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Así eran parte de los negocios del chavismo en Nicaragua que la Casa Blanca penalizó

El Cooperante | 12 abril, 2019

Caracas.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó en días pasados a la empresa conjunta de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) y a la entidad Bancorp, filial de la petrolera nicaraguense a través de la cual se realizaban las transacciones relacionadas.

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Así lo informó el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, quien indicó que ambas empresas del país centroamericano son parte de la “red de injertos” de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

Sin embargo, no es la primera vez que Albanisa es sancionada por la Casa Blanca. El 29 de enero de este año, el Gobierno de Donald Trump penalizó a la petrolera como parte de una ronda de sanciones a Pdvsa.

“A través de las sanciones a Pdvsa, Estados Unidos también ha sancionado a Albanisa de Nicaragua, la empresa mixta del Gobierno con Pdvsa y fondo ilícito del régimen corrupto de Daniel Ortega”, dijo entonces Bolton.


A esta sanción, le siguió la de Bancorp. El 9 de febrero, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, aclaró que las penalidades impuestas a Pdvsa y a Albanisa, también recaían sobre la entidad financiera.

En respuesta, Bancorp negó cualquier relación con las petroleras, asegurando que su capital era netamente privado y que estas no tenían incidencia alguna sobre sus operaciones. No obstante, desde la fundación de esta entidad, sus vínculos con Albanisa fueron revelados, aunque no oficialmente.

Bancorp

En 2014, la Superitendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (Siboif) autorizó a Bancorp dar inicio a sus operaciones, aunque no fue hasta 2017 que la entidad abrió sus puertas al público.

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Extraoficialmente se conoció que la directiva del naciente banco estaría conformada por José Francisco López, entones vicepresidente de Albanisa, y por Jorge Martínez González, presidente de la Caja Rural Nacional (Caruna), información que fue confirmada en 2016 por Víctor Urcuyo, presidente hasta enero pasado de la Siboif.

Según Nicaragua Investiga, Urcuyo, quien fue presionado por la bancada opositora del Parlamento para que respondiera por qué Bancorp no empezaba sus operaciones tras más dos años de años de haber sido autorizado, confirmó en entrevista al Diario La Prensa, que Albanisa era el grupo detrás de la constitución de la entidad.

La información fue respaldada en una investigación realizada por El Tiempo Latino que se desglosa en varias entregas, en la que se explica que el capital de inversión para fundar Bancorp, provenía de Albanisa, y su domicilio principal, según los datos de la Siboif, era el mismo que el de la sede de la petrolera en Managua, capital de Nicaragua.

Sumado a esto, de acuerdo con varias auditorías del ente regulador a las que el referido medio tuvo acceso, Albanisa aparecía como “parte relacionada” por su “vinculación significativa con directivos y/o accionistas del banco”, esto debido principalmente a que la petrolera nicaragüense fue la solicitante formal de la creación de Bancorp, tal como lo había revelado una fuente a Confidencial en el año 2013.

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Aunque la entidad financiera no arrancó sus operaciones públicamente hasta 2017, en abril 2015 había empezado a operar silenciosamente, operando un par de fideicomisos por 25 años.

El primero de ellos, para administrar la cartera de créditos, y el segundo, para administrar los fondos. En conjunto, ambos fideicomisos ascendían a USD 1357 millones y estaban relacionados con Albanisa. Los mismos, cerraron a finales de 2016 en USD 1558 millones.

De las finanzas del banco en los años consiguientes, poco se conoce oficialmente, pero después de las sanciones de Estados Unidos a Pdvsa que salpicaron a Albanisa, Bancorp se convirtió en la principal entidad en la que la petrolera nicaragüense depositó sus fondos, esto ante el miedo de la banca nacional de ser sancionadas por sus nexos con la estatal.

La investigación de El Tiempo Latino, también pudo confirmar que Bancorp se posicionó, a partir del segundo
semestre de 2017, “en uno de los principales compradores de letras del Banco Central de Nicaragua y bonos de la República, ambos instrumentos financieros locales”.

Una decisión más drástica siguió este 2019, cuando el Congreso de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó la compra de Bancorp por parte del Estado, medida que economistas locales calificaron como peligrosa para la nación.

Al respecto, un especialista dijo a Confidencial que quizás el Gobierno de Daniel Ortega, lo que busca con la compra del banco es “obtener liquidez de un activo que está desacreditado, porque nadie lo compraría”.

Según este, el valor de mecado de Bancorp es cercano a cero. La transacción, que se realizará por la suma de casi USD 29 millones, escondería, además, fines ilícitos, tal como denunció la bancada opositora del Parlamento, la cual, explicó que dicha negociación se aprobó sin previa auditoría de la entidad.

“Ellos están acostumbrados a nombrar testaferros para interponer sus bienes, pero esta vez lo están haciendo con el Estado”, advirtió uno de los parlamentarios.

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Otros expertos, señalaron que la compra de Bancorp por parte del Estado, se debe a una estrategia para tratar de evitar que las sanciones de Estados Unidos alcancen al banco.

