Balance de la AN: leyes de un Parlamento que pasa sin pena ni gloria

Caracas. El miércoles 4-1-23 se instaló el período 2023-2024 de la Asamblea Nacional, la que ya lleva dos legislaturas: 2021-2022 y 2022-2023. Para el tercer lapso fue reelegido Jorge Rodríguez y en la VP el chavismo rotó a sus cuadros más jóvenes o históricos. Para esta ocasión, tocó a dos diputados de generaciones chavistas más nuevas: Pedro Infante y América Pérez.

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Rodríguez va para su tercer año en la presidencia de la AN. Cilia Flores es la que más ha durado como presidenta del parlamento (2006-2011), seguida de Diosdado Cabello (2012-2016), William Lara (2000-2003), y Francisco Ameliach (2003-2005). De manera que el chavismo tiene tradición en repetir a sus presidentes del parlamento, y los cambios son en las vicepresidencias, secretarías, y comisiones.

El discurso de Rodríguez para instalar al parlamento no fue mayor cosa. Centrado en los contenidos tradicionales del chavismo: los intentos para derrocarlo y el hecho que hoy hay estabilidad política. El diputado llamó a no descuidarse porque, en su opinión, los grupos opositores seguirán en la idea de tumbar al gobierno, “aunque hoy son más débiles”.

¿Cuál es el balance del parlamento? Cuando cumplió su primer año, hice una evaluación de su desempeño para El Cooperante. Al comenzar su tercer año, haré lo mismo con el mismo método que empleé en 2022: lo planteado versus lo realizado. Aquí incluyo la agenda legislativa para 2023 aprobada por los diputados en la sesión del martes 17-1-23.

Veamos el Cuadro 1 que compara 2022 con 2021.

La AN sancionó un total de 59 leyes entre el 5-1-21 y el 5-1-23. No todas son leyes de la república porque no se han publicado en gaceta oficial. De acuerdo al balance de la Asamblea Nacional al día 16-12-22, faltan por publicar 8 leyes de las 21 aprobadas en 2022.

Si se ve por áreas a legislar, la concentración de leyes sancionadas está en cuatro que concentran poco más del 70% de la legislación aprobada a partir de 2021. Estas son, en orden de importancia: Social, Justicia, Económica, y Administración pública con 42 leyes de un total de 59 normas.

Si se ve por cada año, hay diferencias con la evaluación global.

El año 2021 fue social. Posiblemente para darle legitimidad a la AN en el público, dado que la oposición “de la presión y el quiebre” cuestionó la legitimidad de la elección del día 6-12-20. Comenzar por normas sociales para comunicar que el parlamento “trabaja por nuestro pueblo”, como al chavismo le encanta decir. En 2022, en cambio, el énfasis fue en lo económico. Quizás para apoyar el ajuste económico que el ejecutivo adelanta.

Sin embargo, lo anterior puede ser así desde el punto de vista cuantitativo. Si se ve en lo cualitativo la visión de lo sancionado por la AN es otra.

Lo aprobado en lo económico deja ver una legislación que se orienta más por la coyuntura, pero con poca visión a largo plazo. Por ejemplo, en 2022 se sancionaron las leyes de las ZEE, IGTF, de seguros, la ley de presupuesto y la de endeudamiento.

Lo aprobado no deja ver una línea de estrategia económica sino leyes que se espera activen la economía o para generar recursos al Estado, como puede ser el caso de la ley de las ZEE y la de IGTF respectivamente. Pero no pareciera existir un gran plan o uno pensado para el tema económico. Se quiere crecer, se aprobó la ley de las ZEE -¿cómo irá su instrumentación?- el Estado necesita recursos, se sancionó la ley de IGTF, y así, pero no hay un plan tipo esta ley encaja aquí, para producir tal resultado, o promover un “círculo virtuoso” para el crecimiento económico. Las leyes se ven como auto-generadoras de cambios por sí mismas que es la imagen de la AN como “fábrica de leyes” que no es una idea que desagrada al chavismo o a los sistemas autoritarios en los que los parlamentos son eso, “fábricas de leyes”, no de debates, que también son parte de la vida de un legislativo.  

