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Bachelet reiteró su preocupación por la violación de DDHH en el socialismo de Maduro

El Cooperante | 20 marzo, 2019

Caracas/Foto de portada: Reuters.- La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, manifestó este miércoles estar “profundamente preocupada por la magnitud y la gravedad” del impacto de la crisis actual en esta materia, que también es un factor desestabilizador.

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Bachelet manifestó en su informe más reciente que el alcance y la gravedad de la crisis en los alimentos, la atención medica y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por el Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que las medidas que han adoptado han sido insuficientes.





Sostuvo que el reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha exacerbado esta situación, reduciendo aún más el acceso de las personas a los alimentos, agua y medicamentos, y afectando gravemente a los hospitales. “Aún no se conoce a magnitud del daño y el número de victimas directas, pero el apagón usualmente largo encarna los desafíos de la infraestructura que enfrenta Venezuela”.

La comisionada manifestó que es importante que el equipo de derechos humanos de la ONU que se encuentra en Venezuela tenga acceso sin obstáculos a todas las áreas, sin represalias en contra de ninguna persona que se haya reunido o haya intentado reunirse con los delegados.

Se refirió a la escasez de agua, de gas natural y al colapso del transporte público, que todavía afectan a muchos venezolanos y, junto con la hiperinflación, generan condiciones económicas extremas que han provocado miles de protestas sociales, y dijo que el sistema de salud continúa deteriorándose, con un impacto “muy significativo” en la mortalidad y morbilidad materna y en la mortalidad infantil.





El documento señala que más de 1 millón de niños ya no asisten a la escuela, principalmente debido a que los padres no pueden darles desayuno, el fracaso de los programas de alimentación escolar y la falta de transporte público, así como la ausencia de docentes.

“Si bien esta crisis económica y social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones puedan contribuir a agravar la crisis económica”, manifestó la alta comisionada.

Destacó la comisionada que las divisiones política que existen en el país están “exacerbando” una situación que de por sí es crítica y destacó la necesidad de una cuerdo común sobre una solución por parte de todas las partes interesadas, con acciones para mejorar una amplia gama de cuestiones urgentes de derechos humanos.

“Pido a las autoridades venezolanas que tomen medidas para demostrar su compromiso real de abordar los numerosos problemas difíciles que se informan en todo el país”, dijo Bachelet.

Criminalización de protestas y disidencia

En este sentido, Bachelet expresó su “profunda preocupación” por la reducción del espacio democrático, sobre todo por la “criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia” en Venezuela.

Señaló que en el contexto de la última oleada de protestas en todo el país, durante enero y febrero, la oficina de la ONU documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales.

“Documentamos el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones. Muchas de estas preocupaciones han sido destacadas en nuestros comunicados y nuestro informe”, dijo.

Asesinatos por la FAES

La alta comisionada para los derechos humanos manifestó que la oficina continúa las investigaciones de informes sobre posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Puntualizó la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana  asesinato, al menos, a 205 personas en 2018.

Según refiere el informe, otros habrían sido asesinados en enero de 2019 en la ciudad de Caracas. “Asesinatos siguen patrón similar. Durante allanamientos ilegales a las casas realizados por la FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan que las víctimas estaban desarmadas”, expresó.

En este contexto, Bachelet expuso que, en algunos casos, los familiares de las víctimas han alegado que la Fiscalía General de la República, a cargo del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, “se negó explícitamente a iniciar” investigaciones en contra de los miembros de la FAES.

La mayoría de las víctimas, prosigue el documento de la ONU, vivían en barrios pobres y participaron en protestas antigubernamentales, “y me preocupan especialmente los informes que indican que este tipo de operación se utiliza como una forma de represalia e intimidación”.

Aunado a ello, la funcionaria también expresó su preocupación por el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y prensa en Venezuela y apuntó que autoridades venezolanas han utilizado arbitrariamente la Ley contra el Odio para procesar a periodistas, opositores y cualquiera que exprese opiniones disidentes.

Diáspora venezolana

“Como resultado directo de esta profunda crisis de derechos humanos, más de 3 millones de personas han huido de Venezuela en busca de alimentos, atención médica, trabajo y protección. Muchos venezolanos se van en salud precaria y con pocos o ningún recurso financiero; sus dificultades se ven agravadas por las prácticas de extorsión y apropiación por parte de algunos guardias fronterizos”, señaló.

Bachelet recordó que los venezolanos también enfrentan “enormes obstáculos” para obtener documentación que facilite la migración regular y el acceso a la educación o al trabajo en otros países. En tal sentido, reconoció los esfuerzos realizados por los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y los aliento a continuar combatiendo la xenofobia y la discriminación.

“Los países de la región se han enfrentado a la llegada masiva de venezolanos que a menudo tienen necesidades urgentes de protección humanitaria y de derechos humanos”, sumó.

 

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