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Alí Daniels: El Estado debe sincerarse y validar las obligaciones en divisas

El abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, destacó que el Estado debe sincerarse y fijar los salarios de pensionados y empleados públicos en dólares

Cortesía

Caracas / Foto Portada: Archivo.- El abogado Alí Daniels dice que la reciente sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia es una medida «justa» porque Venezuela vive una dolarización no oficial. Sin embargo, criticó la hipocresía de algunos funcionarios que aún pretenden sostener que las demandas no pueden ser estimadas en dólares y destacó que el Estado debe sincerarse y fijar el salario de pensionados, funcionarios públicos y profesionales en moneda extranjera.

Lea también: Tribunal Supremo de Justicia admite estimación de demandas en dólares por honorarios profesionales

En la sentencia n°128 del 27 de agosto de 2020, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó admitir la acción de estimación e intimación de honorarios profesionales en moneda extranjera. Los jueces de primera y segunda instancia habían declarado inadmisible la estimación de la demanda por haberse hecho dólares.

En entrevista concedida a El Cooperante, Daniels, experto en leyes egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), post grado en Derecho Administrativo, exdirector de Indra Venezuela; y actual director de la Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, explicó el alcance de dicha acción y recordó que los delitos cambiarios fueron eliminados desde hace mucho tiempo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para ocultar el desastre que ocurrió con la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).

Daniels celebró este hecho, pero recordó que es el Estado quien debe dictar normas más claras sobre el pago en divisas en todos los ámbitos de la economía. Calificó de «anacronismo» que algunos tribunales digan que no se pueden admitir sentencias por estar valoradas en dólares.

¿En qué se traduce la aplicación y el alcance de la medida según la sentencia n°128 de la Sala de Casación Civil?

 Esta es una sentencia donde todavía no tenemos la última palabra, pero es importante, porque es una demanda donde había intimación y estimación de honorarios profesionales de abogados, donde se había interpuesto una demanda por 42 000 dólares, más intereses. Los tribunales de primera y de segunda instancia de apelación, los dos, habían rechazado e inadmitido el caso. El juicio no pasó de la etapa de admisión porque alegaron el criterio de la Sala Constitucional, que habían rechazado un juicio porque se hacía la estimación de una deuda en dólares, pero no había un contrato por escrito que validase ese cobro.

Ahora bien, la ley señala que se pueden hacer obligaciones en dólares y si las partes pactan que el pago solo puede ser en dólares prevalece esa cláusula, pero debe existir. Como aquí no había si no un acuerdo verbal, la Sala Constitucional y ambos tribunales dijeron que el caso era inadmisible. Ahora, la Sala Civil dice: los requisitos de inadmisibilidad están en la ley y no dice en ningún lado que una demanda se rechaza porque está hecha en dólares. Como no existe ese requisito debes tramitar la demanda.

Esto es bueno, porque de ahora en adelante, se puede hacer esa estimación, pero hay que ver cómo termina el caso porque no quiere decir que cuando se retome el caso tome otro rumbo. Hay que ver que deciden los tribunales por el contenido de la demanda en sí, pero  por lo menos, no pueden inadmitir demandas que estén calculadas solo en dólares.

¿Por qué los jueces de primera y segunda instancia declararon inadmisible la estimación de la demanda con relación a su estimación en dólares americanos?

Ellos consideraron esto por el criterio de la Sala Constitucional que establecía que las obligaciones en moneda extranjera, solo pueden pagarse en aquellos casos en que existía un previo acuerdo. El tema es, que esos tribunales dijeron que por esa razón no lo admitirían. Pero hay que decir claramente que la Sala Civil tiene razón, que el requisito de admisibilidad no está: no dice en ninguna parte del código de procedimiento civil que se inadmitirá una demanda porque está calculado en dólares. Ambos se excedieron en sus competencias y además, inadmitieron un juicio que debieron haber admitido y procesado. Falta que se proceda durante ese juicio a ver si declaran con lugar o no, de acuerdo a lo que declaren las partes, y queda ver qué va a ocurrir en ese caso.

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¿Qué opinión le merece que esta medida sea ejecutada justo ahora, cuando el país tiene varios años en una dolarización de facto?

Me parece muy bien, porque es justo que como se dolariza todo esto también ocurra en los tribunales. Lo injusto es que los salarios no estén dolarizados y es algo que Acceso a la Justicia ha dicho desde el principio: la dolarización no será verdad, como una afirmación absoluta hasta que toda la economía sea dolarizada. Como todo el país sabe, los salarios del sector público y las pensiones se pagan en bolívares y mientras ese sector, que es enorme, siga en estas condiciones no se puede hablar de dolarización real. Sabemos que el Estado es el mayor empleador y los pensionados son varios millones de personas que siguen teniendo ingresos en bolívares, así que no se puede hablar de la dolarización de la economía.