El bloque del PSUV pareciera tener clara las áreas donde concentrar la legislación, pero no es muy eficiente a la hora de una estrategia de leyes, sino que éstas salen en función de la coyuntura política, de lo posible -dentro del mundo del poder chavista- o de las necesidades del ejecutivo en función del momento que viva el país. Por ejemplo, la propuesta para regular el financiamiento de las ONG no se planteó en la agenda de 2022 ni en la de 2023, pero se sacó en la coyuntura de las protestas y tuvo su primera discusión el día 24-1-23, donde fue aprobada. Una “legislación express” propia de sistemas autoritarios.

Un punto que contribuye a lo anterior es que la opinión pública no conoce o poco la legislación aprobada. Son 59 leyes sancionadas entre 2021-2023, pero pocas se conocen. No parece una legislación que influya en la vida cotidiana de las personas. Leyes que se aprueban pero que no se siente su impacto en la vida diaria, aunque hay algunas que tocan a públicos claves -familias- temas novedosos como la de trabajadores domésticos, o asuntos que hoy importan a la opinión como es la corrupción. Pero nada de lo aprobado en estos temas tiene eco en la opinión pública ni tampoco se sabe cómo impactan el funcionamiento del Estado. Hay un divorcio entre lo normativo que se aprueba y la realidad de la vida social e institucional. Tampoco hay interés en difundir las leyes. Por ejemplo, como la de teatro, ciclismo urbano, o las relativas a los “cuidados para la vida”. De nuevo, la dualidad de Venezuela: hay una vida de leyes –perfecta; el “mundo feliz” del “socialismo científico” de gobernantes cuyas vidas son plenas y felices gracias al poder que ostentan- pero una vida real de los ciudadanos y ciudadanas, y no parece haber mucha relación entre las dos más allá de lo necesario. Las 59 normas no comunican ser leyes que tengan efectos en la vida diaria.

Lo anterior se observa si se compara lo propuesto en 2022 con lo sancionado. Se propuso una agenda legislativa de 23 leyes, pero de esa agenda se aprobaron 8 leyes (35%). De las 21 que se sancionaron en 2022, 13 corresponden a otras normas que aparecieron durante el año. Es decir, de las 21 normas, 13 (62%) no estaban en la agenda propuesta en 2022 sino se incorporaron después, lo que sugiere que una disciplina en cuanto a una agenda legislativa no es muy fuerte en la bancada del PSUV. Aquí entra la coyuntura del país y las necesidades políticas del chavismo para explicar que la agenda de 2022 no se haya cumplido.

Las 8 leyes sancionadas en 2022 que estaban en la agenda de ese año son: TSJ, corrupción, ZEE, IGTF, seguros, ciencia y tecnología, publicaciones oficiales, y familias. Entraron leyes políticamente simbólicas -muy importantes para el chavismo, es la construcción de la “superestructura”- como la del uso de la efigie de Bolívar, y para las condecoraciones Darío Vivas y la del Cacique Guaicaipuro.

Tampoco la AN es un espacio para grandes debates, que el público sienta como un terreno para la discusión política, que en verdad le hable al público, de sus problemas y sueños, o el lugar en donde se debaten temas nacionales. Es un espacio que está ahí, que aprueba leyes, pero que no parece son sentidas por la población, a pesar que el discurso es que los proyectos pasan -así lo establece la constitución- por un amplio proceso de consulta pública.

Hay un área a legislar y un tema que merecen comentarios en el balance de la legislatura de 2022.

El área es la Justicia. En 2021 tuvo un peso importante con poco más del 20% de leyes sancionadas. En 2022 bajó al 14 por ciento. En la agenda de 2022 se propusieron 6 normas en esta área y se aprobaron 3. Igual con el área Social. Se propusieron 6 para 2022 y se sancionaron dos. En el tema Económico se plantearon 3 normas y se sancionaron 5 leyes.

¿Cómo explicarlo? Posiblemente para 2022 el PSUV quiso venir con mucha energía en lo social y la justicia, pero lo económico apareció en el camino, y tomó el liderazgo en las normas.

