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Asamblea Nacional declaró inconstitucional próxima juramentación de Maduro el 10-E

El Cooperante | 13 noviembre, 2018

Caracas.- La Asamblea Nacional aprobó este martes el Acuerdo para impulsar una solución política a la crisis nacional, en donde declara inconstitucional la próxima juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República, prevista para el 10 de enero

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El documento manifiesta que Maduro incurriría en la usurpación de funciones, por considerar que el proceso comicial que se desarrolló el pasado 20 de mayo estuvo carente de garantías, además de exigir la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, la renovación del Consejo Nacional Electoral y la convocatoria a elecciones generales.

“Nos enfrentamos a horas oscuras bien complejas. Es menester de este Parlamento y la dirigencia política nacional buscar los mecanismos para concertar la materialización de este acuerdo (…) Nuestra labor es preservar el Parlamento como institución y como mecanismo para procurar el cambio político en Venezuela”, manifestó el diputado Juan Guaidó.

El acuerdo se conoció durante la sesión parlamentaria, hecho que motivó a que algunos diputados salvaron su voto. El parlamentario Américo De Grazia alegó que no podían “venir arreados” sin conocer exactamente qué establece el acuerdo. “Las observaciones que tengamos que hacer las haremos también de cara al país con la mejor buena fe y la intención de construir una estrategia común y una unidad de propósito”, sumó.


Por su parte, Delsa Solórzano manifestó que el texto es claro en declarar inconstitucional “la pretensión de Maduro de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero de 2019”. “El pueblo hoy pide a gritos unión y la fracción de la unidad se va a empeñar en construir esa unión”, prosiguió la parlamentaria.

A continuación el acuerdo aprobado por el Parlamento:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
en uso de sus atribuciones constitucionales

ACUERDO CON EL OBJETO DE IMPULSAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA A LA CRISIS NACIONAL, FORTALECIENDO LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS DEL PUEBLO DE VENEZUELA CON EL RESPALDO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional, junto a la más amplia representación de los sectores sociales, económicos, políticos y religiosos del país, unimos nuestras fuerzas para denunciar ante la comunidad internacional la trágica situación socioeconómica que vive Venezuela, al mismo tiempo hacer un llamado a nuestro pueblo a no perder la esperanza en nuestra legítima lucha por conquistar la libertad y la democracia. Coincidimos con el pueblo venezolano en que esta profunda crisis es resultado del modelo económico y del quebrantamiento del Estado de Derecho por parte del régimen totalitario de Nicolás Maduro, quien a pesar del desconocimiento generalizado de su fraudulenta elección pretende dar inicio al nuevo periodo constitucional pautado para el próximo 10 de enero, usurpando la presidencia de la República y alcanzando el culmen de su ilegitimidad a los ojos del pueblo venezolano y de la comunidad internacional, que ha conducido al país con mayores reservas energéticas del mundo a una verdadera situación de bancarrota económica y social;

CONSIDERANDO

Que la tragedia social que hoy vivimos se expresa en una grave crisis migratoria, la cual, según datos de las Naciones Unidas, alcanza ya a 3 millones de refugiados y emigrantes venezolanos en el mundo;

CONSIDERANDO

Que Venezuela sufre hoy una grave crisis económica que tiene como consecuencia, entre otros aspectos una altísima hiperinflación. En este  sentido, el Fondo Monetario Internacional estima que la inflación en Venezuela para el final del 2018 alcanzará más de 1.000.000%, y el PIB real caerá un 18% en el 2018 (el tercer año consecutivo en que cae más de un 10%). Esta crisis económica trae consigo miseria para nuestro país a niveles tales que en el 2017, el 82% de las familias vivían en la pobreza;

CONSIDERANDO

Que el deterioro sanitario es tal, que ocho de cada diez medicamentos no están disponibles en las farmacias por la hiperinflación que afecta a la economía venezolana. La escasez se ubica en un 90% en el caso de los fármacos de alto costo para padecimientos o enfermedades como cáncer, VIH y hemofilia. Durante el pasado mes de enero se registraron un aumento en el precio de los medicamentos entre 1.000% y 3.000%. Más de 22.000 médicos han dejado el país durante los últimos seis años;

