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Biden enfrenta obstáculos legales para reabrir la misión de la OLP en Washington

El demócrata espera revertir las acciones tomadas por Trump, quien anuló la política de Estados Unidos en Medio Oriente con una serie de medidas pro-israelíes

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Caracas.- El plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden de trabajar para reabrir la misión diplomática de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington podría retrasarse por una ley que expone a los funcionarios palestinos a demandas antiterroristas estadounidenses.

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Biden espera reparar las relaciones con los palestinos después del fuerte deterioro que sufrió durante la Administración de Donald Trump, quien cerró la oficina de la OLP en Washington en 2018 y recortó millones de dólares en ayuda a Cisjordania y la Franja de Gaza.

Bajo una enmienda antiterrorista aprobada por el Congreso y promulgada por Trump en 2019, los palestinos serían responsables por 655,5 millones de dólares en sanciones financieras contra ellos en los tribunales estadounidenses si abren una oficina en los Estados Unidos, refirió Reuters.

Asimismo, hay preguntas sobre cómo Biden cumplirá su compromiso de reanudar la ayuda económica a los palestinos.

La Ley Taylor Force, aprobada por el Congreso en 2018, restringe parte de la ayuda hasta que los palestinos pongan fin a los pagos a las personas encarceladas por Israel por crímenes violentos, entre otras condiciones.

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En declaraciones al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el martes, el enviado interino de Estados Unidos, Richard Mills dijo que Washington "tenía la intención de tomar medidas para reabrir las misiones diplomáticas que estaban cerradas durante la última Administración estadounidense".

Los obstáculos legales subrayan la variedad de desafíos que Biden puede enfrentar para restablecer los lazos con los palestinos y revertir las acciones tomadas por Trump, quien anuló la política de Estados Unidos en Medio Oriente con una serie de medidas pro-israelíes que incluyen poner fin a la oposición estadounidense a los asentamientos israelíes en Cisjordania .

Los palestinos dicen que sus acciones desacreditaron el papel de Estados Unidos como principal mediador en su conflicto con Israel y redujeron aún más cualquier posibilidad de un acuerdo de paz que contemplara un estado palestino en el territorio ocupado por Israel.

Los líderes palestinos han acogido con satisfacción las promesas de acercamiento de Biden, pero si bien puede revertir algunas medidas a través de órdenes ejecutivas, otras involucran leyes aprobadas por el Congreso y no se cambian tan fácilmente.

Cuando se le pidió un comentario, un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. Dijo a Reuters: "Al administrar la ayuda, la Administración de Biden cumplirá plenamente con la ley estadounidense, incluida la Ley Taylor Force".

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El funcionario no comentó si el Gobierno del demócrata consideraría trabajar en torno a la enmienda antiterrorista para ayudar a reconstruir las relaciones con los palestinos.

HABLA DE UN 'ARREGLO'

Están en curso conversaciones con la Administración de Biden y el Congreso para encontrar una "solución" a la enmienda que permitiría reabrir la misión de la OLP, dijo un asesor legal estadounidense para los palestinos, y agregó que los palestinos "no tienen el dinero para pagar" el reclamaciones financieras en su contra.

Los funcionarios palestinos se negaron a comentar.

Un asesor de Biden dijo a Reuters justo antes de las elecciones del 3 de noviembre que Biden buscaría reabrir la misión de la OLP en Washington, pero agregó: "Hay una ley que podría hacer eso más desafiante".

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La enmienda antiterrorista hace que los palestinos sean responsables de la fuerte sanción financiera que un jurado estadounidense les otorgó si establecen o mantienen instalaciones en los Estados Unidos, realizan actividades en nombre de la OLP o la Autoridad Palestina o hacen pagos a los palestinos. encarcelado por delitos violentos contra estadounidenses, entre otras condiciones.

El premio del jurado proviene de demandas de 11 familias estadounidenses que intentaron responsabilizar a la Autoridad Palestina y a la OLP por tiroteos y atentados con bombas entre 2002 y 2004 en Jerusalén que mataron a 33 personas, incluidos varios estadounidenses.

Los líderes palestinos han condenado los ataques y han culpado de ellos a los delincuentes.

Pero la Corte Suprema de EE. UU. En 2018 se negó a considerar la adjudicación de esas reclamaciones, confirmando una decisión de un tribunal inferior de que no había jurisdicción para ataques fuera del territorio de EE. UU.

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