Tal vez en lo social no hay consenso dentro del chavismo y en la justicia posiblemente el tema bajó como interés en la opinión pública, y eso llegó al parlamento. Hay que recordar que 2021 fue el año en que la CPI anunció su investigación sobre Venezuela (violaciones a los DD.HH cometidas por el gobierno de Maduro). En 2022 el tema perdió fuerza y a lo mejor por eso las leyes sobre la justicia quedaron fuera, especialmente las vinculadas al tema de los DD.HH como la de genocidio, reparación a las víctimas, y sistema de justicia, las tres aprobadas en primera discusión los días 14-12-21, 27-10-21, y 17-8-21 respectivamente. En su lugar se incluyeron las leyes sobre defensa pública y antecedentes penales, ambas sancionadas. Lo que esto puede indicar es que la prioridad del ejecutivo es mostrar que tiene un sistema de justicia que funciona y menos el tema de las garantías y reconocimiento a los abusos a los DD.HH por parte del Estado, que es otra cosa. La prioridad es decir que hay un sistema de justicia, el que tiene una estructura normativa en códigos, que posee policías, y procedimientos asociados como protección a testigos, la defensa pública, y los antecedentes penales.

El tema por comentar es lo comunal, que es bandera del chavismo y del gobierno de Maduro. Sin embargo, las normas propuestas para 2022 no se aprobaron. Sí se discuten normas de las sancionadas durante Chávez, pero no las propuestas en 2021 que son las de ciudades comunales que llegó a la segunda discusión hasta el artículo 10 (22-6-21) y la del parlamento comunal, aprobada en primera discusión el día 13-4-21.

Lo interesante es que de estas dos últimas propuestas no se habló más y entraron otras aprobadas durante el gobierno de Chávez ¿Cómo explicar esto que es bien interesante, aunque “pasó por debajo de la mesa”?

Tengo una hipótesis. El gobierno prefiere abordar una legislación ya existente que aprobar una nueva que puede disparar el descontento o protestas políticas que alteren la estabilidad. Quizás hace el trabajo de cabildeo para evitarlo o las revisa para que sus contenidos no sean amenazantes, principalmente al público opositor. Pero todavía no las aprueba, aunque 2023 parece será el año de las leyes del “poder popular”, como han anunciado desde la presidencia del parlamento.

El balance de 2022 de la AN es extraño. Funciona, tiene actividad legislativa, de comisiones, no hay grandes debates, pero el parlamento hace leyes (59 hasta la fecha). Lo extraño es que es un parlamento en un sistema político estable pero que es una estabilidad que no tiene eco en la cotidianidad. Es una estabilidad con cuerpo, pero sin alma. Es músculo, pero sin fuerza. La homeostasis es endógena: desde y para el sistema político chavista pero no para la sociedad, que tiene su propio equilibrio que lo alcanzó a partir de su vivencia de la crisis económica y del conflicto político, y definió su propia homeostasis que no tiene nada que ver con la del ejecutivo. Parafraseando sobre lo que se dice de China, Venezuela es algo como “un sistema, dos homeostasis”. El parlamento funciona, pero su impacto en la vida cotidiana, en cambiar la realidad sobre la que legisla es más discutible. Hoy pasa “sin pena ni gloria”. 

Esto no es una falla exclusiva de la AN sino de la realidad política venezolana en general. La represión del Estado y la insurrección que se impuso como estrategia en la oposición vaciaron de contenido a la política. Es una política chucuta en el sentido que la parte de debate, de tensión, se le quitó por el conflicto de años previos, que nadie quiere vivir o repetir. Menos el gobierno, pero tampoco la oposición. Entonces es como una política sin sabor, pero no es “light” porque al menos sabría a algo, pero es una sin sabor que se ve en una AN que tiene muchas formas y modales como se vio durante el acto de instalación el día 4-1-23, cuando las bancadas parlamentarias hablaron de reconocer sus diferencias y de tener “debates de altura” pero el problema es que no hay nada de eso. Otro mundo de fantasía desde el poder. Ni siquiera un silencio de altura. Al primer asomo de algo disruptivo, la directiva del parlamento lo corta. Es una política sin sal, pero ese es el ambiente político venezolano en general. Como que la sociedad, por los excesos de conflicto, decidió algo como una “dieta política” por lo que nada de la política motiva o interesa. Solo las marchas y en ciertos públicos.