CONSIDERANDO

Que la violación a los derechos humanos alcanza diversos ámbitos, a tal extremo que, en cuanto a la inseguridad personal, debemos decir que la violencia en el país se eleva a una tasa de 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y ha causado un total de 26.616 fallecidos en todo el territorio nacional en el 2017. La persecución política se incrementa cada día y hoy los 5 partidos democráticos más votados están ilegalizados (MUD, AD, PJ, UNT, VP), varios de los dirigentes claves asilados en embajadas, exiliados, presos o  inhabilitados, más de 232 presos políticos a la fecha del 4 de noviembre de 2018; y se producen detenciones extrajudiciales y juicios militares a civiles. Así mismo, es acorralada la libertad de prensa y debemos señalar que desde el año 2013, cuando llegó al poder Nicolás Maduro, hasta el mes de noviembre de 2018, 115 medios de comunicación cerraron;

CONSIDERANDO

Que hay un claro desmantelamiento industrial, puesto que de 3.200 industrias que había para comienzos de año, unas 700 están inoperativas debido a la falta de materia prima y los altos costos de producción. De igual modo, alarma la situación en la industria petrolera nacional, ya que la producción va en franca caída libre, pudiendo llegar a mínimos históricos y disminuir pronto a menos de un millón de barriles por día. Debemos destacar que en el 2008, Venezuela producía más de 3.2 millones de barriles por día;

CONSIDERANDO

Que estamos también en presencia de un grave ecocidio, ya que a fin de continuar el saqueo de la economía se ha permitido la destrucción de la Amazonía venezolana por la minería ilegal del oro y otros minerales.

ACUERDA

Primero. Apelar a la comunidad internacional para que, ante esta tragedia sin precedentes, con claras repercusiones regionales, sea posible fortalecer su solidaridad con las fuerzas democráticas y el pueblo de Venezuela, constatar la creciente ilegitimidad del régimen y sus consecuencias, y mantener de manera efectiva y progresiva la presión legítima sobre el mismo. Todo ello en procura de una solución a la crisis y la construcción de una transición democrática ordenada e inmediata, sin las cuales ninguno de los problemas que sufre Venezuela tendrá solución; esos problemas sólo tendrán solución a partir de una transición democrática, que debemos alcanzar urgentemente y preferiblemente tras una solución política que conlleve una transición ordenada.

Segundo. Afirmar que una solución política hará posible la construcción, sin venganza ni persecución, de un gobierno de paz y reconciliación nacional para iniciar la transformación económica y social de Venezuela.

Tercero. Comprometerse a crear el marco normativo que asegure el cambio político y la vuelta a la vida democrática, propiciando así la reconciliación nacional de acuerdo con la Constitución de 1999.

Cuarto: Procurar, junto a la comunidad internacional, una solución política que conlleve a:

• La atención urgente de necesidades sociales y económicas del pueblo de Venezuela de manera eficaz, práctica y demostrable.

• La liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados y levantar inhabilitaciones, excluyendo a delincuentes financieros.

• El restablecimiento del Estado de Derecho sobre la base de la Constitución vigente, en particular el restablecimiento de competencias
de la Asamblea Nacional, y la renovación de los poderes públicos.

• La disolución de la espuria Asamblea Nacional Constituyente.

• Condiciones electorales democráticas, de modo que sean posibles unas elecciones generales, en las que puedan participar libremente y con acceso igualitario a los medios de comunicación todos los partidos y candidatos, incluidos aquellos actualmente ilegalizados e inhabilitados por el régimen, organizadas por un nuevo Consejo Nacional Electoral y equilibrado, en fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos, bajo observación nacional e internacional calificada e independiente.

Quinto. Declarar como inconstitucional la pretensión de Nicolás Maduro Moros de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero de 2019, y convocar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional a defender la Constitución y propiciar el cambio político en nuestro país.

Sexto. Declarar que para lograr todos los cambios que el pueblo venezolano merece, el campo democrático cuenta con planes de reconstrucción nacional con líneas de acción muy claras, audaces pero realistas, en los campos económico, social,  energético, político-institucional, de infraestructura tecnológica, y de relaciones internacionales. Venezuela debe retornar a la democracia, el progreso incluyente, la libertad y el respeto absoluto por los derechos humanos.

Séptimo. Agradecer a la comunidad internacional el respaldo dado a la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela.

Octavo. Remitir el presente Acuerdo a los organismos internacionales correspondientes.

Noveno. Dar publicidad al presente Acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. Años 208° de la  Independencia y 159° de la Federación.

OMAR ENRIQUE BARBOZA GUTIÉRREZ
Presidente de la Asamblea Nacional

JULIO CÉSAR REYES
Primer Vicepresidente

ALFONSO JOSÉ MARQUINA
Segundo Vicepresidente

NEGAL MANUEL MORALES LLOVERA

Secretario

JOSÉ LUIS CARTAYA
Subsecretario

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