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CIDH dictó medida de protección a paciente con hemofilia por desidia del IVSS

El Cooperante | 4 octubre, 2017

Caracas, 4 de octubre.– Johonnys Hernández tiene hemofilia desde los 6 meses de edad. Esta disposición genética hace que su organismo no produzca el factor VIII que permite que la sangre pueda coagular.

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El tratamiento por su condición lo privaron de las actividades comunes a sus amigos. “No fui a la escuela, ni al liceo, nunca pude jugar beisbol, ni aprender natación”, expresó al diario El Nacional.





En 2003 su estado empeoró con el diagnóstico de hemofilia severa; los hemoderivados que se le administraban fueron cambiados por un tratamiento de 24 unidades de concentrado de factor VIII, el componente sanguíneo del que carece, uno para cada hora del día, tratamiento al que pudo acceder en 2009 en el Hospital Raúl Leoni de Guaiparo, en el estado Bolívar, de donde es oriundo y en el que reposa todo su historial médico.

En 2013 el IVSS asumió todo el tratamiento preventivo para pacientes hemofílicos. Su calidad de vida mejoró. Sin embargo, desde 2015 el Seguro Social solo asume los casos de forma eventual. Hoy está al borde de la muerte.

En mayo pasado Hernández, con el respaldo y acompañamiento de las ONG Acción Solidaria, Provea, Cepaz y la Asociación Venezolana para la Hemofilia, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en restitución de su derecho a la salud. El pasado 19 de septiembre la CIDH falló a su favor y dio un plazo de 15 días para que el gobierno venezolano avance en la implementación de medidas que favorezcan el restablecimiento pleno de su salud.





Actualmente 272 personas están en la misma situación de Hernández, por lo que la medida lograda en la CIDH abre paso a que todos los afectados de forma individual o colectiva puedan solicitar un amparo similar, expresó la abogada Antonia Luque.

Según Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria y Civilis Derechos Humanos, la medida cautelar es un hito en la historia de Venezuela, pues es la primera que se otorga a un ciudadano no privado de libertad, ya que forma parte del expediente que permitirá sentar los precedentes necesarios en una posible acción de ayuda internacional para contrarrestar la crisis de salud que atraviesa el país.

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