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Cierran locales en Charallave tras negativa de comerciantes a pagar tributos anclados al petro

Danny Leguízamo | 27 febrero, 2020

Caracas.- Tras desobedecer ordenanzas municipales que obligaban a comerciantes a cancelar tributos usando como referencia el petro, la Superintendencia de Administración Tributaria del municipio Cristóbal Rojas ordenó el cierre este miércoles de al menos ocho locales. Los dueños de los negocios protestaron enérgicamente la medida y trancaron la vía pública.

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Al menos ocho locales comerciales fueron objeto este jueves de medidas de cierre por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria del municipio Cristóbal Rojas, en el estado Miranda. Los dueños de los negocios se negaron a cancelar tributos de enero anclados al petro, y otros no estaban inscritos en el Registro Único Tributario (RUT).





Tras la medida, un nutrido grupo de comerciantes decidió trancar este jueves el casco central de Charallave, como medida ante el cierre y el compendio de ordenanzas que, dicen, consideran injusto e ilegal, constató el equipo de El Cooperante.

La Comisión de Comerciantes Unidos de Charallave ha denunciado desde el pasado 10 de enero la implementación de un compendio de ordenanzas municipales que afecta directamente al comercio local, debido a los altos precios que deberán cancelar los dueños de los negocios ante las alcaldías correspondientes, tomando en cuenta el anclaje de la Unidad Tributaria a la criptomoneda venezolana, el petro.

En una entrevista concedida a El Cooperante, el abogado José Cruz, explicó que el compendio de ordenanzas citado en Gaceta Oficial del municipio Cristóbal Rojas de Charallave, con fecha del 10 de diciembre de 2019, “viola el principio constitucional de la participación ciudadana y la consulta pública”, ya que, a su juicio, fue ejecutado de forma inconsulta.





“El 10 de diciembre se aprobó un compendio de seis ordenanzas; entre ellas, la más emblemática: la reforma parcial a la ordenanza de actividades comerciales. La ordenanza del impuesto al catastro urbano. La creación de criptoactivos (Petro) para anclarlo en la unidad tributaria municipal, y además se modificó la ordenanza de tasas y demás gastos de la alcaldía. Este compendió se hizo a espaldas del pueblo, violando el principio constitucional de la participación ciudadana y consulta pública“, argumentó.

Para Cruz, el hecho de que el ejecutivo municipal haya omitido la opinión de los comerciantes “tacha de plano este conjunto de ordenanzas con la nulidad absoluta“; sin embargo, continúa siendo un mandato que -incluso- días más tarde, el régimen de Nicolás Maduro oficializó con el decreto que impone el uso del Petro en transacciones de organismos públicos.

“Un decreto no pasa por encima de la Constitución. El alcalde tuvo que haber consultado a todos los miembros de la asociación y al público general porque es un principio constitucional. Ellos tenían que haber otorgado un proyecto de ese compendio para que los interesados, o los actores, formaran parte de esa discusión, pero lo hicieron totalmente a oscuras”, apuntó.