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CDJ contabilizó 214 nuevos hechos que afectan a los defensores de los DD. HH.

La oenegé dijo que del total de los ataques documentados 151 estuvieron dirigidos contra las organizaciones de DD. HH. (71%)

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Caracas.- El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) concluyó en su más reciente informe sobre Venezuela que en el primer semestre de este año hubo 214 nuevos hechos que comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, lo que representa una disminución de 43% en relación al mismo período en el año 2021 cuando se registraron 374 situaciones.

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La organización además destacó en un informe extenso que se registró también un aumento en los actos de intimidación, hostigamiento, amenazas, así como otros incidentes, los cuales afectan el ejercicio libre y seguro de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.

Según la ONG, no se han tomado acciones o correctivos ante las restricciones a las libertades fundamentales, por el contrario, se han perfeccionado los mecanismos de control.

La CDJ mencionó como ejemplo el caso de intimidación, hostigamiento y actos de estigmatización en perjuicio de la organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y las campañas sistemáticas de estigmatización en contra del defensor y periodista Luis Carlos Díaz.

"Los programas de televisión Con el Mazo Dando, la Hojilla y Zurda Kondukta, medios digitales como Misión Verdad, Correo de Orinoco, Aporrea y Venezuela News fueron los principales espacios que sirvieron de plataforma para las campañas de estigmatización y los llamados a violencia durante el semestre".

Captura de pantalla EC

Por otra parte, la oenegé aseguró que el Estado debe avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de la comunidad internacional y adoptar todas las medidas necesarias para avanzar en la construcción de entornos propicios y seguros, que permitan ejercer el derecho a defender derechos humanos sin que haya temor a ser víctima de agresiones o represalias.

Asimismo, subrayó que la Política de Criminalización debe cesar de forma inmediata. Los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión y amenazas deben investigarse; las leyes, mecanismos e instrumentos contrarios a la defensa y exigencia de derechos deben ser derogados y la institucionalidad y el Estado de Derecho deben ser restablecidos.

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