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Campanadas de autocracia

Jesús M. Casal H. | 6 agosto, 2018

Caracas.– Hace dos años, el 1 de agosto de 2016, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que la Asamblea Nacional y su Junta Directiva se hallaban en desacato, al haber procedido a la reincorporación de los diputados de Amazonas y de la Región Indígena Sur, electos con el apoyo de la MUD en los comicios del 6 de diciembre de 2015. Inmediatamente la Sala Constitucional, ilegítima como aquella por su integración y actuación, reforzó esta declaración de desacato, dirigida a atar de manos al Parlamento venezolano y a soslayar la incómoda situación que la misma Sala Constitucional había creado de ir derribando una a una las leyes u otros actos emanados de la Asamblea Nacional, en una sucesión de sentencias, todas favorables al gobierno, que había activado las alarmas de la comunidad internacional ante lo que era evidentemente un bloqueo político llevado a cabo sistemáticamente desde el írrito TSJ. Sincerando las cosas, para el TSJ y el gobierno era mejor dejar a la Asamblea Nacional definitivamente anclada a la inacción jurídica que verse expuestos a encarar cada propuesta legislativa o acto parlamentario mediante decisiones aparentemente judiciales, pero sustantivamente políticas, que inevitablemente fungían como campanadas de autocracia ante los actores nacionales e internacionales.

Artilugio bien calculado

El supuesto desacato del Parlamento era un artilugio bien calculado y perverso, porque pretendía hacer creer que era la Asamblea Nacional la que se inhabilitaba a sí misma, en una especie de autodisolución de hecho, lo cual era y es completamente falso. La verdad es que desde enero de 2016, con el decreto de estado de excepción y emergencia económica, al cual todavía estamos sometidos en contravención de la Constitución y los tratados de derechos humanos, el Poder Ejecutivo comenzó explícitamente el cerco contra el Parlamento, que había sido urdido ya en diciembre de 2015 mediante la fraudulenta designación de pretendidos Magistrados en el TSJ y la conocida decisión arbitraria de la Sala Electoral relativa a los Diputados de Amazonas y la Región Indígena Sur. Desde abril de 2016 el Ejecutivo Nacional, violando la Ley y la Constitución, dejó de publicar en Gaceta Oficial actos parlamentarios, como medida fáctica, sin justificación atendible alguna, mientras el TSJ y el CNE desconocían al Parlamento y a la voluntad popular, dando demostraciones visibles desde la mayor distancia de su sujeción a los intereses gubernamentales. Desde agosto de 2016, sin emitir ningún acto formal, el Ejecutivo dejó de autorizar el pago de los salarios de los diputados y diputadas, vulnerando la autonomía constitucional, presupuestaria y administrativa del Parlamento. Los empleados y obreros de la institución también han sido afectados por este desafuero ejecutivo, pues, aunque perciben sus modestos salarios, han sido perjudicados por la imposibilidad de disfrutar de una póliza de HCM mínimamente aceptable y de beneficios contemplados en la convención colectiva. Las instalaciones y servicios que normalmente estaban a su disposición han sufrido igualmente las consecuencias del bloqueo funcional y administrativo-presupuestario que ha implicado el desacato impuesto por el TSJ.





La declaratoria de desacato dictada por el TSJ contra la Asamblea Nacional es una figura que no solo no existe en nuestro ordenamiento jurídico, sino que no se conoce ni podría existir en ningún Estado de Derecho. Es una manifestación estridente y aberrante del proceso dictatorial en desarrollo, ya que la respuesta ante un supuesto incumplimiento a una sentencia por el órgano parlamentario no puede ser el quiebre de la institucionalidad democrática, al invalidar por anticipado toda la actividad de la instancia representativa por excelencia del pueblo en su diversidad política. Lo que ocurre es que el desacato fue construido alevosamente por el régimen para luego invocarlo como excusa para demoler a la Asamblea Nacional.

Legitimidad democrática intacta


La Asamblea Nacional ha resistido y enfrentado valerosamente la embestida autoritaria del gobierno y del TSJ. Impulsó desde mayo de 2016 la actuación de la OEA y otras organizaciones internacionales en la crisis venezolana y en el 2017 se hizo presente en muchos otros espacios internacionales, contribuyendo decisivamente a la formación de una opinión pública consciente de la naturaleza de lo que ocurre en Venezuela. Ha continuado con esas y otras iniciativas en el 2018, y en todo momento ha acompañado a la ciudadanía en sus preocupaciones y luchas. Ha sido ultrajada impunemente, es verdad, como la Constitución misma, pero su legitimidad democrática sigue intacta e indiscutida, y desde allí ha observado el hundimiento en el fango del despotismo de quienes le han adversado inconstitucionalmente.

Texto inicialmente publicado en El Universal 

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