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“Bastaba con el desgaste”: El desinterés del Gobierno en vida de Óscar Pérez

El Cooperante | 24 enero, 2018

Caracas,  24 de enero.- Corría la mañana del pasado lunes, cuando Óscar Pérez, exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), conmocionó las redes sociales al compartir una serie de videos en el que explicaba que cuerpos policiales lo cercaron a él y a sus compañeros en una casa en el sector Araguaney, kilómetro 16 de El Junquito, razón por la que temían por sus vidas.

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Con cada audiovisual, la situación parecía empeorar, y la tonalidad de los mensajes pasó de una calmado “estamos negociando“, a un desesperado “no disparen, nos queremos entregar”. En el que sería su último mensaje público, Pérez se mostró desesperanzado y asustado: “no quieren que nos entreguemos. Literalmente, nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”, y tras más de una hora sin dar fe de vida, las especulaciones sobre su deceso y el de sus aliados, rápidamente creció.





Pasadas las doce horas desde su primer video, el Gobierno confirmó la muerte de dos funcionarios policiales y varios heridos, sin embargo, se omitió la información sobre Pérez y sus compañeros. Tras 24 horas de agonía para los familiares de las 12 personas que se hallaban en la residencia atacada por las fuerzas policiales, finalmente el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó el deceso de el también piloto y buzo profesional, y de seis de sus compañeros: José Alejandro Díaz Pimentel, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, Jairo y Abraham Lugo Ramos, y Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla.


Tanto Reverol como otros voceros del Ejecutivo, han asegurado que el operativo Gedeón, organizado para la captura de Pérez y sus aliados, fue llevado a cabo acorde a las leyes venezolanas y respetando profundamente los derechos humanos de los involucrados. No obstante, el hermetismo respecto al caso, las destrucción de la escena del crimen y los videos de rendición del también masón, dan indicios contrarios a las afirmaciones de estos personeros.

Así lo confirmó a esta redacción Joel García, abogado penalista conocedor del caso, quien acotó que la violación de los derechos inherentes de Pérez y las otras seis víctimas, es evidente. “Ellos se rindieron. Hay evidencia de eso en los videos y en los audios, así que tenían que respetar su derecho a la vida”, refirió el jurista, quien aseveró que las fuerzas policiales demostraron no tener intenciones de capturarlos vivos.

“El Estado contaba con todos los medios para lograr su rendición, y no quisieron hacerlo. Bastaba con jugar al desgaste: cortarles la luz, el servicio de agua, y cercarlos hasta que se entregaran, en caso de que ellos realmente estuvieran negados a ser aprehendidos, pero no fue así”, prueba fehaciente de esto, los audiovisuales compartidos por Pérez durante el operativo.

Para García, el que no se haya permitido la cobertura de los medios, aunque fuesen estatales, y el arsenal de armas utilizado durante lo que el Gobierno ha calificado de “enfrentamiento”, pone en tela de juicio la versión oficial, y da peso a que, quizás, la orden desde el inicio era acabar con las vidas de los involucrados. “Había mil y un formas de demostrar que querían resguardar su integridad, pero no hicieron ni una”, dijo al referirse a las acciones de los funcionarios policiales.

Según el jurista penal, el uso de la fuerza durante el operativo tampoco fue progresiva. Los lanzacohetes y la cantidad de orificios que quedaron en parte de la fachada de la residencia, así lo demuestran. Otra irregularidad que genera dudas sobre el resguardo de los derechos de Pérez y sus alisados, es la destrucción de la escena del crimen.

“Derribaron la casa para destruir toda evidencia. Eso se llama obstrucción a la justicia y es un delito penado”, indicó García, quien aclaró que debido a esto, ante una investigación futura, será imposible recolectar evidencias para el caso, porque no se podrá determinar cuántos disparos se propinaron a la vivienda, ni el calibre de las armas. Lo que demuestra que no es transparente ni justo”.

Medios de comunicación y periodistas revelaron que las paredes del chalet tenían por lo menos más de 120 orificios. En uno de los videos que subió Pérez a su Instragram instantes antes de morir, los huecos que dejaron las armas de guerra utilizados por los funcionarios policiales.

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