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Amnistía Internacional pide restablecimiento de relaciones entre la CIDH y Venezuela

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Roberta Stabile.- El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, manifestó que aspiran a que se reestablezca la cooperación entre el Estado Venezolano y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en aras de que se puedan detener las violaciones de derechos humanos “por parte de funcionarios” a los defensores de estas causas.

La organización asistió a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela de forma inédita,  debido a la preocupación por el “incremento en la frecuencia e intensidad de los señalamientos contra personas defensoras de derechos humanos por parte de altos representantes del Estado venezolano, haciendo uso de medios públicos y en especial de la televisora oficial”.

Mediante un comunicado, denunciaron que algunos defensores fueron víctimas de una cadena de “hechos violentos”.

Destacaron los casos del excoordinador de Provea, Marino Alvarado, quien fue sometido y golpeado recientemente en su propia casa por hombres armados, junto a su hijo pequeño, el de  Horacio Giusti, de Foro Penal; Víctor Martínez –quien ha sufrido continuas amenazas y hostigamiento por denunciar a policías y cuyo hijo fue asesinado con disparo.

También la situación de Carlos Lusverti –quien recibió disparos en dos ocasiones en menos de 15 meses –y Rodrigo Diamanti, director de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza.

“Se ha observado que estos ataques se producen cuando personas u ONG formulan opiniones críticas a acciones, planes o políticas gubernamentales; asumen la defensa de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos; y, lo más preocupante, cuando hacen uso o recurren a instancias internacionales o regionales de protección de los derechos humanos, incluido cuando se relacionan con ONG de derechos humanos en otros países”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Es por esto que instaron a la CIDH a mantener su preocupación y monitoreo sobre la situación del país y que requieran al Gobierno venezolano información sobre el estado y resultados de las investigaciones en los casos de acoso u hostigamiento y cualquier forma de violencia y violación a los activistas.

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