Entonces la AN aprueba leyes para construir un sistema político chavista que no es mentira, que existe, está allí, pero dentro de una sociedad que tiene un sistema paralelo que no significa ir contra el modelo chavista, sino es otro sistema para otra vida. La separación ya no es por el conflicto sino porque el gobierno vive la fantasía de su “república socialista” pero república aérea al final y la sociedad vive su vida, de privaciones y deseos, de cambios y mejoras. Las dos son paralelas, no están en conflicto por los momentos, sino cada una en su vía y se relacionan cuando tienen que hacerlo como cuando el Estado cobra impuestos o el público va al Saime. El problema de Venezuela, entonces, no es una sociedad fracturada por el conflicto sino una fracturada por vidas paralelas que cada sector vive y “no hay problemas con nadie” (“por ahora” o solo es en el discurso). Lo que hay en Venezuela es algo como una paz a-social, no social ni tampoco antisocial.

Quizás por esto, Jorge Rodríguez enfatizó en sus palabras al ser juramentado por tercera vez como presidente de la AN, que los diputados tienen que bajar a la realidad y, por ejemplo, “saber lo que pasa en Ciudad Bolívar”, casualmente, capital de un estado con una ruda vida que la AN no recoge en sus debates –pudiera hacer uno sobre cómo se vive en Bolívar- y menos sus diputados. Ese es el “ground zero” de la política venezolana. Las vidas paralelas.

Por su parte, el primer VP, Pedro Infante, expresó que van a estudiar mecanismos para “revolucionar” la consulta de leyes. Maduro también dejó ver que se requiere más coordinación para estudiar propuestas de normas. El gobierno concienció que la labor del parlamento no trasciende, aunque tiene un balance que presentar.

¿Cómo evaluar la agenda legislativa propuesta para 2023? 

La agenda planteada por Jorge Rodríguez no sorprende. Luce que 2023 será un año en que el gobierno sacará las leyes “del poder popular”. Con el tema de la justicia, Rodríguez parece concienciar que el área fue descuidada por el parlamento. Indicó que “hemos aprobado 11 leyes, pero faltan 4”. Esta área es relevante para el gobierno como lo dejó ver el comunicado del comisionado de la ONU para los DD.HH, Volker Türk, con fecha 28-1-23. Türk destacó que el ejecutivo le manifestó un firme compromiso para reformar al sistema de justicia, que el parlamento adelanta desde 2021.

Sobre lo económico, la propuesta es muy general, por lo que asumo que todo dependerá de la agenda del gobierno. Quizás la indefinición es porque el ejecutivo será pragmático en sus medidas. No puede ofrecer una agenda de leyes económicas precisa porque las decisiones se harán sobre la marcha, especialmente cuando el año arrancó con protestas de los trabajadores que han perdido su salario y calidad de vida con el ajuste económico que adelanta el ejecutivo.

A diferencia de 2022, la agenda para este año se encuadró en “bloques de leyes” por áreas a legislar.

Veamos la agenda legislativa para 2023 con respecto a las leyes sancionadas en 2022:

Si el total de leyes propuestas para este año se compara con la labor legislativa desde enero de 2021, se mantiene la concentración de leyes en 4 áreas: Administración pública, Social, Economía, y Justicia, solo que en cada año legislativo cambia la importancia de cada área.

Por ejemplo, para 2023 el área de Administración pública es la cuarta (2 instrumentos, propuestos), después de las áreas Social, Justicia, y Economía con 10, 6, y 4 normas respectivamente propuestas para este año. En 2022, en cambio -en la agenda legislativa propuesta en el cuadro 1- el área de la Administración pública tuvo el segundo lugar mientras que el área Economía alcanzó el cuarto lugar en leyes propuestas para el año pasado.

Este cambio dentro de las 4 áreas las que desde 2021 concentran al menos el 75% de la legislación propuesta o sancionada, puede deberse a la coyuntura de cada momento. Parece que 2023 será –como 2021- otro año social porque comenzó con protestas por el tema salarial por lo que subió su importancia para 2023 para ponerse en la primera área a legislar en la agenda propuesta para este año –con 10 propuestas de leyes- aunque no hay ninguna propuesta sobre el tema salarial en específico.

