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Academia de Ciencias afirma que decreto de emergencia carece de fundamentación jurídica

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El Cooperante.- La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales se pronunció este jueves tras la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que reactivó el Decreto de Emergencia Económica dictado por el Presidente Nicolás Maduro.

En un comunicado, la Academia calificó como una “contravención directa y frontal” de las facultades de la Asamblea Nacional.

“No contrariar, modificar o reformar los textos constitucionales expresos, ni sustituir requisitos o procedimientos establecidos en la Constitución para el ejercicio legítimo de las atribuciones de los poderes públicos ni los Derechos Humanos, así como tampoco los procesos para conocer los diferentes asuntos que ha de decidir, particularmente los relativos al debido proceso”, agrega el comunicado.

La Academia, en su escrito, afirmó que los magistrados de la intérprete de la Carta Magna incurrieron en un “error inexcusable” al confundir el control político que ejerce la Asamblea Nacional con el judicial que ellos deben realizar.

“La decisión de la Asamblea Nacional de improbar o desaprobar el decreto ejecutivo de los estados de excepción, no obstante su naturaleza política, produce plenos efectos jurídicos en los casos de su aprobación, o la pérdida de su eficacia en caso de desaprobación, por tratarse de un requisito exigido constitucionalmente de manera expresa para su vigencia”, afirman.

“La sentencia de la Sala Constitucional que le niega a dicho acto de control legislativo esos efectos carece de toda fundamentación jurídica, puesto que tal control, es por el contrario, una manifestación del principio de balanzas y contrapesos en la separación de poderes”, apuntó el organismo presidido por Eugenio Hernández-Bretón.

La Sala Constitucional desestimó la negativa de la Asamblea Nacional por no aprobar el decreto de emergencia pedido por el Presidente Nicolás Maduro. Además señaló que los diputados erraron al analizar la resolución luego de ocho días de aprobado, tal y como manda el artículo 339 de la Constitución; y no en las 48 horas que manda la Ley Orgánica de Estados de Excepción.

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