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Corrupción en salud: robo hasta en los guantes quirúrgicos

Sobreprecio en las compras del material necesario, bandidos en el ministerio como la corrupta Almiranta Eugenia Sader, son los responsables de la pérdida de vidas de cientos de venezolanos, la ruina de los hospitales y el deterioro en los salarios del personal de salud. Todo eso se discutió con la Corte Internacional de Derechos Humanos donde se concluyó que la corrupción se traduce en muerte

Caracas.- Daba vergüenza escuchar a los distintos comisionados  del Consejo Interamericano de Derechos Humanos de la OEA referirse a la situación de la salud en Venezuela en la Audiencia que concedió a  a una coalición de expertos y organizaciones venezolanas e internacionales para abordar por qué la corrupción en el sector de salud públicaconstituye la mayor amenaza al derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos venezolanos, particularmente en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Allí algunos narraron las dolorosas anécdotas vividas  cuando visitaron a los refugiados en la frontera colombiana porque el gobierno de Nicolás Maduro no les permitió  la entrada al país:» El derecho a la salud es un derecho a la vida. La Comisión Interamericana se creó porque los estados acordaron tener una comisión que defienda el derecho a la vida y no depende del reconocimiento de ningún tratado», alertó la Comisionada Julissa Mantilla, Relatora de Movilidad Humana y quien narró algo de su triste experiencia en la frontera:

«Conocí a una jovencita de 16 años que me dijo Yo siento que la vida se me pasa, una pequeña que  sufría de  lupus y se contagió de Hepatitis en un hospital venezolano».

La relatora dijo que no los dejaron  entrar a Venezuela pero  pudieron ver a los miles de venezolanos que llegaban a diario buscando trabajo y comida.

«En esa visita al Puente Simón Bolívar, miles venezolanos  cruzaron el puente solo para hablar con nosotros.  Niños de dos años con necesidad de diálisis o  contagiados de hepatitis C porque se contagian en los hospitales. Nos contaron que las madres tienen que llevar la comida para las enfermeras y el sueldo mensual de un médico es dos dólares».

Uno a uno, los relatores de la CIDH tomaron la palabra para advertir sobre la gravísima situación que se vive en Venezuela y básicamente cómo la corrupción de la  cleptocracia gobernante se ha extendido al sector salud generando la dramática realidad actual que ha dejado a los ciudadanos indefensos sin acceso a las medicinas, hospitales destruidos y un sector de salud abandonado a su suerte, donde más de 30% ha fallecido por la pandemia debido a la escasez de los implementos necesarios para su seguridad, tales como guantes, mascarillas o servicio de agua en algunos hospitales, donde la mayoría carece de jabón y cloro, por mencionar una barbaridad.»El colapso  del sistema de salud en Venezuela  nos pone frente a  una realidad muy dura, que causa indignación porque nos permite ver cómo la corrupción generada por esa cleptocracia se traduce en la muerte de personas… Muchos de esos recursos no se traducen en medicinas o tratamientos, sino que se desvian en la corrupción. Esos ingresos son utilizados como alcancía personal de los funcionarios».
dijo el relator mexicano Edgar Stuardo Ralón. 

Robo hasta en los guantes quirúrgicos


Para el año 2015  el sector Salud fue uno de los más afectados en el presupuesto general del gobierno cuando se rebajó a solo  1,9% el gasto total en ese sector,  según cifras de la Organización Mundial de la Salud  (OMS). Dinero que igualmente fue víctima de la rapiña entre los corruptos, tal como lo demuestra  una  excelente investigación llevada a cabo por el portal www.Saludconlupa.com

Entre 2016 y 2018, la venezolana Corpovex  desembolsó 20 veces más que las instituciones públicas de El Salvador, Colombia, Perú y Guatemala por los mismos productos, entre los que se incluyen mascarillas de oxígeno, catéteres, sondas de Foley…un esquema de compras con sobreprecio que involucra a cuatro empresas extranjeras intermediarias que vendieron a Corpovex, vía El Salvador, al menos 11,3 millones de dólares entre 2016 y 2018″, señala la investigación firmada por Moises Alvarado y Patricia Marcano.  Y descubren alli un negocio muy raro cuando Corpovex adquirió 17 mil pares de guantes fabricados en Malasia, al precio de  2,60 dólares cada par,  cuando el precio real era de  25 centavos de dólar.

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Es decir, Venezuela pagó 30% más, dinero que se quedó en el bolsillo de algún funcionario. «Lo sospechoso aquí es que, en este negocio, la entidad venezolana se inclinó por hacer el trato con un pequeño intermediario, que no era ni siquiera salvadoreño, sino de Puerto Rico: esos 17 mil pares de guantes tuvieron que cruzar al menos tres fronteras (Malasia, Puerto Rico, El Salvador) antes de llegar a su destino en Venezuela. Algo que explica en parte su sobrecosto», escribe Alvarado.

Una sencilla operación matemática, totalizaría en tres millones de dólares de sobreprecio en este caso.  Y para explicar cómo este negocio afectó la salud del personal médico, basta con calcular que por el precio de cada par de guantes sobre pagados en 2,60 dólares, se pudieron comprar siete pares a su precio real de 25 centavos. Una revisión superficial a  la famosa lista de Cadivi y Cencoex permite  descubrir cuántos millones de dólares  se entregaron a algunas empresas del sector salud en aquella danza de divisas donde la sospecha siempre está presente la sospecha.

Por ejemplo,  la empresa  Distribuidora Micromed C.A  recibió 10 millones de dólares de Cadivi. Pero en el Registro Nacional de Contrataciones consta que  a una empresa llamada Micron y que posee 17% de acciones  en Micromed, le fueron otorgados  otros 8 millones de dolares. ¿Es esto ilegal, irregular? 

En esa área hay mucho que hurgar, empresas  a las cuales se les otorgaron montos menores- de 1 o 2 millones de dólares-, pero cuya búsqueda sobre su historia o socios, resultó infructuosa, oculta entre la maraña de redes donde se confunde gente honesta con bandidos, que en el caso del chavismo  ascendió hasta las alturas  del Ministerio de Salud como lo demostró el caso de la almirante Eugenia Sader y su hijo, dos corresponsables de la ruina en que se encuentran algunos hospitales en el país y cuyo pasó por el cargo los dejó a ambos con tanta dinero, que primero se fugaron a Francia y  ahora viven retirados en una mansión en República Dominicana.

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