AP: Abogado de DD. HH. de la CPI renuncia por "falta de acción" sobre caso de Venezuela

Caracas / Foto:AP.- Un abogado especializado en derechos humanos decidió distanciarse de manera discreta de la Corte Penal Internacional (CPI) como forma de protesta, por lo que considera una "falta de acción" en relación con la situación en Venezuela.

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De acuerdo con información obtenida por The Associated Press, Claudio Grossman, originario de Chile, tomó la decisión debido a que el fiscal Karim Khan no presentó cargos contra los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por "crímenes de lesa humanidad".

Grossman fue decano de la facultad de derecho de la American University en Washington y también expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue designado como asesor especial del fiscal de la CPI, Karim Khan, en noviembre de 2021.

En este cargo, que según la agencia "no era remunerado", Grossman ofreció su consejo a Khan sobre el "deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela".

De acuerdo con AP, Grossman envió un correo electrónico a Khan el mes pasado, expresando que sus principios éticos le "impiden permanecer en silencio" mientras el Gobierno de Maduro continúa llevando a cabo "acciones contra los derechos humanos".

Según Grossman, las autoridades venezolanas "expulsan a diplomáticos extranjeros y obstaculiza el trabajo de los observadores de derechos humanos de la ONU, sin que exista respuesta alguna por parte de la CPI".

"Ya no puedo justificar la decisión de no tomar medidas correspondientemente serias contra los autores de las graves violaciones", señaló Grossman en el mensaje, donde también rechazó una propuesta de renovación de su contrato presentada por la oficina de Khan en septiembre.

Una fuente que prefirió permanecer en el anonimato, reveló a AP que Khan llamó al abogado a reconsiderar su decisión, pero "no tuvo éxito".

La Fiscalía expresó su agradecimiento hacia Grossman por su experiencia y contribuciones, pero no abordó las razones que motivaron su decisión de desvincularse del tribunal con sede en La Haya.

La presión sobre Khan para que presente cargos contra funcionarios venezolanos, incluido Maduro, se intensifica en un contexto donde enfrenta acusaciones de "mala conducta" relacionadas con una asistente y la amenaza de sanciones estadounidenses por su decisión de buscar el arresto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Críticas a Karim Khan

Asimismo, el mes pasado, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV) de la CPI expresó su preocupación por la "falta de avances" del fiscal Karim Khan en relación con el caso de Venezuela.

En un documento enviado a la Sala de Apelaciones de la CPI, en relación con una recusación presentada contra Khan por un posible conflicto de intereses, la OPCV subrayó que desde que se remitió la situación en Venezuela a la CPI en 2018, las víctimas han expresado su "frustración ante la escasa acción" por parte del fiscal.

El informe revela que a pesar de que se anunció una investigación en diciembre de 2021 y se reanudó oficialmente en abril de 2024, "no se ha concretado oficialmente ningún caso". Las víctimas afirman "sentirse abandonadas y desatendidas".

Según la OPCV, una de las principales preocupaciones es que cualquier retraso vinculado a la reciente solicitud de recusación del fiscal podría paralizar aún más las investigaciones.

"Un posible conflicto de intereses se suma a la frustración de las víctimas, quienes temen que se use como excusa para justificar la inacción", subrayó Paolina Massidda, abogada principal de la oficina.

Además, señala que los recientes acontecimientos en Venezuela, en particular la "represión" postelectoral que comenzó el 29 de julio, "han agravado la situación de las víctimas".

Caso Venezuela

En septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI recibió una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, con relación a la situación de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía anunció su decisión de abrir una investigación.

Un año después, en abril de 2022, la Fiscalía de la CPI notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que había recibido, por parte de Venezuela, una solicitud de inhibición de sus investigaciones en favor de las actuaciones emprendidas por las autoridades del país, de conformidad con el artículo 18, párrafo 2, del Estatuto de Roma.

Meses después, la Fiscalía solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares reanudar la investigación en esta situación, pero no fue hasta el 27 de junio de 2023, cuando la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela I.

Ese mismo año, el 3 de julio de 2023, Venezuela comunicó su voluntad de apelar la decisión emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares, presentando su escrito formal de apelación el 14 de agosto.

En el curso de estos procedimientos de apelación, la Sala de Apelaciones recibió escritos del fiscal y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, así como representaciones de las víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos.

El 7 y el 8 de noviembre de 2023, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia para abordar íntegramente las cuestiones que se plantearon en el recurso de apelación.

A principios del mes de marzo, la Sala de Apelaciones de la CPI desestimó por unanimidad los argumentos del Gobierno de Nicolás Maduro contra la reanudación de la investigación sobre la presunta comisión de "crímenes de lesa humanidad" en Venezuela y autorizó al fiscal, Karim Khan, a seguir las pesquisas.