Sin embargo, Douglas Farah, presidente de una consultora nicaragüense, aseguró que dicho plan de “maquillaje” no servirá para evitar las penalidades del país norteamericano.

“En general, no tiene ningún impacto, y no ayudaría a evadir las sanciones. Las medidas son tan amplias, que siempre alcanzan a castigar a las empresas que se deriven de la casa matriz”, refirió Farah, quien acotó que “en el derecho estadounidense, si yo maquillo una compañía que está delinquiendo para que mis intereses no se vean comprometidos, las cortes tienen la obligación de dejar ese maquillaje a un lado para perseguir al delincuente”. 

Bancorp también en señalado de ser pieza clave en las turbias negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y el de Venezuela, razón por la que Daniel Ortega quiere evitar a toda costa, represe que este sea alcanzado por las sanciones.

En 2016, la sede del Bandes en el país centroamericano fue movida a una de las oficinas de Bancorp, esto ante la negativa de María Auxiliadora Díaz Gómez, gerente país de la entidad, de cerrar la agencia por las irregularidades y la pérdidas que representaban para Venezuela.

Más tarde, ese mismo año, Bancorp aprobó un crédito de USD 120,000 para Huankar Martín Espinoza, un modelo nicaragüense cercano a Díaz Gómez, que se convirtió en su posterior socio en Happy Pizza Restaurant y Bar, un local en una exclusiva zona de Nicaragua levantado con parte de los fondos del Bandes.

Albanisa

Nicaragua entró a  Petrocaribe en enero de 2007, luego de que Daniel Ortega tomara posesión de la presidencia, y con su ingreso a la alianza petrolera, Nicaragua firmó un acuerdo de cooperación energética que establecía que diez millones de barriles de petróleos anuales, debían ser destinados a ese país.

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Para llevar a cabo dicho convenio, Nicaragua tenía que crear una empresa privada que fungiera como importadora petrolera y receptora de estos beneficios y otros que se fueron sumando con el paso del tiempo.

Seis meses después de ingresar a Petrocaribe, fue creada Albanisa, una empresa conjunta entre las estatales Petronic y Pdvsa, con 49% y 51% de las acciones, respectivamente.

Según El Tiempo Latino, para entonces, la junta directiva de Albanisa, fue encabezada por Asdrúbal Chávez Jiménez, y conformada, entre otros, por Eulogio del Pino, exministro de Petróleo actualmente acusado por hechos de corrupción, y para la fecha, representante de PDV Caribe.

Otros miembros de la junta directiva de Albanisa tras su creación: 

José Francisco López, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de Petróleos, Petronic, y vicepresidente de Albanisa. Tesorero del Frente Sandinista.

Paul Oquist, Coordinador del Consejo de Políticas Nacionales del Gobierno nicaragüense y secretario de la Junta Directiva de Albanisa. Norteamericano nacionalizado nicaragüense.

Emilio Rapacciolli Baltodano, Ministro de Energía y Minas del Gobierno de Nicaragua en ese entonces, actualmente asesor presidencial para temas energéticos.

Salvador Vanegas, secretario administrativo de la presidencia de Nicaragua en ese momento, actualmente asesor en temas de educación de la Presidencia.

Juan Rodolfo Delgado, asesor presidencial del gobierno de Nicaragua para participación ciudadana.

Fernando Valera Ventura, representante de PDV Caribe y Tesorero de Albanisa. 

Enrique García Lorenzo, representante de PDV Caribe.

De acuerdo con El Tiempo Latino, el convenio firmado entre Ortega y Petrocaribe, establecía “un mecanismo mediante el cual Nicaragua, a través de un actor económico privado, pagaría en efectivo y de contado solamente una parte de su factura petrolera”.

El resto del dinero, explica el documento, “Alba de Nicaragua, S.A., no lo estaría entregando de manera inmediata, sino que sería parte de un préstamo a largo plazo con tasas de interés preferenciales”. Fue esta cooperación lo que permitió a Ortega afianzarse en el poder y financiar su Gobierno.

Inicialmente, según Confidencial, “el acuerdo original establecía que Nicaragua pagaría el 50% de la factura petrolera a 90 días y el otro 50% se pagaría en términos concesionales pactados a más de 23 años de plazo con dos de gracia, quedando este fondo a disposición de Nicaragua para financiar obras de infraestructura y proyectos sociales”.

Sin embargo, este convenio fue modificado pocos meses después, el cual fijaba que del 50 % del préstamo a pagar en más de 20 años, 25% sería cooperación no reembolsable canalizada a través del Fondo Alba, y el restante. otro 25%, sería asumido por Nicaragua.

No obstante con esto, en 2008, Venezuela y Nicaragua modificaron uno de los artículos de la Cooperación Energética del Alba, a fin de destinar parte de los fondos de Albanisa a una empresa nicaragüense elegida por Pdvsa, la cual, resultó ser Caruna, la misma que años más tarde estaría implicada en la creación de Bancorp y sus posteriores irregularidades.

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Este empresa, conocida ampliamente por estar vinculada con la familia presidencial de Nicaragua y por ser el aparato financiero del Frente Sandinista, pasó a ser la receptora y administradora de todos los fondos de Albanisa en 2016.

