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Cabello sobre procedimiento para revisar inhabilitaciones: "Sería muy bonito que reconozcan al TSJ”

El dirigente reiteró que el procedimiento establece que los interesados deberán acatar la decisión del TSJ que emane del recurso de amparo

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Diosdado Cabello

Caracas/Foto: PSUV.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello advirtió este miércoles que el procedimiento de revisión de inhabilitaciones de líderes opositores ante el Tribunal Supremo de Justicia “tiene fecha límite”.

Lea también: Cabello asegura que oposición “incumplió” el segundo acuerdo de Barbados

En su programa “Con el Mazo Dando”, el diputado acotó que “sería bonito” que los opositores reconozcan las instituciones judiciales y electorales de la nación. “Les están dando una oportunidad, y cuando tienen una oportunidad de dañarlo, lo dañan, quieren al país en guerra”, manifestó.

“El procedimiento para la revisión de la medida de la inhabilitación, por cierto, ese si tiene fecha, no es un ultimátum como el del 30 de noviembre. 15 de diciembre es que se cumple. Tienen que ir al TSJ a llevarlo”, mencionó.

Reiteró que el procedimiento indica que los interesados deberán acatar la decisión del TSJ que emane del recurso de amparo, respetar la Constitución y leyes del país, así como abstenerse a emitir comentarios ofensivos contra las instituciones del Estado.

Cabello señaló que “los derrotados y odiadores” que les envían mensajes a los militares con un mensaje “prebélico” es porque “sueñan con la guerra” en la nación, lo que consideró un irrespeto a la Constitución de la República.

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“Llaman continuamente a la violencia, no reconocen las instituciones. Bueno, el 15 de diciembre se vence el plazo, sería muy bonito que reconozcan el TSJ y al órgano electoral, Contraloría de la República, después de que han hablado tanto gamelote”, dijo.

Procedimiento

La Embajada de Noruega en México confirmó el 30 de noviembre la recepción de un procedimiento para la “revisión” de las medidas de inhabilitaciones políticas en Venezuela, enviado por el gobierno de Nicolás Maduro.

El facilitador del proceso de diálogo y negociación señaló que el mecanismo promoverá la “autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos”, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para participar en los comicios presidenciales de 2024, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley y en la Constitución.

Se informa que la oposición y el chavismo han convenido el procedimiento con el propósito de procurar la “revisión” de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República, a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones.

El mecanismo sostiene que los interesados deberán acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el “recurso contencioso administrativo” que corresponda contra la medida de inhabilitación; así como la solicitud de un amparo cautelar. El lapso establecido para el proceso será desde el 1 hasta el 15 de diciembre.

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"La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, suscribe el texto.

El procedimiento indica que los interesados deberán acatar, en el marco constitucional, la decisión del TSJ que emane de este recurso.

Acuerdo de Barbados

Este documento complementa las condiciones electorales convenidas en el Acuerdo Parcial de Barbados, en el cual se determinó establecer una “vía” que permita “con celeridad” habilitar a los candidatos presidenciales.

El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática firmaron dos acuerdos parciales sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales en Venezuela, y la protección de los intereses vitales de la nación, el pasado 17 de octubre en Barbados.

Sobre el acuerdo de derechos políticos y garantías electorales, las partes designadas en el proceso suscribieron los siguientes puntos:

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1.- Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos

2.-Las partes promoverán de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral, como órgano constitucional rector de los procesos electorales, un conjunto de garantías para todos los actores para el venidero proceso comicial presidencial

Las garantías electorales, que serán promovidas conjuntamente por las partes, incluyen que la elección presidencial se lleve a cabo en el segundo semestre del 2024, atendiendo al cronograma constitucional; la actualización del Registro Electoral Permanente y jornadas especiales de inscripción en todo el territorio nacional con presencia de testigos de los actores políticos y continuación del proceso de cedulación; el desarrollo de las auditorias de todo el Sistema Nacional Electoral, incluyendo las relacionadas con el Registro Electoral; y la solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral para la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, Unión Africana, Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.

Asimismo, el acuerdo establece la promoción de un discurso público y un clima político favorable para los comicios presidenciales, garantizando un proceso pacífico y participativo, sin interferencias externas. “Las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela”, expone.

Las delegaciones acordaron el reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales.

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Segundo acuerdo

El segundo acuerdo hace referencia a la ratificación de los “derechos históricos y soberanos” de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966, y del patrimonio venezolano a nivel nacional e internacional.

Asimismo, se acordó rechazar las acciones unilaterales de la República Cooperativa de Guyana en contravención del derecho internacional relacionadas con el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación energética en áreas marinas y submarinos pendientes por delimitar entre los dos países, incluso en áreas que son de jurisdicción de Venezuela. También se detalló la defensa de los bienes y propiedades de Citgo Petroleum Corporation con el fin de “preservar” los derechos vitales y el patrimonio de la nación.



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