Sin embargo, es cierto que en los hechos ha ocurrido otra cosa, sobre todo en ofertas de bienes y servicios y eso incluye a honorarios profesionales y no solo de abogados, sino de cualquier profesional. Por eso es correcto que se permita este tipo de demandas, porque es la única manera que tiene un profesional del derecho para protegerse contra la inflación y además, no es ilegal. El propio Banco Central de Venezuela establece que se pueden pactar obligaciones en dólares, a menos que haya un acuerdo que diga lo contrario: se puede pagar en bolívares al tipo del cambio del día o si hay una estipulación de las partes solo en divisas. Esto es algo legal y toda la normativa que prohibía este tipo de situaciones y era además de rango sublegal, se originaban en  un dólar subsidiado que no existe. No habiendo un dólar subsidiado que se pueda vender a un precio diferente al que se compra, negar que se establezcan obligaciones en moneda extranjera perdió sentido desde que dejó de ocurrir.

Desde Acceso a la Justicia consideramos que es correcta, pero lo que sí debemos decir, es que las reglas sean para todos, incluyendo empleados públicos y pensionados para que no cobren la miseria que cobran en estos momentos.

¿Existe alguna norma que establece mínimos y máximos para las demandas?

No, no hay mínimos ni máximos porque las reglas para estimar la sentencia es un indicador para determinar las competencias de los tribunales. Si el monto es muy pequeño va a tribunales de municipio, a tribunales de primera instancia, etc. En este sentido, las demandas pueden ser por cualquier cantidad, lo único es que los límites están fijados en bolívares y vemos una vez más, que esta situación no refleja la realidad. En tribunales de municipio no tienen demandas por cobros de bolívares porque el mínimo es muy pequeño.

Según una resolución de la Sala Plena del 24 de octubre de 2018, que fija cuantía en materia civil, mercantil, tránsito, bancario y marítimo, se habla de hasta 15 mil Unidades Tributarias (UT) para juzgados en municipio. Después de 15 mil UT para juzgados de primera instancia. Y si la cuantía no excede las 7 500 UT se recurre a procedimiento breve.

¿Puede esto pasar en otras instituciones del Estado?

Ya está ocurriendo, es una realidad. Las empresas al dolarizarse están cotizando con esa manera y al final el Estado es quien debe adecuarse a esas reglas, porque todo ha cambiado, sobre todo en las reglas de licitaciones, vemos que se han modificado al punto que el adelanto en una licitación puede darse hasta un 70%. Eso implica que la persona que hará el cálculo estimará el tipo de cambio al momento del pago con ese adelanto y se protege de la inflación; y deja el 30% restante a pérdida porque ya sabemos cómo es el pago de las instituciones públicas.

En todo caso, es el Estado el que está incentivando que esto sea así, porque el BCV incumple con la Constitución y la obligación de respetar y hacer respetar y mantener el valor del bolívar. Ha sido el gobierno el que ha destruido el valor del bolívar y por eso lo liberó: porque ya no puede subsidiar el dólar. En ese sentido, al final la realidad económica se impone, no puedes regular precios, por eso es parte del pasado, porque el Estado no tiene control sobre los dólares sino de las cosas que se importan porque lamentablemente estamos en una economía de bodegón,  pues tienen un valor y eso ya está hecho en dólares y el Estado no tiene control sobre ellos, como puede ocurrir con la producción interna. Es positivo sincerar la economía, pero por otro lado, seguimos con la hipocresía y la injustica de pagarle a los pensionados con un bolívar.

Como director de Acceso a la Justicia ¿qué le critica?

Básicamente que no obedece a una política general del Estado sino a una decisión sobre un caso particular, en este caso a honorarios profesionales. El Estado debe sincerarse y decir que las obligaciones en moneda extranjera son válidas; y es un anacronismo que los tribunales no puedan admitir demandas porque están estimadas en dólares. Esto es lo criticable, que sea solo la Sala de Casación Civil la que está diciendo esto, esto debe decirlo la Sala Constitucional y todas las demás salas porque es la realidad de la economía venezolana.

El Ejecutivo debe dictar normas más claras, en las que se evidencie que esto puede ocurrir y el gobierno lo único que puede pedir es que hayan ciertas cosas que se pueden pagar en bolívares, pero no debe seguir la hipocresía de tribunales que siguen pensando que estamos bajo un régimen de control de cambio y que no se pueden hacer estimaciones en dólares.

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Esto habla mucho de la mentalidad funcionarial y el miedo de algunos funcionarios de hablar de obligaciones en monedas extranjeras como si todavía fuera un delito.

Quiero agregar que quien eliminó el delito de los delitos cambiarios fue la ANC, en una muestra de cómo su actividad fue para proteger a la corrupción que se generó en Cadivi. En el balance de la ANC debe ponerse eso, la eliminación de la máquina de corrupción más grande y del delito que más se ejecutó en este país, que fue la compra y venta de dólares a precio preferencial. Entonces, hay todavía funcionarios que a pesar de la norma siguen pensando con miedo, como si fuera un tabú, cuando en realidad ni siquiera es un delito.

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