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CIDH otorga medidas cautelares a favor del defensor de DD. HH. Carlos Correa

Correa fue detenido el 7 de enero por autoridades de seguridad del Estado, mientras se desplazaba en su vehículo hacía su domicilio

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Caracas/Foto: @espaciopublico.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este viernes medidas cautelares a favor del defensor de derechos humanos y periodista, Carlos Correa, director de Espacio Público.

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En un comunicado, la comisión considera que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” debido a que sus derechos a la vida e integridad personal “enfrentan un riesgo de daño irreparable” en Venezuela.

Agentes de seguridad del Estado detuvieron a Correa el 7 de enero mientras se desplazaba en su vehículo hacía su domicilio. Actualmente, su paradero es desconocido.

“Bajo esas circunstancias, la Comisión consideró que Carlos José Correa Barros se encuentra en una situación de gravedad y urgencia al desconocerse a la fecha su paradero, condiciones de detención y estado de salud, luego de su detención el 7 de enero de 2025. Altas autoridades del Estado estarían haciendo declaraciones estigmatizantes en su contra, sin informar sobre su situación o paradero”, expone.

La CIDH reportó que las autoridades “han creado obstáculos” para recibir el recurso de habeas corpus a su favor, el cual se introdujo el 8 de enero en el Ministerio Público. 

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Exhortaciones de la CIDH

Ante esto, llamó al Estado a adoptar medidas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Correa Barros, además de informar de manera oficial si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención.

Asimismo, pidió implementar las medidas necesarias para que pueda desarrollar sus “actividades de defensa” de derechos humanos sin ser objeto de “amenazas, declaraciones estigmatizantes y descalificadoras, hostigamientos o actos de violencia”. 

Por último, exhortó a garantizar el contacto “regular” y el acceso con sus familiares, sus abogados y representantes, para que conozcan la situación jurídica y el proceso penal en el que estaría involucrado, y la realización “inmediata” de una valoración médica sobre su situación de salud.





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