Casa Blanca ratifica a Venezuela como amenaza: extiende decreto de emergencia

Caracas/Foto: archivo.- En un mensaje al Congreso, la Casa Blanca anunció este martes la extensión del decreto de emergencia nacional, declarada en la Orden Ejecutiva 13692, contra Venezuela, por considerarla una amenaza.

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En su página web, el Gobierno de Joe Biden informó acerca de la notificación al Registro Federal sobre la continuación de la orden, emitida el 8 de marzo de 2015, en donde se establece a la nación sudamericana como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.

“De conformidad con esta disposición, he enviado al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto indicando que la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, con respecto a la situación en Venezuela, continuará vigente más allá del 8 de marzo de 2024”, suscribe el texto.

La administración estadounidense plantea que Venezuela continúa considerándose una amenaza para Estados unidos, de acuerdo a lo establecido en la sección 202 b de la Ley de Emergencias Nacionales. Este mismo recurso establece la terminación automática de una emergencia nacional a menos que el presidente publique un aviso en el que se indique la continuación. 

¿De qué trata la Orden Ejecutiva? 

De acuerdo a lo señalado por la Embajada estadounidense para Venezuela, la Orden Ejecutiva 13692 trata sobre el bloqueo de bienes y la suspensión del ingreso de determinadas personas que contribuyen a la situación en Venezuela.

La misma sirvió de base para medidas gubernamentales posteriores que detallan la “persistente usurpación del poder por Nicolás Maduro y personas asociadas con él, así como violaciones de los derechos humanos, que incluyen la aprehensión y detención arbitraria e ilegal de ciudadanos venezolanos, interferencia en la libertad de expresión, incluso contra miembros de los medios de comunicación”.

Decreto de la Casa Blanca

En su momento, el Gobierno venezolano denominó la orden como “El Decreto Obama”, y la calificó como el inicio de la política de sanciones contra Venezuela, cuyo “objetivo” era limitar, obstaculizar e imposibilitar al país en el comercio internacional.

El decreto presidencial se estructuró en 13 puntos, los cuales avalaban las sanciones contra las instituciones del Gobierno y personalidades públicas, mencionaba artículos sobre las condiciones de ayuda humanitaria, enmarcaba el alcance de las medidas del Departamento del Tesoro y determinaba los criterios por los que se incluían a las sanciones.

Desde su aplicación, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado la “ilegalidad” de las medidas coercitivas y su afectación dentro de la economía y producción de diferentes sectores del país.