Al igual que en 2022, en la agenda legislativa para 2023 no se observa una idea central, una visión macro al menos para el área Económica. Son propuestas coyunturales o políticas. Hay que complacer a un público determinado, se plantea la ley del agave. El ejecutivo conciencia que no hay muchos recursos y, entonces, en la sesión del 17 se propuso una ley para promover exportaciones no tradicionales, pero no se habló de ella en la agenda de leyes para este año planteada el día 10-1-23. Se incluyó cuando Maduro la mencionó en su mensaje anual del día 12-1-23. La agenda legislativa va en función de la coyuntura política y las necesidades del ejecutivo.

No hay una legislación marco para un ajuste económico. Algo como una reforma a la ley del BCV, de presupuesto, de bancos, sino propuestas en función del momento o de lo que el gobierno cree es el problema económico en una situación determinada. Quiere impulsar a los emprendedores porque asume eso traerá crecimiento, propone una ley de comercio digital. Pero son leyes que parecen como sueltas: comunal, agave, comercio digital, impuestos, exportaciones no tradicionales ¿Cuál será la línea que las une? O lo macro el ejecutivo se lo reserva y enviará las leyes cuando lo estime conveniente o siente que su ajuste económico está muy bien y propone leyes que van del cocuy a las exportaciones no tradicionales en esta área, sin mayor vinculación entre una y otra.

No hay que descartar este creerse que todo va muy bien, propio de quien está en el poder. En el programa de Vladimir Villegas, el diputado Nicolás Maduro Guerra afirmó que el presidente Maduro “debe dar clases en Harvard”. Para decir algo así hay que estar muy bien y no vivir lo que vive el común. El gobierno detuvo la hiper, cierto, pero a un costo muy alto. Uno del que no se habla es que el ajuste lo pudo hacer en 2015 o 2016, y el sufrimiento “de nuestro pueblo” hubiera sido muchísimo menor. Unasur le propuso un programa de ajustes en 2016, pero no lo aceptó por su paranoia ideológica de “todos me quieren tumbar, todos son enemigos”, y lo que hizo fue aplicar controles y castigos que nos llevaron a la pavorosa inflación y emigración de venezolanos y venezolanas. El ejecutivo cambió en 2018 pero el precio la sociedad ya lo pagó. Que el diputado Maduro Guerra diga eso es no reconocer que el gobierno que defiende nos empobreció de manera brutal. Pudo evitarlo. Mucho antes de las sanciones. En 2016 por ejemplo, con la propuesta de un ente insospechado para el chavismo: Unasur. 

En el área de Administración pública parece haber un poco de racionalidad o lógica en lo que se plantea como leyes: se proponen reformas a la ley de contrataciones públicas y una de armonización tributaria que pueden tener como racionalidad destrabar y hacer más ágil la administración pública. 

En el área Social se mantiene la lógica de proponer leyes para públicos específicos que refuercen la identidad que el chavismo “es el único movimiento” que se preocupa por los grupos olvidados o con menos atención: trabajadores domésticos, agrícolas, y grupos como mujeres, estudiantes, discapacitados.

Igual con el área de Justicia. La agenda para 2023 sigue la lógica de lo aprobado en 2022. El gobierno quiere comunicar que tiene un sistema de justicia que funciona, por lo que plantea leyes de funcionamiento internas como la del sistema de justicia o la de carrera judicial.

Esta área es relevante. Si bien el gobierno aplicó la represión a manifestantes y es investigado por la CPI, lo aprobado por el parlamento desde 2021 es de peso. Si se cumple, le dará otra dinámica a la justicia del país, menos abusadora y más en el marco de lo que la carta magna establece. Si lo hace porque teme la investigación de la CPI y quiere “lavarse la cara” -expresión que encanta a “los duros” de la oposición- o porque concienció su represión, es otro tema. El hecho es que la AN sancionó leyes importantes en el campo judicial. Es un crédito y reconocimiento al parlamento. Queda que lo aprobado realmente funcione y no se queden en leyes que no cambian nada.  

Si se compara con la agenda propuesta para 2022 que consistió en 23 leyes de las cuales solo se sancionaron 8, en la agenda de 2023 se incluyeron 8 y se excluyeron 7 normas planteadas para 2022.

Las normas incluidas en 2023 de la agenda de 2022 son la de carrera judicial, del sistema judicial, de tutela, de compras públicas, de participación estudiantil, de mujeres, integración de discapacitados, y de patrimonio cultural.

