Artesanías, protestas y secuestro: ¿qué hay detrás del reclamo de yukpas en Zulia?

Caracas / Foto Portada: Cortesía.- Durante los últimos años, los yukpa recurrentemente son noticia por exigir atención por parte del Estado; y el cumplimiento de un acuerdo con el Gobierno nacional en torno a la compra de sus artesanías. La situación ha ido escalando y las últimas semanas, se han intensificado las protestas y los enfrentamientos entre decenas de miembros de la etnia originaria del estado Zulia. Detenciones, obstrucción del tráfico en el Puente sobre el Lago de Maracaibo y hasta el presunto secuestro de la viceministra Marianny Romero, del Ministerio para los Pueblos Indígenas (Minpi).

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Según reporte de medios locales, fue este martes cuando al menos 120 indígenas miembros de la etnia Yukpa volvieron a tomar la sede del Circuito Penal del Zulia para exigir la liberación de tres compañeros, detenidos el pasado 16 de junio durante las protestas ocurridas en la cabecera del Puente General Rafael Urdaneta.

José Romero, uno de los integrantes de la etnia, informó que desde hace unos días se llegó a un acuerdo con las autoridades para proceder a la liberación de los líderes detenidos. "Como parte de ese acuerdo, se le pidió a los indígenas que buscaran tres fiadores para ejecutar el proceso, sin embargo, cuando todo estaba finiquitado, los encargados del máximo tribunal decidieron dejar sin efecto la medida, motivo por el que el grupo étnico decidió acudir a las instalaciones del lugar para conocer las razones que llevaron a los funcionarios a cambiar de decisión".

El pasado miércoles, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) confirmó la detención de tres indígenas que participaron de una protesta en la que cerraron las vías de acceso al Puente Rafael Urdaneta, el más grande del país. El comandante general del cuerpo de seguridad Elio Estrada, informó a través de Twitter que los aprehendidos actuaron "siguiendo instrucciones de personas traidores a la patria que buscan la desestabilización del país" y agregó "fueron puestos a orden de los tribunales de justicia para que asuman su responsabilidad por cerrar vías y alterar el orden público".

Estrada publicó fotos que muestran a «amigos y familiares» de los detenidos, quienes «han sido atendidos por las autoridades» y «orientados sobre el proceso legal que atraviesan» sus seres queridos.

Sin embargo, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) exigió la liberación de Zenaida Romero Martínez, Alfonso Romero Ramos y Francisco Romero Gutiérrez, todos pertenecientes a la etnia yupka.

Según el comunicado en la página oficial de Codhez, a la comunidad le fue vulnerado su derecho humano al libre tránsito cuando se disponían a atravesar el Puente General Rafael Urdaneta, puesto que querían transportar la artesanía que producen hacia Caracas. Una vez allí, pedirían al Gobierno que les comprara la carga de 25 000 piezas elaboradas a mano.

El sábado 25 de junio, durante una reunión entre la viceministra para el Hábitat, del Ministerio para los Pueblos Indígenas (Minpi), Marianny Romero, y miembros de la etnia yukpa, en la Sierra de Perijá; la funcionaria les informó sobre la oferta de tres dólares por cada artesanía, lo que causó el rechazo de los indígenas.

De acuerdo con un video que se hizo viral en Twitter, uno de los yukpas le arrojó un montón de sombreros a la cara y amenazaron con retenerla en la sierra perijanera, hasta que cumpliera con el pago de las artesanías, según lo acordado con el Estado Mayor para los Pueblos Indígenas, reseñó El Pitazo.

El grupo étnico había acordado con el referido Estado Mayor la venta de cinco mil piezas de artesanía, cada una por cinco dólares, el pasado 16 de junio. Ante la amenaza de los yukpas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) resguardaron a Romero y la sacaron por una trocha de la Sierra de Perijá.

La etnia yukpa negó el "secuestro" de la viceministra.

"Estado debe cumplirles, pero yukpas no pueden tomar justicia por sus manos"

En medio de la controversia, la coordinadora en el estado Zulia del Foro Penal, Laura Valbuena sostuvo que este conflicto hay que verlo desde diferentes ángulos.

En entrevista telefónica concedida a El Cooperante, la experta en leyes, destacó que históricamente las comunidades indígenas han sido protegidas con una "especialidad significativa" por el entorno en el que se desarrollan sus derechos fundamentales, pero también por las condiciones de vulnerabilidad en la que viven, debido al desarrollo de los países.

"Los organismos de protección regional de DDHH le han dado abrigo especial para establecer que el Estado tenga el deber de protegerlos. Cuando hablamos de la comunidad Yukpa, ellos además han sido determinados como patrimonio de la humanidad. Esto con el propósito de protegerlos en medio de la supervivencia de esta etnia en la sociedad porque conocemos que ellos viven en circunstancias muy delicadas y esto lleva a que el Estado le dé mayor protección para que la etnia trascienda".

Sin embargo, siguió, esa protección no otorga legitimidad para la comisión de hechos punibles o hechos contrarios a la ley.

"La obligación del Estado es crear derechos de condición o goce de derechos fundamentales de los ciudadanos y en especial de dichas comunidades indígena. Si bien, no es menos cierto que el poder de esa protección no va dirigido en ese sentido, el Estado creo un acuerdo con la etnia yukpa del Zulia en el que se negoció la compra de unas artesanías para ser llevadas a Caracas -2022- así se venía haciendo pero cuando esas reglas cambiaron y el Ministerio estableció que serían ellos quienes vendrían a comprarlo, se fue ampliando la periodicidad de la compra y ya no se cumplía la expectativa de los yukpa".

Valbuena subrayó que Venezuela al ser un estado democrático social, se encuentra bajo la expectativa de que el Gobierno cumpla con ciertas políticas que limitan su autonomía, debido a obligaciones.

"El Estado está deslegitimado en su poder porque la comunidad Yukpa ha perdido la confianza que le tenía. Ahora vemos que este acuerdo no está garantizado, que perdió la eficacia y por eso, los Yukpa no confían en el Estado. Lo aprecio como un círculo vicioso que derivó en un ambiente anárquico y este ambiente se tradujo en eventos que esta comunidad indígena ha llevado a cabo para forzar que se cumpla el acuerdo. Han tomado la justicia por sus propias manos", rechazó.

"Si bien este ambiente anárquico en otros efectos podría determinarse en protestas pacíficas, no ha sido así. Se han generado tomas de al menos dos cuarteles militares, un cuartel policial, funcionarios heridos, protestas no pacíficas frente a la sede del Poder Judicial; así como el cierre del puente sobre el Lago de Maracaibo en tres oportunidades".

Por tanto, estimó que si bien estos actos son la consecuencia a la falta de respeto a las obligaciones formales que asumió el Estado, no es menos cierto que han trascendido e inclusive, la semana pasada, se conoció que una viceministra fue retenida ilegalmente.

"No pueden cometerse ilícitos penales por la exigencia de los derechos. El llamado sería para ambos: para el Estado que cumpla con las obligaciones propicias al acuerdo en principio generado con la comunidad indígena; y para los Yukpa asumir vías más pacíficas para exigir el cumplimiento de sus derechos. Si bien la exigencia es legítima no es menos cierto que las acciones que han tomado han incurrido, inclusive en la ocupación ilegítima de ciertos galpones y empresas en Machiques De Perijá".