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Administración de Guaidó niega intento de soborno de sus funcionarios a CRA Consortium

Tarek William Saab dijo que funcionarios de Guaidó pidieron sobornos para aceptar la firma de contratos con la empresa

Guaidó elcooperante
Foto: @Presidencia_VE

Caracas-. La Administración de Juan Guaidó desmintió este martes en un comunicado los presuntos vínculos que mantendría con la empresa CRA Consortium, señalando que la recuperación de activos solamente le corresponde al procurador especial de la República.

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«De conformidad con el artículo 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, la recuperación de activos especialmente en el marco de los acuerdos suscritos con Petrocaribe, requiere la acreditación legal de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y sus empresas filiales, que han confirmado públicamente no haber suscrito contrato alguno con esta empresa», indica el comunicado.

CRA Consortium acusa a la Administración de Guaidó de haberle presentado un «plan estratégico» para recuperar bienes en los 19 países de Petrocaribe, reestructurando el 50% de las deudas para contar con más ingresos en dólares.

En el comunicado se niega cualquier vínculo con CRA Consortium, empresa que, según la Administración Guaidó, jamás fue contratada. «A pesar de que dicha empresa no fue contratada, ni autorizada, para ejecutar tal servicio en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, pretendió atribuirse la representación del Estado venezolano ejerciendo acciones temerarias sin facultad alguna, para la identificación de los activos pertenecientes a la República en los países miembros del convenio denominado Petrocaribe».

«Se informa que de persistir esta conducta por parte de CRA Consortium LLC (…) se reserva el derecho de llevar adelante acciones legales pertinentes para garantizar la legítima representación de los intereses de la república», sostiene el comunicado.

Sobre las acusaciones de CRA Consortium, el fiscal general de la Administración de Maduro, Tarek William Saab dijo que inició una investigación catalogando el hecho como «un acto de piratería delictiva».

«Hemos designado a la Fiscalía 67ª Nacional para que investigue estas denuncias y a todos los involucrados. Este es un nuevo acto de piratería delictiva contra Venezuela para el beneficio de unos cuantos apátridas. Estos son los mismos que han promovido sanciones para que la gente afronte dificultades para abastecerse de gasolina, alimentos u otros elementos esenciales», señaló.

Saab aseguró que los funcionarios de Guaidó pidieron 750 000 dólares para la firma del contrato con la Administración interina del país. Concluyó que «se pretendió contratar a unos pillos para que robaran activos del país en el Caribe. Le exigieron a estos piratas de las finanzas que se bajaran de la mula antes de la firma y estos se echaron para atrás».

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