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La Lupa

«Arreaza miente: seis veces solicitamos información al gobierno de Maduro y nunca respondió»

La abogada Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela en la ONU, mostró pruebas de las diversas comunicaciones que se le enviaron al gobierno de Nicolás Maduro solicitando venir a Venezuela para investigar, pero el régimen no respondió nunca. «Se le enviaron seis invitaciones al Gobierno sin recibir ninguna respuesta de las autoridades y por ello no pudimos hacer investigaciones in situ»

Caracas.- Todas las comunicaciones enviadas al gobierno de Venezuela por parte de la Misión Internacional Independiente solicitando investigar en el país, se encuentran en el Informe que presentó la Misión. De hecho esas comunicaciones están en la página web de la organización. Por eso, la presidenta de la Misión señala que el canciller Jorge Arreaza no dijo la verdad. «Le solicitamos información específica, datos estadísticos, si hubo o no investigación en determinados casos e información actualizada sobre determinados procesos. Nunca recibimos respuesta sobre esas solicitudes», dijo.

En un encuentro con varios periodistas del Caracas Press Club, la funcionaria reveló que para elaborar el informe «tuvimos acceso a datos oficiales disponibles en fuentes abiertas y otras que nos hicieron llegar otras fuentes.  Hicimos referencia a esos datos y también  a documentos y declaraciones  de funcionarios del Estado, así como de exfuncionarios, jueces y fiscales que también colaboraron… por eso pudimos llegar a información certera desde adentro (…) La misión también pudo analizar documentos oficiales, reportes redactados por  la policía e informes de autopsia. «Lo importantes es tener en cuenta que si bien no hemos estado en el país  hemos recopilado toda la información dentro de Venezuela. Quisiera que al menos las autoridades reconocieran que solicitamos su permiso para ir al país y nunca respondieron».

 – ¿Existe el temor de que haya represalias en contra de quienes hayan colaborado con la Misión, en el sentido de que el gobierno aumente la represión como una suerte de venganza? 

– Nosotros hacemos esa recomendación a quienes colaboraron con nosotros y nos dieron información, personas a quienes hemos tenido mucho cuidado de ubicarlas en forma anónima.  Es crucial por parte de la sociedad civil permanecer alerta, reportar lo que está pasando y las condiciones de las víctimas. Pero también creo que las autoridades recibieron una señal muy fuerte de que sus actuaciones van a ser objeto de investigación y análisis.  Claro que puede haber ese temor pero también hay la confianza de que ahora los responsables entienden que no pueden actuar con total impunidad.


Valiñas explicó que investigaron a fondo ciertos casos individuales para saber exactamente qué pasó en ese caso y cómo actuaron las autoridades.

«Seleccionamos algunos que eran ilustrativos y priorizamos en ellos para realizar una investigación  más detallada.  Y son esos los 48 casos que incluimos en el informe, aunque investigamos más de 200. También  tratamos casos donde la independencia de jueces y fiscales estuvo comprometida. Con información creíble de jueces y fiscales, supimos que se ejerció presión sobre ellos para decidir de una manera u otra. Y hubo casos documentados donde jueces deciden la libertad de algún imputado, pero no se lleva a cabo y la víctima continúa en prisión. El fiscal Tarek William Saab dijo que iba a investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las FAES, esperamos que eso se concrete. Hicimos una investigación  minuciosa de casos individuales y un análisis legal vigoroso de los hechos con personas que tenían información directa sobre los abusos. Y concluimos que no fueron violaciones aisladas o por determinadas fuerzas que no seguían órdenes,  sino que estas fuerzas represivas funcionan bien estructurada y reciben órdenes desde las más altas jerarquías». 

«Tenemos diferentes fuentes que confirmaron que algunas  fuerzas estaban en contacto directo con el ejecutivo: los ministros del Interior y Defensa tenían conocimiento de lo que estaba pasando.  Coordinaban y daban órdenes. También tuvimos información de que el propio presidente también daba órdenes a directores de unidades sustantivas dentro de estas fuerzas para que se vigilara o detuviera a alguien. Por eso hemos concluido que es  parte de una política de Estado: silenciar la oposición  y combatir el crimen a través de ejecuciones extrajudiciales. Y no han sido actos aislados sino parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, por eso  creemos que por eso constituyen crímenes de lesa humanidad».


«Nosotros somos un órgano de determinación de hecho. No somos un órgano judicial.  Lo que hicimos fue mostrar información suficiente y sólida para que se justifique la necesidad de iniciar investigaciones serias y transparentes para responsabilizar a los autores.  El Estado venezolano es el que tiene la responsabilidad principal y primaria en realizar esa investigación. Y en caso de que no lo hagan, otras instituciones lo pueden llevar a cabo,  Bien sea en otros países o en la Corte Penal Internacional, que ya tiene un expediente abierto sobre Venezuela. En la  información sólida y creíble que elaboramos hay suficiente elementos  para que las autoridades competentes hagan las investigaciones no solo de los funcionarios sino hacia sus superiores, no sólo en el área jerárquica sino en el político también.»  

Recalcó la abogada que algunos funcionarios confirmaron que los superiores les daban órdenes de matar a las personas.  Y que en muchos de los casos atribuidos a las FAES, tanto  familiares como autoridades han reconocido que los muertos no tenían antecedentes criminales. «Lo impactante de estos casos es que no se puede atribuir a falta de disciplina de un miembro de estas fuerzas, sino que estaban recibiendo órdenes superiores». 

La próxima semana se definirá la continuación de la Misión en Venezuela, aunque la abogada   espera contar con los votos suficientes en Naciones Unidas para que eso ocurra. Y aunque reconoce que elevar el caso de Venezuela  y de algunos de los señalados en su informe a la Corte Penal Internacional lleva tiempo, descartó que la actual Fiscal Fatou Bensouda actúe con parcialidad en beneficio del gobierno venezolano.

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«La Fiscalía actúa con independencia. Ellos primero tienen que establecer que el Estado no quiere llevar a cabo juicios genuinos. Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se supone que debería cooperar con los mecanismos existentes, pero si no lo hace entonces cabría a las autoridades competentes llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes», sentenció.

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