Connect with us

Internacionales

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay rechazan expulsión de funcionarios de la ONU en Venezuela

Los gobiernos exigieron el “respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”

Foto del avatar

Publicado

/

Caracas/Foto: Archivo. Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay rechazaron este jueves la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que operan en Caracas.

Lea también: FBI teme que "El Tren de Aragua" forme alianza con la pandilla "Mara Salvatrucha" en EE. UU.

En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería de Uruguay, los gobiernos exigieron el “respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”. 

Además, manifestaron su profunda preocupación por la “detención arbitraria” de la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel.

En este sentido, hicieron un “enérgico llamado” a las autoridades venezolanas “a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados” en su contra.

En contexto 

Más temprano, el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la  ONU en Caracas, por considerar que han “instrumentalizado” su trabajo en contra del Ejecutivo. 

Advertisement

Además, el Gobierno señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados con esta organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina. 

En un comunicado leído ante periodistas, Gil señaló que Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en la siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”. 

Explicó que la decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.

Pese a ello, la administración de Nicolás Maduro reiteró su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.





Advertisement

Tendencias