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Alfredo Romero: Es falso que oficina de la CPI abrió en Caracas

Este jueves, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia anunció que la instancia instaló la oficina provisionalmente en el centro de la capital

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Caracas / Foto Portada: Archivo.- El abogado y director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero desmintió el viernes que una oficina de la Corte Penal Internacional haya abierto sus puertas en Caracas, luego de que esta noticia circulara durante esta semana.

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Así lo hizo saber a través de un mensaje en su cuenta Twitter, en el que calificó la información de "rumor" y adelantó que estarán atentos a cualquier novedad al respecto.

"Nos informan que es falso el rumor de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya abierto su oficina en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Igualmente hacemos seguimiento y verificación de cualquier posibilidad de que dicha fiscalía abra su oficina en Venezuela y atienda a las víctimas".

 La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó el jueves 07 de abril que la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) fue instalada provisionalmente en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ubicada en la esquina de Dos Pilitas al final de la avenida Baralt en Caracas. 

"Ya fue instalada la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas. Provisionalmente estará ubicada en el edificio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la esquina de Dos Pilitas al final de la avenida Baralt", escribió la organización defensora de los DD. HH y la democracia en Venezuela. 

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La noticia circuló horas después de que el fiscal general Tarek William Saab asegurara que en Venezuela “no hace falta” que la CPI inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad. 

Desde la tribuna de oradores del Palacio Federal Legislativo, el fiscal general enfatizó que en el país se “persiguen y sancionan” las violaciones a los derechos humanos. 

"Lo vamos a demostrar en la práctica. Debemos reiterar que en el caso denominado Venezuela 1, este Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación", dijo. 

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