Además de Maduro llevarán a La Haya a Vielma Mora, Saab y a la “cúpula castrense”

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Jose Á. Palacios.- “El presidente de la República, el gobernador del estado Táchira y el Defensor del Pueblo, conjuntamente con el Alto Mando militar, y no el Estado o el Gobierno venezolan, como hasta ahora adelantan diversas instancias, serán acusados ante la Corte Penal Internacional por su responsabilidad en la presunta comisión de la violación de los Derechos Humanos de las personas que fueron deportadas hacia Colombia, tras el cierre de la frontera en municipios colindantes de la referida entidad andina”, anunció el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Walter Márquez.

El parlamentario adelantó que un grupo de abogados prepara las denuncias que introducirán ante el organismo de La Haya, luego de la adopción del conocido Estado de excepción que rige desde hace casi dos semanas.

“La Corte Penal investiga a funcionarios de alto rango que tienen responsabilidad directa. Ante la CPI no hay privilegios. Así que vamos a denunciar a Nicolás Maduro, a José Gregorio Vielma Mora, a la cúpula castrense y al propio Tarek William Saab. Este último por encubrimiento, pues incumple su obligación de defender los Derechos Humanos, comportándose como un militante del PSUV”, afirmó Márquez.

Colombia elevará las pruebas a que hubiere lugar por su lado, y al final se tendrán que acumular, porque es un delito que se origina en Venezuela y se continua en la nación neogranadina. Procesalmente, debemos articular las pruebas de ambos países”, agregó el también historiador.

Márquez refutó el pronunciamiento de Saab, quien calificó como una “barbaridad” el recurso que se pretende ejercer. “Estamos en presencia de dos tipos de figuras tipificadas por el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. La CPI conoce cuatro grupos de delitos: genocidio, crímenes de guerra, agresión y, el caso que estamos ventilando, delitos de lesa humanidad. Dentro de los delitos de lesa humanidad se encuentran las deportaciones forzosas y también las persecuciones contra una población. Aquí se verifican ambas”, enfatizó, despejando, de paso, que el fuero del CPI no tenga la pertinente jurisdicción.

La excepción ha sido una decepción

Insistió en los “desmanes” que se han cometido con el Estado de excepción. “Ha permitido muchos abusos: destrucciones masivas de viviendas sin cumplir con el debido proceso, retenciones ilegales de turistas que estaban en el país a quienes no les permitieron salir, deportaciones forzosas, persecuciones arbitrarias. Además de todo el trabajo de destrucción de viviendas, anteriormente habían destruido puentes en las cuencas altas del río Táchira por lo cual se configura un ataque sistemático contra la población”, apuntó, mencionando que ni las edificaciones de carácter religioso, principalmente – templos de la fe cristiana protestante -, se habían salvado de la ‘razzia’.

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