Las normas excluidas en 2023 de la agenda de 2022 son la de la reparación a víctimas, el código de ética del juez, la de ciudades comunales, la del parlamento comunal, la de genocidio, la de hábitat popular, y la de digitalización de la memoria histórica.

En las exclusiones -no se aprobaron en 2022 y no están en la agenda legislativa para 2023- hay casos interesantes.

En el área Justicia no se incluyeron las leyes de reparación a las víctimas, ni la de delitos de genocidios y lesa humanidad. En cambio, para 2023 se incluyó una de la memoria histórica. Caben conjeturas suspicaces. Por ejemplo ¿el gobierno teme que, si aprueba leyes sobre reparación y genocidios, se le aplicarán cuando deje de ser gobierno o le plantearán casos ahora que gobierna, por su represión del pasado (2014 y 2017, principalmente)? Luce que el ejecutivo no quiere desafíos de este tipo y las sacó de la agenda para este año, aunque se debieron sancionar en 2022.

La de memoria histórica ¿quiere el Estado instrumentalizar a su favor su represión al construir un relato de una “represión buena y una mala”? Por ejemplo, como hace con la represión durante la lucha armada durante los gobiernos de AD-Copei que la atribuye a un sistema político –es el mensaje que todos los miércoles da Diosdado Cabello desde su programa- pero la represión durante el chavismo la atribuye a personas “que se salen de la norma” pero no a un sistema autoritario ¿Una ley para hacer propaganda política al manipular la memoria de la violencia del Estado, pero no una ley de memoria histórica que la examine de manera imparcial? En definitiva, una ley para justificar su represión porque “es contra los enemigos de la patria” (una “represión buena”). 

Dos exclusiones parecen apoyar la hipótesis que el gobierno teme que lo comunal puede ser factor que catalice protestas o descontento. Algo como fue la sentencia del TSJ de marzo de 2017 que disparó las protestas de ese año. No se incluyeron en la agenda para este año las leyes de ciudades comunales y del parlamento comunal. Se incluyeron las normas aprobadas durante Chávez, que ya se habían incluido en 2022.

Dos hipótesis para explicar sendas exclusiones: o la AN va a meterlas en leyes que ya existen -por ejemplo, en la del poder popular incluye el tema del parlamento comunal- para que no tengan el potencial de catalizar protestas o ponderó que es mejor reformar las normas durante Chávez antes de crear nuevas que puedan abrirle un flanco político de protestas.

Lo anterior no es menor. Una anécdota. Cuando Maduro se reunió con Fuerza Vecinal en diciembre, el presidente pareció genuino en su sorpresa que Fuerza Vecinal criticara al “poder popular” (Maduro no podía creer que criticaran a lo comunal, es como algo sagrado para el chavismo). A lo mejor allí se dio cuenta que estas leyes realmente causan malestar en el mundo opositor y prefirió reformar lo que ya existe antes de abrir una caja de Pandora con nuevas leyes en este tema. Menos ahora que Venezuela arrancó 2023 con protestas. Es un riesgo que prefiere no correr.  

Si se ve de manera global, la de 2023 no es una agenda legislativa que entusiasme. El área Judicial puede ser la más interesante y necesaria, o algunas del área Social como la propuesta de ley para las personas con TEA, o la propuesta para fomentar exportaciones no tradicionales. Pero en general, es una agenda legislativa “muy chavista”: todo es una visión pequeña, que no sea el ejercicio del poder, donde hay una gran visión (incluso internacional, la línea 6 que anunció Maduro en su mensaje anual desde la AN del día 12-1-23). Es una agenda tipo “un poquito para cada grupo” (escogido para cada año). Tal vez por esto las leyes no dicen nada en la población. Quizás la venezolana y el venezolano no se ven “pequeños” como el gobierno los quiere ver con su paternalista “nuestro pueblo”: una educación y salud básicas, unos bonos, unos juguetes, comida, y zapatos que da el Estado; un pozo de agua, un Metro básico, todo elemental y básico. Es el proyecto de vida del chavismo: nadie se morirá de hambre (en teoría), pero los que progresarán son escogidos, pero no todos. Es lo que comunica su legislación. Para un país básico con una élite del poder arriba y un pueblo abajo, con lo básico para vivir, pero no se le atribuyen mayores capacidades a “nuestro pueblo” que no sea receptor y parte de una estructura política (el “poder popular”).

