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Citgo rechaza informe de la AN: "Las acusaciones carecen de fundamento"
Las empresas destacan que Citgo ha priorizado la "transparencia y la gobernanza, implementando auditorías internas y externas y reforzando su Código de Conducta"
Caracas / Foto: Archivo.- Las juntas directivas de PDV Holding, Citgo y Petroleum Corporation rechazaron este viernes las acusaciones de "robo" formuladas en un informe reciente por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela.
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En un comunicado, expresaron que el informe sugiere que existió un "robo orquestado, involucrando a la Asamblea Nacional de 2015, la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), las dirigencias de Citgo y el Gobierno de Estados Unidos".
"El expediente demuestra que las acusaciones de robo por parte de la alta dirección de Citgo carecen de fundamento", añadieron.
Desde su nombramiento en 2019, las actuales juntas afirman que "han trabajado para estabilizar y restaurar la compañía, que enfrentaba una grave crisis financiera y operativa debido a la mala gestión previa durante los gobiernos de Chávez y Maduro".
"Esto ha dado como resultado un sólido desempeño financiero y un sólido balance general, con efectivo disponible que supera la deuda", enfatizaron.
Destacan que Citgo ha priorizado la "transparencia y la gobernanza, implementando auditorías internas y externas y reforzando su Código de Conducta". Asimismo, manifiestan que su gestión ha logrado "mejorar la situación financiera de la compañía, con activos suficientes para cubrir su deuda".
El comunicado también señala que las acusaciones de "mal manejo" de la Fundación Simón Bolívar, creada por Citgo para ayudar a los afectados por la crisis humanitaria en Venezuela, también son "infundadas". "La Fundación opera con total transparencia, presentando informes anuales accesibles públicamente ", sostuvieron.
Finalmente, Citgo reafirmó su compromiso de "seguir operando bajo altos estándares éticos y continuará defendiendo su integridad frente a estas acusaciones".
Las acusaciones
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, presentó el pasado 22 de octubre, el informe final de la comisión especial que investiga a la dirigencia opositora a la que señalan de participar en el “despojo y robo” de la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, por medio del Parlamento de 2015.
Infante pidió "cárcel" para todos los dirigentes opositores involucrados "en el robo de Citgo". "Esa empresa y el petróleo venezolano es apetecido por el imperialismo norteamericano que siempre ha pretendido robárselo, que se lo robó en los gobiernos de la cuarta República y que con (Hugo) Chávez no pudieron hacerlo más", expuso.
Indicó que la "planificación del robo" de Citgo inició en el año 2018 durante el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y acusó a José Ignacio Hernández, quien fuera el procurador especial del Gobierno Interino de Juan Guaidó, de ser el "autor intelectual" de dicha trama.
"En 2018, sobre todo en el mes de mayo, Estados Unidos presionaba para intentar hacer capitular a Nicolás Maduro, que era candidato, y que además resultó electo (como presidente) en ese mismo mes", agregó.
Según Infante, en 2018 se inició el "proceso jurídico y el diseño de la estrategia" por parte de los dirigentes involucrados, mientras que en el 2019 se "organizaron los pasos siguientes para el robo" de la empresa.
Entre los "autores materiales", mencionados por el diputado oficialista, se encuentran partidos y movimientos políticos como Acción Democrática (AD), Voluntad Popular, Vente Venezuela, Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), por mencionar algunos.
Además, Infante vinculó a dicho caso a los dirigentes Henry Ramos Allup, María Corina Machado, Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales, Juan Pablo Guanipa, Dinorah Figuera, Carlos Vecchio e Iván Simonovis.
"En el debate de la presentación del informe también incluimos a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que también participó en toda la trama para robarse Citgo", dijo.
También indicó que los dirigentes por medio de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, que apoya iniciativas benéficas, destinaron recursos a partidos políticos y a organizaciones no gubernamentales.
351 personas vinculadas
El parlamentario detalló que el informe incluye la información de 351 personas, presuntamente vinculadas al caso, entre ellas 94 diputados de la Asamblea Nacional (2016-2021), 108 "pseudo funcionarios que participaron en las instituciones paralelas y juntas ad hoc nombras" y 149 personas pertenecientes a ONG, quienes se encuentran tanto en el extranjero como dentro del país.
Entre los dirigentes opositores que se incluyen en dicho informe se encuentran Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin, José Simón Calzadilla Peraza, Freddy Francisco Superlano, Américo Giuseppe De Grazia, Carlos Eduardo Berrizbeita Giliberti, Jorge Alberto Villar Torrealba, Henry Ramos Allup, Eustoquio Contreras, Luis Germán Florido Barreto, Alfonso José Marquina Díaz, Williams Dávila Barrios, Delsa Solórzano, Miguel Pizarro, Biagio Pilieri, Omar Barboza, Elías Mata, etc.
Resaltó que algunos delitos cometidos son forjamiento por falsedad por acto público, delincuencia organizada, asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, apropiación indebida de los bienes de la República y traición a la patria.
"Estos partidos políticos deben ser considerados bandas criminales (…) Ustedes no son partidos políticos, ustedes son grupos estructurados de delincuencia organizada, ustedes solo están haciendo esto para robar los recursos de la patria", aseveró.
La comisión recomendó remitir el informe al Ministerio Público para que inicie una investigación para determinar las responsabilidades penales a nivel individual de los dirigentes, partidos políticos y ONG, al igual que al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
También aconsejó que la Procuraduría General de la República efectúe solicitud de medida cautelar innominada por daños y perjuicios ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los fines de pedir la prohibición de enajenar y gravar de los bienes que existen en Venezuela, así como el congelamiento de cuentas bancarias.
De igual manera, la comisión insta a la Fiscalía a solicitar ante los tribunales penales las órdenes de aprehensión y se emitan las alertas rojas de Interpol correspondiente.
Finalmente, solicitará a la Contraloría General la inhabilitación política para el ejercicio de cargos públicos de aquellos funcionarios que integraron el Gobierno Interino de Juan Guaidó.
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