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Bloomberg: EE. UU. busca mediación de Petro para lograr elecciones justas en Venezuela
Se tiene previsto que González y el vicesecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer, viajen a Colombia este lunes 5 de febrero para reunirse con sus homólogos y Petro, quien aspiran sea el mediador entre el conflicto entre Maduro y Machado
Caracas/Foto: Prensa Presidencial. Estados Unidos está instando a los países vecinos de Venezuela a construir un puente entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación a la candidata María Corina Machado.
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La propuesta fue entregada por dos funcionarios estadounidenses durante una reunión de 20 diplomáticos que tuvo lugar el pasado miércoles en la residencia del embajador colombiano Luis Gilberto Murillo en Washington, revelaron dos fuentes a la agencia de noticias Bloomberg.
Brian Nichols del Departamento de Estado y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, han afirmado que el objetivo de Estados Unidos no es reimponer las sanciones a Venezuela. En cambio, quieren condiciones para lograr una elección justa y competitivas que incluya a Machado.
Pero para esta estrategia se requiere la participación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ha convertido en un aliado de Maduro desde que asumió el cargo en 2022 y reabrió las fronteras con el país vecino.
Se tiene previsto que González y el vicesecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer, viajen a Colombia este lunes 5 de febrero para reunirse con sus homólogos y Petro, quien aspiran sea el mediador entre el conflicto entre Maduro y Machado.
Las fuentes destacaron que una reunión entre Machado y Petro podría ser parte de una estrategia exitosa. Y aunque la opositora tiene prohibido salir de Venezuela, podrían tener encuentros virtuales o, en el mejor de los casos, Petro podría usar su influencia sobre Maduro para permitirle viajar.
Un portavoz del NSC confirmó que González y Nichols participaron en una reunión encabezada por Murillo para “proporcionar la perspectiva de Estados Unidos y reafirmar su compromiso de apoyar el Acuerdo de Barbados”.
Colombia tiene razones para preocuparse por la estabilidad de Venezuela, debido a que se ha convertido en el destino principal para los migrantes, acogiendo a más de 2,5 millones de ellos. Lula da Silva, en Brasil, por su lado, podría encontrar difícil ganar la confianza de la oposición venezolana después de recibir a Maduro el año pasado en Brasilia.
Un funcionario brasileño dijo a Bloomberg que la nación sigue comprometida a apoyar la implementación del Acuerdo de Barbados, alcanzado en octubre del año pasado entre Maduro y la oposición.
A finales del mes de enero, la Sala Político Administrativa del TSJ declaró improcedente y sin lugar la demanda que interpuso Machado el 15 de diciembre de 2023, cuando acudió al máximo tribunal en el marco del mecanismo de revisión de casos acordado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
¿De qué acusan a Machado?
El escrito detalla que Machado permanecerá inhabilitada por un período de 15 años por estar vinculada a una "trama de corrupción orquestada" por el exdiputado Juan Guaidó, quien, según el TSJ, "propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos, dentro de los cuales se destacan la entrega de la empresa Citgo Holding, Inc y Citgo Petroleum Corporation con un valor aproximado de treinta y cuatro mil millones de dólares americanos (US$ 34.000.000.000,00) a la empresa canadiense Crystallex por mil quinientos millones de dólares americanos (US$ 1.500.000.000,00), lo que causó un daño al patrimonio de la nación por treinta y dos mil quinientos millones de dólares americanos (US$ 32.500.000,000,00)".
El TSJ también acusa a Machado de participar en la "entrega de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., la cual fue llevada a la quiebra, el secuestro y robo de las treinta y un (31) toneladas de oro venezolano (…)".
La sentencia también asegura que el presunto bloqueo solicitado por Machado generó “el secuestro de cuatro mil millones de dólares americanos (US$ 4.000.000.000,00) retenidos en el sistema bancario internacional. (…) ha solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana, (…) Genera además la imposibilidad de comprar medicamentos antirretrovirales para garantizar el tratamiento a más de 60 mil pacientes de VIH-SIDÁ, y que contempla las vacunas para niños y adolescentes (…). (…) no ha dejado que unas 300 mil dosis de insulinas lleguen al país (…)".
Además, afirman que la candidata presidencial "incumplió las disposiciones establecidas en el artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva, toda vez que aceptó la acreditación como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) a partir del 20 de marzo de 2014, perdiendo así la investidura de diputada de la Asamblea Nacional".
Finalmente, el TSJ señaló que la solicitud de Machado no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados, por lo que ratificó su inhabilitación para ejercer funciones públicas por 15 años, de acuerdo a la Resolución número 01-00-000285, de fecha 16 de septiembre de 2021, emanada de la Contraloría General de la República, por una investigación iniciada en mayo de 2014 y "donde fueron tomadas medidas cautelares".
En la sentencia tampoco se descartan "las acciones penales y pecuniarias a que pudieran dar lugar" por su implicación en los casos anteriormente expuestos.
La sanción de la Contraloría General se conoció en junio del año pasado luego de que el diputado José Brito solicitara a la institución información sobre el estatus político de la candidata presidencial.
La exdiputada arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre pasado, cuando recibió el 92,35 % de los votos.
El TSJ también ratificó que el dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, continúa inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2032.
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