Caruna es señalada de violar la Ley de Deuda Pública en incontables ocasiones, aspecto que fue advertido por economistas nicaragüenses en 2008, después de la modificación del acuerdo entre Venezuela y Niacaragua, pero que Pdvsa ignoró pese a los informes de riesgo.

“Caruna no posee cualidad para administrar los fondos en cuestión (…) más allá de lo financiero y de los informes que pudieran obtenerse, nos interesa garantizar el retorno de estos recursos”, explicaban asesores jurídicos de Pdvsa en una serie de más de 1000 documentos sobre el caso obtenidos por Confidencial.

En estos, que datan del año 2008 y alcanzan el año 2016, también refieren las absurdas estipulaciones del contrato suscrito por Asdrúbal Chávez en 2007. Según el análisis recopilado, Venezuela nunca fijó una garantía para que los fondos prestados fuesen devueltos, ya sea a través de las ganancias generadas por las inversiones realizadas o como deuda.

Tampoco se autorizó a Pdvsa realizar auditorías a Caruna para verificar que los fondos aportados estaban siendo destinados a lo acordado. Asimismo, se delegó la facultad de terminación del contrato de las parte a Caruna, es decir, que Pdvsa no podía, bajo ninguna circunstancia, cancelar el convenio, pese a que era el mayor accionista de la asociación.

“Una de las cosas que señalan estos nuevos documentos es que Caruna estaba usando los recursos para otorgar créditos a cooperativas y productores rurales, y que no estaban destinados para eso, sino para créditos redituables”, explicó al respecto el economista economista Adolfo Acevedo al mencionado medio nicaragüense.

Esto salpicó directamente a Pdvsa, puesto que era la dueña de los fondos de los créditos, lo que significó pérdida en parte del préstamo. Asimismo, según Acevedo, dichos fondos tenía que ser administrados por un Fondo ALBA, y no por Caruna, la cual, además, no estaba facultada por las leyes locales para ser administradora de tales recursos.

En este sentido, Acevedo indició que el problema radica en que Caruna no representa al Estado de Nicaragua, “en consecuencia, la operación se ejecuta en violación al Tratado Energético del ALBA y a la Ley de Nicaragua, respectivamente”, sostiene la recopilación jurídica de Pdvsa.

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“Los documentos te dicen que esta es una deuda contraída por el Estado de Nicaragua; el problema es que Caruna no representaba al Estado de Nicaragua y que Caruna no podía dar ninguna garantía soberana”, puntualizó el especialista.

De acuerdo con expertos nicaragüenses que se han dedicado a investigar la turbia negociación entre Venezuela y Nicaragua, aunque los tratos se llevaron a cabo bajo la estructura de una deuda privada, la realidad que es que fue un acuerdo Estado a Estado, es decir, que el dinero prestado por Venezuela, debía pagarlo el Gobierno de Nicaragua.

Pero ante el riesgo de ser descubierto por Estados Unidos y sancionado, se acordó que Albanisa administraría los fondos de la cooperación. Con esta acción, según El Tiempo Latino, Ortega protegió a Caruna de las posteriores sanciones del país norteamericano, las cuales, en 2017 alcanzaron a la estatal de petróleos venezolana.

“A petición del Gobierno de Venezuela, todos los activos y pasivos relacionados con el esquema de cooperación petrolera están en proceso de ser transferidos de Caruna a Albanisa”, fue el reporte de Nicaragua al Fondo Monetario Internacional ante el cambio de administrador de fondos de la cooperación binacional.

Ese mismo año, el Banco Central de Venezuela, compró la deuda de Albanisa con Pdvsa, lo que generó que el monto de esas deuda disminuyera en 67%, lo que se traduce en mayores pérdidas para el país.

“Es importante destacar que la firma se dio mediante un convenio entre países, firmados por los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega en el año 2007, y ratificado por la Asamblea Nacional, pero es hasta después de una serie de ‘simulaciones’, que termina siendo manejada por Caruna, una cooperativa privada ligada al Frente Sandinista”, recalcó el exdiputado opositor a Ortega, Carlos Langrand, a Confidencial.

En este sentido, advirtió la posibilidad de que, a través del Congreso de mayoría oficialista, Ortega pueda legalizar la deuda contraída en dicho acuerdo como soberana o pública, puesto que esto “representaría la quiebra de Nicaragua con un endeudamiento externo superior al 80% del PIB”.

Según un reporte de Confidencial en 2013, el asunto no fue tratado con importancia en Venezuela porque la suma suministrada por Pdvsa a Albanisa hasta ese año como parte de la cooperación, que ascendía a más USD 3000 millones, representó apenas un 0,69 del PIB del país.

En cambio, dicha suma equivalía al 27% del PIB de Nicaragua, por lo que la oposición y economistas independientes, han seguido el caso con cautela desde sus inicios. Hasta 2017, El Tiempo Latino estimóque los fondos por cooperación mediante Pdvsa, ascendían a USD 3743 millones, lo que ha permitido al Gobierno de Ortega mantenerse aferrado al poder.

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