Si esta hipótesis tiene base y se extrapola a lo macro, puede explicar las limitaciones estructurales del chavismo para un ajuste económico de envergadura. Sencillamente, no puede no porque no pueda sino porque su visión es la de un país pequeño para el pueblo (pero grande para la dirección del gobierno, del partido, y sus élites). Por eso es un ajuste con marchas y contramarchas, como parches o que se hace sobre la coyuntura, más que una visión global. Por tal razón, todas las medidas para buscar eficiencia se agotan en el tiempo.  

Por supuesto, al gobierno le ha ido bien con esta visión de las cosas. Se acerca a un cuarto de siglo en el poder, y ha superado pruebas políticas muy complicadas. Su grandeza está en el poder, en el sentido de alcanzarlo y mantenerlo –su ejercicio autoritario es otra discusión- pero en lo demás es una visión muy básica y eso puede dar cuenta que lo que la AN hace no tiene eco en el pueblo el que quizás quiera una vida con mayores ambiciones y perspectivas, no una vida “de lo poquito que da el Estado” para conformarse.

Al fin y al cabo, esta es la visión de la sociedad que el chavismo tiene: una gran clase media popular-básica con lo suficiente para vivir -proveído mayormente por el Estado en lo estructural- pero no mucho margen para progresar; junto a grupos muy puntuales que pueden ser -y son- del gobierno, de la oposición, y los “ninguno” que son los que están bien, pero los dos últimos sin capacidad política. Llevan unas glamorosas vidas, pero algo intrascendentes como carrera moral y por eso, tal vez, hacen tanto énfasis en su “felicidad” personal en redes sociales. Es una manera “inconsciente” de asumir que tampoco es la vida que quisieran porque no es plena. Solo queda el desahogo en redes sociales, las “burbujas” de la “Venezuela posible”, y compensar con cierto nacionalismo: a Venezuela le “robaron” la corona de Miss Universo 2023; el país al que siempre le “roban” algo, territorio, elecciones, coronas; el “la banca nos engañó” de Lusinchi, el noble país al que siempre “los malos” lo joden.

Para compensar que las leyes no llegan a “nuestro pueblo”, el parlamento retomó lo que llama el “parlamentarismo de calle” con visitas de diputados a sus estados. Esto debería ser lo normal, pero el problema no está allí. El punto está en que la AN no es una AN completa, con vida. No es la de los “debates candentes” de los que Maduro habló cuando el parlamento le notificó el inicio de sesiones el día 9-1-23. Ese es el problema de la AN. No es el “parlamentarismo de calle” sino la ausencia de “debates candentes”. Tampoco el “parlamentarismo de calle” se define. En el programa de VTV “Al Aire” del día 20-1-23, la invitada fue la segunda vicepresidenta de la AN, diputada del PSUV, América Pérez. Los moderadores del programa –los colegas Raal y Yajure- varias veces le preguntaron cuál será la diferencia del “parlamentarismo de calle” de 2023 con respecto a otros años. No hubo una respuesta clara. Solo generalidades de las leyes aprobadas y temas así.  

Es que los sistemas autoritarios producen orden –que no se desdeña- pero no vida. La AN es un parlamento de un sistema autoritario. Si en vez de citar tanto a Andrés Eloy Blanco –aunque son citas yermas- el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, y la directiva permiten “debates candentes” sobre los grandes temas nacionales –como el presidente Maduro dice que le gustaría- tal vez el parlamento y sus leyes sí serían sentidos por “nuestro pueblo” y no la percepción que la AN arribó a su tercer año de vida “sin pena ni gloria”.

La propuesta de ley sobre las ONG puede ser la oportunidad para un “debate candente” que no esté controlado por la bancada del PSUV o la presidencia del parlamento. Parafraseo una muy conocida cita de Kennedy que viene como anillo al dedo para un parlamento que preside un escritor, “Si hubiera más políticos que supieran de poesía, y más poetas que entendieran de política, la Asamblea Nacional sería un lugar un poco major”.