncia ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional

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Caracas. Trata de personas, trabajo forzado y esclavitud moderna. De eso acusarán al Gobierno de Cuba hoy en una denuncia que será dada a conocer hoy en todo el mundo por parte de la ONG Prisoners Defenders, que se llevará a instancias de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional . Según la denuncia, hay  entre 50.000 y 100.000 trabajadores cubanos en el exterior sufriendo condiciones inhumanas en lo que se han denominado “misiones” en distintos sectores: desde la medicina, hasta el arte y el deporte.

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“Se trata de un drama humano mediante el cual, amparado siempre bajo convenios de tipo mercantil entre el Gobierno de Cuba y los terceros países, o empresas de ellos, se coacciona a los profesionales cubanos a abandonar a sus familias durante años y sufrir gravísimas violaciones de sus derechos humanos, para extraer durante este tiempo la gran mayoría de sus salarios”, indica la denuncia. La retención de los pasaportes de estas personas durante las “misiones” parece ser una constante.

Las acusaciones se basan en 1.100 testimonios y constituyen la extensión de una denuncia que ya había sido presentada en 2019, con 110 testimonios, y en 2020, con 622. De los 1.100, 217 se han hecho públicos por parte de “desertores” que han contado su historia. Los restantes 894 son testimonios protegidos.

Pero, además, Prisoners Defenders señala que mientras que la ley de emigración cubana indica que una persona pierde sus propiedades en la isla si no regresa en un lapso de dos años, con los “desertores” de las misiones funciona distinto. Al ser considerados “emigrados” lo pierden todo “al instante”.

“Era común que los jefes de misiones le dieran un lugar privilegiado” a las doctoras más bonitas y en caso de no querer ningún tipo de relación entonces las hostigaban o las ponían en lugares de difícil acceso”, es solo uno de los casi 900 testimonios, que daría cuenta, por demás, de delitos sexuales.

La denuncia incluye  el  testimonio de una profesional que fue enviada a una misión en Venezuela en 2015 y decidió abandonarla a los pocos meses. La profesional logró llegar a Colombia, de donde habría pretendido emprender viaje por tierra hacia Estados Unidos, pero en la frontera con Panamá fue detenida, enviada a Bogotá y deportada. Casos similares serían los de muchos de los enviados a Venezuela.

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De acuerdo con los denunciantes, la mayoría de los testimonios dan cuenta de hechos ocurridos desde 2002 hasta la actualidad, en países de prácticamente todo el mundo: en África, Asia, América Latina y

Europa. La denuncia agrega que los hechos se han dado incluso con el conocimiento de muchos de los países mencionados como huéspedes de estas misiones.

De lo denunciado por la ONG, particularmente llaman la atención las pruebas que evidenciarían “la venta de camareros para cruceros de lujo donde Cuba extrae el 80 % del salario base de los trabajadores empleados en terceras empresas, pero Cuba las sigue denominando internamente ‘misión’”. Según uno de los contratos que forman parte de la denuncia, el marino tendría un salario base con la línea de cruceros MSC, por 408 euros, pero, según los declarantes, el Gobierno cubano, a través de Selecmar, le retenía todos los meses 326,40 euros, es decir, el 80%. 

El análisis de los testimonios condujo a los denunciantes a sostener que al 33,3 % de los trabajadores no se les presentó contrato alguno antes de la “misión”, mientras que el 34 % dijo haber firmado un contrato, pero no haber recibido copia. Casi el 70 % indicó que al momento de embarcarse en la misión no conocía el destino (ciudad, hospital, etc.) o se incumplió con lo señalado en un principio.
De los casi 900 testimonios protegidos, el 89 % indicó que fue a la misión en cuestión de manera “forzada” o por razones “coercitivas”. Ser “marcado negativamente en el trabajo” o sentir una “deuda con el Estado por haber recibido educación gratuita” están entre los motivos que habrían ejercido presión sobre estas personas. Solo 11,52 % dijo haber ido libremente “por motivos económicos o vocacionales”.
Como presuntos responsables, los denunciantes, entre los que también se encuentran la Unión Patriótica de Cuba y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), señalan a Raúl Castro, ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba; Miguel Díaz Canel, presidente del Consejo de Ministros y primer secretario del Partido Comunista de Cuba; José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud; Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, y Margarita Marilene González Fernández, exministra de Trabajo.

Desertar de las “misiones” —que, como veremos, consisten hasta en la prestación de servicios de bar en cruceros—, según la denuncia, conlleva consecuencias como ser tachado de “traidor de la patria”. Esto implica “la imposibilidad de ver a sus hijos menores y no menores, a sus padres, familiares, amigos y a su país, durante ocho años si no continúan trabajando o no regresan a la isla, entre muchas otras penas y castigos”. En el 100 % de los testimonios las personas dicen que han sufrido la prohibición de los ocho años. “En la actualidad, entre 5.000 y 10.000 padres no pueden volver a ver a sus hijos”, muchos de ellos menores de edad, indica el documento.

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