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CDJ: En el primer semestre de 2021 hubo casi 400 ataques a defensores de DD. HH.

Los datos presentados dicen que 35% de los ataques fueron ejecutados desde los medios de comunicación del Estado; un 34% por parte de funcionarios públicos y 10% desde organismos de seguridad

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Caracas. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) presentó este martes un informe en el que documentó 374 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2021, que comprometen y afectan el derecho a defender derechos humanos, lo que representa un incremento de 243% en comparación con el mismo período de 2020.

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Según el documento, las agresiones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y humanitarias se han profundizado en el país en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático.

La oenegé dijo también que el Estado venezolano continúa ejerciendo acciones contrarias a sus obligaciones internacionales y agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

"Se acentuaron las medidas fácticas y legales para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, aumentando los niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país".

Los 374 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados en los siguientes patrones de agresión:

Además observan un aumento en las medidas destinadas a limitar y obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de la acción humanitaria, mediante la creación y posible imposición de nuevos requisitos para que la sociedad civil pueda operar plenamente en el marco de nuevos controles administrativos impuestos de forma discrecional por el Estado.

El documento advierte que la creación de nuevos mecanismos como el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo y del Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales no Domiciliadas en el país (REGONG), forman parte de los instrumentos normativos establecidos desde 2002 para imponer mayores limitaciones al espació cívico y democrático.

Agresiones a oenegés

Entre las agresiones más recientes del Estado hacia oenegés venezolanas, destaca el caso de Azul Positivo, dedicada a ofrecer información y acompañamiento a los pacientes de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

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El pasado 12 de enero de 2021, en Maracaibo, estado Zulia, cinco representantes de la organización fueron detenidos por una comisión de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes allanaron las oficinas e interrogaron a los activistas.

Un día después fue liberado Miguel Guerra, quien labora como chofer en la ONG, pero otros miembros fueron procesados ante la jurisdicción militar.

Por su parte, Fundaredes, que tiene como objetivo la creación de redes de activistas que impulsan la cultura preventiva, la participación ciudadana, la promoción y defensa de los derechos humanos también fue objeto de ataques.

El 2 de julio de 2021 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron a Javier Tarazona en el estado Falcón junto con Rafael Tarazona y Omar García, activistas de la oenegé, además de Yhonny Romero, director de Mayday Confavid (Comité Nacional de Familias Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela).

Tarazona había acudido al Ministerio Público para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución en Falcón por efectivos policiales estatales, del Sebin e individuos no identificados.

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