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CIDH recomendó prestar asistencia humanitaria y migratoria a venezolanos en países de América

El Cooperante | 14 marzo, 2018

Caracas, 14 de marzo.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/18, sobre migración forzada de ciudadanos venezolanos hacia otros países de la región.

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Durante el periodo de sesiones celebrado en Bogotá, la Comisión destacó lo que consideró “el profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos que afecta a la población” en Venezuela. Respecto a la migración forzada, el 31 de enero de 2018 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), contabilizó 133,574 solicitudes de asilo de personas venezolanas, al tiempo que se registraban 350,861 que optaron por otras alternativas migratorias para su regularización.





Esta migración forzada plantea que las naciones involucradas otorguen protección internacional quienes lo requieran, así como protegerlas de la discriminación y xenofobia, discursos de odio, el riesgo de apátrida, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y el descubrimiento de fosas clandestinas.

En este sentido, la Resolución que se publicó este miércoles, “busca brindar orientaciones a los Estados de la región sobre las medidas a adoptar para responder a la situación, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional de refugiados”.


La Comisionada Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH destacó que históricamente, “el Estado y el pueblo venezolano han sido de los más hospitalarios al brindar protección y acogida a cientos de miles de personas que lo necesitan. Ha llegado el momento para los países de las Américas de retribuir la solidaridad y apoyar a las personas venezolanas”. 

Por su parte, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrante, señaló: “Es fundamental priorizar la protección de la persona con un enfoque de derechos humanos, evitando criminalizar y restringir la migración y la protección de quienes lo necesitan”.

Finalmente, la resolución insta a los Estados de la región a implementar políticas públicas, leyes y prácticas dirigidas a abordar la situación de la migración y necesidades de protección internacional de personas venezolanas, “para el ejercicio del derecho de buscar y recibir asilo, así como para prestar y facilitar asistencia humanitaria y medidas de integración y resiliencia de personas venezolanas”.

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